La Corte Suprema de Justicia resolvió convocar para el 17 de marzo al gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, y el ministro de Economía, Amado Boudou, ante el reclamo provincial de inconstitucionalidad de la prórroga a la detracción del 15 por ciento de la masa de recursos del régimen de coparticipación federal de impuestos para el sistema previsional.
La audiencia pública está fijada para el 17 de marzo a las 10, en el marco del juicio que Santa Fe le hiciera al Estado nacional, por la inconstitucionalidad del artículo 76 de la ley 26.078, que prorrogó, sin acuerdo previo de las provincias, la detracción del 15 por ciento de la masa coparticipable con destino a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Esa detracción había sido acordada en el Pacto Fiscal del 12 de agosto de 1992, con el objeto de financiar la transición entre el régimen estatal de jubilación y el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, que quedó sin efecto en octubre de 2008.
La provincia también reclamó que se declare la plena coparticipación de esos fondos en los términos y porcentajes que a la provincia le asigna la ley de coparticipación 23.548 y, consecuentemente, se ordene la restitución o reintegro de todos y cada uno de los fondos detraídos por ese concepto desde la expiración de los compromisos federales entre la Nación y las provincias (31 de diciembre de 2005), hasta la fecha de efectivo pago. Esta mañana, el Fiscal de Estado de Santa Fe, Jorge Barraguirre, señaló em diálogo con LT 10 que "la provincia no quiere resolver un planteo politico con la Nación, por el contrario, y aunque parezca ingenuo, es un reclamo que se realiza frente a los órganos de justicia porque se está violando una norma", señaló.
Otros reclamos
Por un lado, Santa Fe cuestiona la inconstitucionalidad de la ley 26.180, que modificó en 2006 el denominado impuesto al cheque. La ley original, sancionada durante marzo de 2001, establecía que la Nación se quedaría con el 100 por ciento de la recaudación de ese tributo. Pero un año después, tras una fuerte presión de las provincias, el Congreso nacional modificó la ley. Se coparticiparía el 30 por ciento de lo que recauda el gobierno nacional. Ese reparto sufrió nuevos cambios en 2006, cuando en el marco de la emergencia económica se volvió atrás y se fijó que lo recaudado no se distribuiría a las provincias. Santa Fe denuncia que la ley 26.180 que impuso las nuevas reglas en 2006 es insconstitucional.
El otro cuestionamiento se basa en los fondos retenidos por la Nación para la Anses. Cuando entró en funcionamiento el sistema de AFJP en 1992, a los estados provinciales se les retenía un 15 por ciento de la masa coparticipable para Anses. En ese momento, el organismo era deficitario y se sustentaba con esos aportes. Pero ahora ocurre lo contrario: la Anses es superavitaria.
La columna vertebral de los reclamos presentados por Santa Fe se sustenta también en la exigencia de que la Nación deje de retener un fondo creado para financiar la autarquía de la Afip. El gobierno santafesino pide la revisión del decreto Nº 1.399 del año 2001 que creó ese fondo, que se nutre en su mayoría de un porcentaje de los derechos aduaneros. Cada año se fija el porcentaje de la alícuota en el presupuesto. Este año, el porcentaje, según se calcula en Santa Fe, podría alcanzar un monto de más de 5 mil millones, una tajada importante que se nutre de las provincias que exportan.
La otra pata del reclamo es la exigencia de que la Nación cumpla con la pauta establecida por la vieja ley de coparticipación de enviar a las provincias el 34 por ciento de lo recaudado. A esto se suma otra demanda por el incumplimiento de los acuerdos de cobertura del déficit de la Caja de Jubilaciones de la Provincia.
Santa Fe sumará esta semana otros dos reclamos. Por un lado, requerirá al Estado nacional que cambie la forma en la que distribuye los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Y por otro lado, que la administración del Frente Progresista exigirá a Cristina Kirchner que el fisco nacional no descuente más una serie de préstamos del Fondo Fiduciario para la privatización del Banco de Santa Fe, que pasó a manos privadas en julio de 1991.
Esta extensa lista de reclamos supera los 4.000 millones de pesos, una cifra nada despreciable para la gestión de Binner, que busca obtener recursos por medio de una “armonización tributaria”, con la que prevé recaudar unos 1.200 millones de pesos. De acuerdo al presupuesto elaborado por el Gobierno provincial, el déficit financiero del próximo año sería de más de 1.600 millones.
Ante este escenario, en el que los recursos son bastante menores que los gastos, la “devolución” de los fondos retenidos “indebidamente” por la Nación se transforman en una necesidad.
No sólo Santa Fe se puso de punta y reclama estos fondos. En la misma cola están Corrientes, San Luis, Chubut y Córdoba. Santa Fe evalúa que algunos reclamos, como la distorsión en la liquidación de los ATN.
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