CONFLICTO LABORAL
Demandan por daños y perjuicios a 75 empleados de la ex Bernardín
La empresa Agroindustrial San Vicente realizó una presentación ante el Juzgado Civil, Comercial y Laboral de la 2ª nominación para que se adopten medidas de "aseguramiento de pruebas previas al juicio ordinario de indemnización" contra trabajadores que ocuparon la fábrica en el marco del conflicto que existe en esa industria.
05.10.2009 | 10:00 hs.
· Fuente: Castellanos
El caso amenaza convertirse en otra piedra de la discordia, porque además de iniciar la demanda contra los empleados la firma también acusó al ministro de Trabajo de la provincia, Carlos Rodríguez, de haber "echado más leña al fuego", de "exacerbar los ánimos" y de "faltar a la verdad groseramente". A través del escrito, también responsabilizó al senador Alcides Calvo de efectuar declaraciones sobre "bases falsas y mendaces" y de haber presentado un "insólito proyecto" para expropiar la empresa y entregarla a una cooperativa de trabajadores. Por eso Agroindustrial San Vicente advirtió también que iniciará acciones legales a la Provincia, por no haber asegurado los derechos y garantías de sus directivos y sus bienes, ya que los "responsables de segurar el ejercicio regular de dichos derechos y garantías de grado constitucional nada hacen".
La presentación fue realizada por el abogado Carlos Gerardo Baumann. Recuerda que el 24 de junio "un grupo de empleados de mi representada (Agroindustrial San Vicente) ocupó ilegalmente sus plantas fabriles. Ignorando la gestión policial que los instaba a a desocupar pacíficamente, derivó en que el 25 de junio Vuestra Señoría (el juez) se constituyera en la localidad, acompañando de la Actuaria y del señor fiscal en turno, no pudiendo convencer tampoco a quienes ocupaban ilegalmente las instalaciones fabriles de mi presidida la desocuparan e impedían trabajar a quienes sí deseaban hacerlo".
Luego de esa descripción de los hechos –que pretende demostrar que los empleados demandados imposibilitaron a la empresa de cumplir su objeto social-, el escrito presentado sostiene que ese día se hizo presente el ministro de Trabajo (al que luego llama "Jorge" Rodríguez, aunque en realidad su nombre es Carlos Rodríguez) que "tan irresponsable como insólita y groseramente, dirigiéndose a quienes ocupaban las instalaciones, en vez de serenar sus ánimos los exacerbó".
Tras recalcar que los ocupantes impedían trabajar a quienes querían hacerlo, sostiene que los mismos "impidieron el uso de rodados de la empresa que estaban a cargo de otros agentes y el sábado 27 de junio impidieron la entrega de una máquina cosechadora a un cliente que ya la había pagado totalmente con anterioridad (lo que ocasionó que el abogado con quien había viajado dicho cliente a retirar la máquina dejara constancia de tal situación en la sede policial de la localidad). Ello expueso sin contar que los revoltosos, con tal actitud, frustraron un contrato a punto de celebrar con el mismo cliente, por la venta de otra máquina".
En ese punto, la empresa remarca que los despidos de los empleados que ocuparon la planta se produjeron con "justa causa legal", pese a lo cual el "Ministerio de Trabajo de la provincia convocó a las partes a una conciliación forzosa, imponiendo como efecto imperativo la retroacción de la situación jurídica". Eso ocurrió el mismo día en que la empresa se declaró en concurso preventivo.
Aunque en ningún momento el escrito hace mención a las causas originales del conflicto –es decir, los reiterados incumplimientos de la propia empresa respecto a varias cuestiones ligadas al plano laboral, entre ellos una importante deuda por salarios impagos-, sí insiste en cuestionar el rol del Ministerio de Trabajo en el conflicto, así como el del senador Alcides Calvo.
Según la demanda presentada, fue la negativa de los empleados a trabajar – "no trabajaron ni un solo día del mes julio", sostiene- lo que motivó que la empresa diera por concluida su participación en la conciliación. "Luego de haber ratificado los despidos, el día lunes 10 de agosto los agentes despedidos volvieron a ocupar las instalaciones fabriles y, con una violencia indescriptible, colocaron y detonaron explosivos en ventanas y puertas de la sede administrativa, lesionando a una persona además de causar graves daños materiales".
También denuncia el escrito que los manifestantes "agredieron físicamente al presidente del directorio (en alusión a Aníbal Guillermo Cúneo), además de dañar dos vehículos".
Críticas a los funcionarios
Luego de describir con lujo de detalles los incidentes que se produjeron ese día, la presentación apunta al senador Alcides Calvo. "En un claro intento por obtener efímeros réditos políticos, el senador provincial por el departamento efectuó declaraciones públicas a medios de prensa sobre bases falaces y mendaces (sin siquiera haber tenido una entrevista ni cruzado palabra alguna con los administradores de mi comitente les endilgó falta de idoneidad) afirmando que presentaría un proyecto de ley para lograr la ´expropiación´ del uso y goce de los activos de Agroindustrial San Vicente SA, por dos años, con el propósito de entregarlos a una cooperativa de trabajadores, afirmación que además del agravio personal que conllevaba, implicó brindar falsas expectativas a los exaltados porque no están reunidos los presupuestos para el dictado de semejante norma, aunque el senador Carlos efectivamente presentó ese insólito proyecto".
Más adelante, la presentación judicial sostiene que el ministro Rodríguez "faltando groseramente a la verdad afirmaba a diferentes medios informativos de la provincia que mi representada cumpliría un contrato de venta de maquinarias que tenía en curso con la República de Venezuela con el dinero de los empleados, no privándose tampoco de calificar esa conducta de ´inaceptable´. Esa afirmación no sólo es falsa y enardeció más a los despedidos, sino, al decir del común, también echó más leña al fuego, cuando su deber lo obliga al menos a intentar llevar serenidad y racionalidad".
Hay más contra los funcionarios. En el párrafo siguiente se cuestiona a la viceministra de Trabajo provincial y diputada nacional electa, Alicia Ciciliani, a quien se le cuestiona una supuesta afirmación en el sentido de que los administradores de la empresa "no estaban interesados en ninguna solución sino que sólo cuidaban su patrimonio personal".
La presentación fue realizada por el abogado Carlos Gerardo Baumann. Recuerda que el 24 de junio "un grupo de empleados de mi representada (Agroindustrial San Vicente) ocupó ilegalmente sus plantas fabriles. Ignorando la gestión policial que los instaba a a desocupar pacíficamente, derivó en que el 25 de junio Vuestra Señoría (el juez) se constituyera en la localidad, acompañando de la Actuaria y del señor fiscal en turno, no pudiendo convencer tampoco a quienes ocupaban ilegalmente las instalaciones fabriles de mi presidida la desocuparan e impedían trabajar a quienes sí deseaban hacerlo".
Luego de esa descripción de los hechos –que pretende demostrar que los empleados demandados imposibilitaron a la empresa de cumplir su objeto social-, el escrito presentado sostiene que ese día se hizo presente el ministro de Trabajo (al que luego llama "Jorge" Rodríguez, aunque en realidad su nombre es Carlos Rodríguez) que "tan irresponsable como insólita y groseramente, dirigiéndose a quienes ocupaban las instalaciones, en vez de serenar sus ánimos los exacerbó".
Tras recalcar que los ocupantes impedían trabajar a quienes querían hacerlo, sostiene que los mismos "impidieron el uso de rodados de la empresa que estaban a cargo de otros agentes y el sábado 27 de junio impidieron la entrega de una máquina cosechadora a un cliente que ya la había pagado totalmente con anterioridad (lo que ocasionó que el abogado con quien había viajado dicho cliente a retirar la máquina dejara constancia de tal situación en la sede policial de la localidad). Ello expueso sin contar que los revoltosos, con tal actitud, frustraron un contrato a punto de celebrar con el mismo cliente, por la venta de otra máquina".
En ese punto, la empresa remarca que los despidos de los empleados que ocuparon la planta se produjeron con "justa causa legal", pese a lo cual el "Ministerio de Trabajo de la provincia convocó a las partes a una conciliación forzosa, imponiendo como efecto imperativo la retroacción de la situación jurídica". Eso ocurrió el mismo día en que la empresa se declaró en concurso preventivo.
Aunque en ningún momento el escrito hace mención a las causas originales del conflicto –es decir, los reiterados incumplimientos de la propia empresa respecto a varias cuestiones ligadas al plano laboral, entre ellos una importante deuda por salarios impagos-, sí insiste en cuestionar el rol del Ministerio de Trabajo en el conflicto, así como el del senador Alcides Calvo.
Según la demanda presentada, fue la negativa de los empleados a trabajar – "no trabajaron ni un solo día del mes julio", sostiene- lo que motivó que la empresa diera por concluida su participación en la conciliación. "Luego de haber ratificado los despidos, el día lunes 10 de agosto los agentes despedidos volvieron a ocupar las instalaciones fabriles y, con una violencia indescriptible, colocaron y detonaron explosivos en ventanas y puertas de la sede administrativa, lesionando a una persona además de causar graves daños materiales".
También denuncia el escrito que los manifestantes "agredieron físicamente al presidente del directorio (en alusión a Aníbal Guillermo Cúneo), además de dañar dos vehículos".
Críticas a los funcionarios
Luego de describir con lujo de detalles los incidentes que se produjeron ese día, la presentación apunta al senador Alcides Calvo. "En un claro intento por obtener efímeros réditos políticos, el senador provincial por el departamento efectuó declaraciones públicas a medios de prensa sobre bases falaces y mendaces (sin siquiera haber tenido una entrevista ni cruzado palabra alguna con los administradores de mi comitente les endilgó falta de idoneidad) afirmando que presentaría un proyecto de ley para lograr la ´expropiación´ del uso y goce de los activos de Agroindustrial San Vicente SA, por dos años, con el propósito de entregarlos a una cooperativa de trabajadores, afirmación que además del agravio personal que conllevaba, implicó brindar falsas expectativas a los exaltados porque no están reunidos los presupuestos para el dictado de semejante norma, aunque el senador Carlos efectivamente presentó ese insólito proyecto".
Más adelante, la presentación judicial sostiene que el ministro Rodríguez "faltando groseramente a la verdad afirmaba a diferentes medios informativos de la provincia que mi representada cumpliría un contrato de venta de maquinarias que tenía en curso con la República de Venezuela con el dinero de los empleados, no privándose tampoco de calificar esa conducta de ´inaceptable´. Esa afirmación no sólo es falsa y enardeció más a los despedidos, sino, al decir del común, también echó más leña al fuego, cuando su deber lo obliga al menos a intentar llevar serenidad y racionalidad".
Hay más contra los funcionarios. En el párrafo siguiente se cuestiona a la viceministra de Trabajo provincial y diputada nacional electa, Alicia Ciciliani, a quien se le cuestiona una supuesta afirmación en el sentido de que los administradores de la empresa "no estaban interesados en ninguna solución sino que sólo cuidaban su patrimonio personal".
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