Tal como se adelantó, el intendente santotomesino Fabián Palo Oliver dio un paso más en el marco de la investigación iniciada a la gestión de su antecesor Angel Benjamín Piaggio en diciembre último (ni bien asumió el mandato 2007-2011), al haberse presentado formalmente este viernes en las oficinas del fiscal Juan Pablo López Rosas, ante quien radicó una denuncia contra el nombrado ex mandatario municipal por "la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos".

En el referido contexto, El Litoral pudo averiguar que entre la documentación elevada a la Fiscalía, Palo Oliver hizo entrega de una copia de la auditoría contable que es la base de la denuncia y fue practicada por la Universidad Nacional del Litoral (UNL) sobre el accionar de Piaggio en su más reciente actuación al frente de la Municipalidad de la ciudad de Santo Tomé, más precisamente en el último tramo de dicha administración. Asimismo, como resultado de "su obligación como funcionario público", puso a disposición del fiscal toda la documental obrante en poder del municipio, "ante la posibilidad cierta" de que tales conductas (las que se le adjudican a Piaggio) puedan estar tipificadas penalmente.

Posible "desvío de fondos"

Para que se interprete el tenor de la presentación de Palo Oliver, cabe agregar que este, entre otras cosas, le puntualizó al fiscal, "como ejemplo y sin que ello implique consentir la legalidad del resto", que la auditoría "obtuvo evidencias de aumento de gastos" y citó como uno de los casos la Partida Nº 2045, de Difusión, "cuadriplicada entre 2006 y 2007". Además, le remarcó "la entrega de anticipos a proveedores, no previstos ni exigidos por las contrataciones respectivas", circunstancias que, siempre de acuerdo a lo explicado por Palo Oliver, "llevaron a un ahogo financiero por parte del municipio, poniendo en riesgo el pago de las obligaciones salariales del mes de diciembre".

Por otra parte, tal como se adelantó este viernes, lo encuadrado bajo el título de "Cambios de destino sobre ingresos recibidos para motivos específicos”, ítems que implicarían "desvíos de fondos" y de los cuales el actual titular del palacio municipal enumeró algunos ejemplos, que bien cabe volver a recordar: $ 46.000 del denominado "Plan Integral para la Promoción del Empleo-Más y Mejor Trabajo", del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (convenio Nº 148/2005 por cursos nunca realizados); $ 169.203,92 de la Obra de Pavimento Flexible, realizada a través del Programa Provincial de Obras y Equipamiento para Municipios y Comunas; $ 25.866,09 de la Obra de Agua Corriente del Barrio Las Vegas, llegados a través del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa); $ 10.000 para la adquisición de equipamiento de bombeo (Fondos del Conurbano, resolución Nº 87/2007); $ 119.462,73 de la Obra Colector Balcarce (Ministerio de Asuntos Hídricos de la Provincia); $ 316.691,25, de la Obra de Cloaca Máxima Sudoeste (Ministerio de Asuntos Hídricos de la Provincia). En el escrito elevado a la Justicia se aclara que el informe de la UNL evidencia, a la vez, "contrataciones irregulares sin el trámite correspondiente por la suma de $ 80.447,66".

A todo esto... ¿Qué pasa en Proyecto 2000?

Independientemente de todo ello, y al margen de su valor en sí misma, bien cabe aclararse que esta presentación judicial contra Piaggio guarda relación con lo que en alguna ocasión nos declaró el propio edil justicialista Gerardo Silvestri -perteneciente a Proyecto 2000, la agrupación liderada por Piaggio-, quien al ser consultado sobre la auditoría contable que se estaba realizando sobre la última gestión municipal, había señalado lo siguiente: "Si hubo irregularidades que se hagan cargo los involucrados y sean ellos quienes asuman las responsabilidades".

Por otra parte, es válido saberlo también, siempre que se intentó obtener desde nuestro medio algún concepto sobre este tema de parte del ex intendente, no hubo respuesta alguna, puesto que Angel Piaggio no ha querido hablar sobre el particular desde que Palo Oliver anunció -allá por diciembre de 2007-, que iba a investigarlo internamente. De igual modo, el edil Sergio Ripoll -compañero de bloque de Silvestri y presidente de la citada fracción partidaria en el seno del Concejo Municipal-, nunca se manifestó sobre este tema ante nuestra puntual requisitoria, no obstante haber asegurado en su momento que iba a existir una declaración formal de parte de Proyecto 2000, en términos de agrupación política, hecho que nunca sucedió. Antes de hablar, inclusive, nos dijo que tenía que pedir explicaciones de lo ocurrido a quien fuera secretario de Hacienda en el período 2003-2007, José Armelini.