Mediante la sanción de un proyecto de Resolución elaborado por los concejales del Frente para la Victoria, el Concejo Municipal dispuso en su última sesión que el gobierno local realice gestiones ante el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) a fin de formalizar un convenio para diseñar e implementar un Operativo Censal Municipal de Personas con Discapacidad.

Para tal fin, el DEM deberá conformar un equipo de Planificación, Ejecución y Sistematización, dentro del ámbito de la Secretaría de Desarrollo Social y se contará, además con el asesoramiento y la participación de la Comisión Municipal Asesora del Discapacitado.

Al argumentar la necesidad de contar con un relevamiento profundo sobre las personas que padezcan algún tipo de reducción en sus capacidades, la concejala justicialista, Alejandra Obeid hizo referencia a la Primera Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad, realizada en 2002, durante el mandato presidencial de Eduardo Duhalde. En ese sentido, la edil remarcó que el 7,5% de los argentinos padece de discapacidad permanente y que el 40% transitoriamente se ve reducido en su movilidad o comunicación.

Sin embargo, Obeid indicó que “esos datos no acompañan nombres ni contextos de vida. Son sólo números, y eso hace que no se describa un diagnóstico preciso de la realidad” y sostuvo que el objetivo del censo es “saber el porcentaje real de la población afectada y tener nombre y nivel de afectación para que haya, desde el Estado, una atención a la persona”.

Según Obeid, “existe una gran cantidad de personas con discapacidad no atendida en sus derechos básicos, como la salud, la educación y el trabajo” y aseguró que “el Estado nunca tendrá políticas integrales mientras no conozca sus especificidades”.

Además, la norma autoriza al DEM a convenir con organizaciones civiles tareas conjuntas de relevamiento en centros de cuidados intensivos, permanentes y/o transitorios y ordena abrir un Registro de Estudiantes de las Casas de Altos Estudios con asiento en la ciudad, quienes serán parte de la implementación del censo. Sin embargo, se destaca que por la capacitación y el trabajo que desarrollarán, los estudiantes no percibirán remuneración alguna.

Por otro lado, la medida deja en manos del municipio la tarea de garantizar la seguridad de los operadores que llevarán a cabo el relevamiento y deberá programar la difusión del operativo censal con la antelación necesaria a fin de alertar a la población respecto de la implementación de la misma.