ARTE & ESPECTÁCULOS
JUDICIALES
Suppo: Los fiscales aconsejan hacer el juicio
Los representantes del Ministerio Público en el Tribunal Oral no coincidieron con el pedido de los abogados de los hijos de la mujer asesinada en abril del año pasado.
04.06.2011 | 16:00 hs.
· Autor: Héctor M. Galiano (hgaliano@notife.com)
· Fuente: Notife
El Fiscal General ante el Tribunal Oral Federal (TOF), Martín Suárez Faisal y el responsable de la Unidad de Derechos Humanos, el fiscal Patricio Longo, firmaron este miércoles un dictamen en el que opinan que la causa por el crimen de la ex presa política debe debatirse oral y públicamente en la jurisdicción federal, respondiendo así al planteo de nulidad que presentaron los abogados de los hijos de la mujer asesinada el año pasado en la ciudad de Rafaela por dos jóvenes que la ultimaron a puñaladas para garantizar la impunidad de un robo. Los que deben resolver este planteo son los jueces del Tribunal Oral, que pidieron opinión a la partes antes de expedirse y fueron los fiscales los primeros en adelantar su criterio.
Los abogados de los hijos de Suppo, constituidos como querellantes en la causa, plantearon la semana pasada la nulidad de la elevación a juicio del expediente porque, entre otros argumentos, sólo se proponía juzgar a los autores materiales sin profundizar la pista del crimen por encargo y, al mismo tiempo, cuestionaban que un delito ordinario se juzgue en la esfera federal. El escrito firmado por los abogados Lucila Puyol y Guillermo Munné destaca que : “no es posible que si la Corte ordenó profundizar la pesquisa sobre los responsables del homicidio de Silvia, el primer acto de la justicia federal sea no continuar la investigación respecto de los únicos dos procesados y detenidos en la causa. Esta contradicción con lo dispuesto por la Corte constituye una causal de nulidad absoluta y un agravio que justifica el recurso extraordinario ante el mismo tribunal supremo”. Hace 15 días el TOF recibió el expediente proveniente del juzgado de Reinaldo Rodríguez para que sea debatido oralmente en debate público. Tras conocerse la novedad, los abogados plantearon las impugnaciones ante el TOF.
El miércoles pasado, los fiscales federales Martín Suárez Faisal y Patricio Longo contestaron el planteo de nulidad presentado por los hijos de la víctima, quien fuera asesinada por dos cuidacoches en Rafaela, el 29 de marzo del año pasado. Los representantes del Ministerio Público reseñaron pasos anteriores en donde ya se había debatido la jurisdicción y la competencia del expediente. Por ejemplo, el 17 de diciembre del año pasado, el fiscal de primera instancia Marcelo Del Teglia aconsejó desdoblar la causa, dejando el trámite y juzgamiento de la autoría material en Rafaela y extrayendo copias para bajarle la lupa a la posibilidad que hayan intervenido otros actores interesados en interrumpir procesos judiciales abiertos vinculados ala represión ilegal. El juez Rodríguez rechazó algunos días después y en forma categórica esa posibilidad. Y así el expediente, que no podía volver al juez original, fue girado a la Corte de la Nación.
Suárez Faisal y Longo también recordaron en su dictamen que el 21 de febrero pasado, el Procurador Fiscal de la Corte Luis González Warcalde aconsejó que la causa vuelva al magistrado original, es decir al juez de instrucción rafaelino Alejandro Mognaschi.
El funcionario de la Nación, cuyo jefe máximo es el Procurador Esteban Righi opinó hace tres meses que “no se puede admitir, como sostuvo la Cámara de Apelaciones de Rafaela que lo acontecido con Silvia Suppo haya obedecido al propósito de otorgar impunidad a personas imputadas por graves violaciones de los derechos humanos, es suficiente para suscitar la intervención del fuero de excepción, pues, si así fuere, la jurisdicción federal dejaría de ser excepcional para todas las causas iniciadas por hechos delictivos que afectaren la vida, la libertad o cualquier otro derecho fundamental de los testigos en causas, en cuanto nunca podría descartarse apriorísticamente la posibilidad de que se tratase de acciones dirigidas a eliminarlos o intimidarlos para que no hablen”.
A pesar del consejo del Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia de la Nación –con gran sentido de la oportunidad- informó mediante una minuta de prensa que había resuelto que todo el expediente se tramite en la justicia federal. Es por eso que, en la opinión del Fiscal General ante el TOF, Martín Suárez, y el responsable de la Unidad de Derechos Humanos, el fiscal Patricio Longo, a la que Notife tuvo acceso, se afirmó que. “Si el Alto Tribunal ordenó que conozca en estas actuaciones la justicia federal, mal podría dicha intervención generar nulidad de los actos judiciales celebrados en esta sede”.
Pese a todo, hacer el juicio
Los fiscales apuntaron también que, si bien es cierto que el juez Rodríguez no ordenó la renovación de los actos que pudiesen ser repetidos, no profundizó la línea del testigo de identidad reservada que extiende las responsabilidades del crimen a dos hombres más (actualmente presos), “advertimos que tal disposición no fue impugnada por las partes, por lo que consideramos que –más allá de las eventuales consideraciones sobre su temperamento- razones de celeridad y economía procesal justifican que el trámite continúe en su estado”. Con ello, el Ministerio Público claramente estima que más allá de las cuestiones procesales es necesario que la causa llegue a juicio oral y público lo más pronto posible, para lograr que se haga justicia respecto de los responsables de la muerte de la testigo de los procesos de lesa humanidad de la región, ocurrida en el mes de marzo del año pasado.
Los jueces del TOF tienen hasta el martes para contestar el planteo de los querellantes y esperaran hasta último momento la opinión del resto de las partes en condiciones de hacerlo, es decir, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, como querellante, y el defensor oficial de los imputados, Fabio Procajlo. Los magistrados que tendrán la última palabra serán los jueces Ivón Vella, José Escobar Cello y Roberto López Arango, de Paraná, que por sorteo, fue elegido para completar el tribunal.
Los abogados de los hijos de Suppo, constituidos como querellantes en la causa, plantearon la semana pasada la nulidad de la elevación a juicio del expediente porque, entre otros argumentos, sólo se proponía juzgar a los autores materiales sin profundizar la pista del crimen por encargo y, al mismo tiempo, cuestionaban que un delito ordinario se juzgue en la esfera federal. El escrito firmado por los abogados Lucila Puyol y Guillermo Munné destaca que : “no es posible que si la Corte ordenó profundizar la pesquisa sobre los responsables del homicidio de Silvia, el primer acto de la justicia federal sea no continuar la investigación respecto de los únicos dos procesados y detenidos en la causa. Esta contradicción con lo dispuesto por la Corte constituye una causal de nulidad absoluta y un agravio que justifica el recurso extraordinario ante el mismo tribunal supremo”. Hace 15 días el TOF recibió el expediente proveniente del juzgado de Reinaldo Rodríguez para que sea debatido oralmente en debate público. Tras conocerse la novedad, los abogados plantearon las impugnaciones ante el TOF.
El miércoles pasado, los fiscales federales Martín Suárez Faisal y Patricio Longo contestaron el planteo de nulidad presentado por los hijos de la víctima, quien fuera asesinada por dos cuidacoches en Rafaela, el 29 de marzo del año pasado. Los representantes del Ministerio Público reseñaron pasos anteriores en donde ya se había debatido la jurisdicción y la competencia del expediente. Por ejemplo, el 17 de diciembre del año pasado, el fiscal de primera instancia Marcelo Del Teglia aconsejó desdoblar la causa, dejando el trámite y juzgamiento de la autoría material en Rafaela y extrayendo copias para bajarle la lupa a la posibilidad que hayan intervenido otros actores interesados en interrumpir procesos judiciales abiertos vinculados ala represión ilegal. El juez Rodríguez rechazó algunos días después y en forma categórica esa posibilidad. Y así el expediente, que no podía volver al juez original, fue girado a la Corte de la Nación.
Suárez Faisal y Longo también recordaron en su dictamen que el 21 de febrero pasado, el Procurador Fiscal de la Corte Luis González Warcalde aconsejó que la causa vuelva al magistrado original, es decir al juez de instrucción rafaelino Alejandro Mognaschi.
El funcionario de la Nación, cuyo jefe máximo es el Procurador Esteban Righi opinó hace tres meses que “no se puede admitir, como sostuvo la Cámara de Apelaciones de Rafaela que lo acontecido con Silvia Suppo haya obedecido al propósito de otorgar impunidad a personas imputadas por graves violaciones de los derechos humanos, es suficiente para suscitar la intervención del fuero de excepción, pues, si así fuere, la jurisdicción federal dejaría de ser excepcional para todas las causas iniciadas por hechos delictivos que afectaren la vida, la libertad o cualquier otro derecho fundamental de los testigos en causas, en cuanto nunca podría descartarse apriorísticamente la posibilidad de que se tratase de acciones dirigidas a eliminarlos o intimidarlos para que no hablen”.
A pesar del consejo del Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia de la Nación –con gran sentido de la oportunidad- informó mediante una minuta de prensa que había resuelto que todo el expediente se tramite en la justicia federal. Es por eso que, en la opinión del Fiscal General ante el TOF, Martín Suárez, y el responsable de la Unidad de Derechos Humanos, el fiscal Patricio Longo, a la que Notife tuvo acceso, se afirmó que. “Si el Alto Tribunal ordenó que conozca en estas actuaciones la justicia federal, mal podría dicha intervención generar nulidad de los actos judiciales celebrados en esta sede”.
Pese a todo, hacer el juicio
Los fiscales apuntaron también que, si bien es cierto que el juez Rodríguez no ordenó la renovación de los actos que pudiesen ser repetidos, no profundizó la línea del testigo de identidad reservada que extiende las responsabilidades del crimen a dos hombres más (actualmente presos), “advertimos que tal disposición no fue impugnada por las partes, por lo que consideramos que –más allá de las eventuales consideraciones sobre su temperamento- razones de celeridad y economía procesal justifican que el trámite continúe en su estado”. Con ello, el Ministerio Público claramente estima que más allá de las cuestiones procesales es necesario que la causa llegue a juicio oral y público lo más pronto posible, para lograr que se haga justicia respecto de los responsables de la muerte de la testigo de los procesos de lesa humanidad de la región, ocurrida en el mes de marzo del año pasado.
Los jueces del TOF tienen hasta el martes para contestar el planteo de los querellantes y esperaran hasta último momento la opinión del resto de las partes en condiciones de hacerlo, es decir, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, como querellante, y el defensor oficial de los imputados, Fabio Procajlo. Los magistrados que tendrán la última palabra serán los jueces Ivón Vella, José Escobar Cello y Roberto López Arango, de Paraná, que por sorteo, fue elegido para completar el tribunal.
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