La ausencia de un protocolo para casos de abortos no punibles en los efectores provinciales, que quedó en evidencia tras la muerte de Ana María Acevedo y el reciente caso de una joven discapacitada mental violada, llegó a la Legislatura a través de un proyecto de la diputada Lucrecia Aranda.

La iniciativa propone que se sancione una serie de normas para seguir en esos casos pero, si bien ya cuenta con la preferencia del cuerpo, las diferencias en el bloque oficialista demoran su tratamiento.

En medios oficiales se señalaba que ante la falta de coincidencias en distintos niveles no habría que descartar que en los próximos días ese conjunto de reglas que garantizarían un derecho que está claramente tipificado en el Código Penal salga a través de un decreto, como ocurrió en la provincia de Buenos Aires.

Aranda sostuvo que su proyecto está asentado en la necesidad de asegurar la libertad de las mujeres para realizar esta operación de acuerdo a lo establecido por ley.

Frente a lo que calificó de “falta de voluntad política, de diferencias y de una presión desde sectores de la Iglesia”, señaló que “eso hace muchas veces en los efectores de salud haya dudas de cómo actuar o se sientan desamparados”.

Mientras tanto, desde el hospital José María Cullen, el más importante de esta capital, se indicó que el nosocomio cuenta desde hace tiempo con un protocolo para la práctica de abortos terapéuticos, de acuerdo al Código Penal.

CONCIENCIA

El dato fue admitido por el subdirector Darío Montenegro, quien reveló que el Servicio de Ginecología y Obstetricia dispone de las instrucciones médicas para seguir en este tipo de procedimientos, que tienen en cuenta las objeciones de conciencia pero al mismo tiempo no eluden la responsabilidad para las intervenciones que sean necesarias.

El profesional precisó que este conjunto de procedimientos existe desde hace tiempo, pero que días atrás se efectuó una reunión con los profesionales a los efectos de agilizar todo lo posible la resolución a seguir y evitar cualquier tipo de morosidad que pueda afectar a las pacientes.

En declaraciones a la prensa, Montenegro recalcó que esa convocatoria tuvo por objeto que todos estén al tanto de los pasos a seguir ante una situación de requerimiento de un aborto no punible.

En ese sentido se les requirió a los jefes de servicio que se informe si alguno de los profesionales, a partir de sus convicciones, desea objetar la realización de esta práctica dejándose habilitado un registro para esos casos.

En ese sentido, se dejó en claro que si bien la objeción de conciencia es posible de ninguna manera imposibilita llevar adelante la práctica, ya que será el jefe de servicio quien determine el profesional que la realizará en su reemplazo.