CAUSA ÁREA PARANÁ
Hoy se tratará el pedido de Alberto Rivas de gozar de prisión domiciliaria
En la Megacausa Área Paraná continúan las audiencias solicitadas por las defensas de los represores. Hoy a las 10 será el turno para tratar el privilegio de prisión domiciliaria pedido por Alberto Rivas. El pedido ya fue denegado por el Juez de Primera Instancia Gustavo Zonis.
04.03.2010 | 09:36 hs.
· Fuente: Análisis Digital
Los escritos de las partes serán recibidos por la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Paraná. Rivas, oriundo de la ciudad de Concordia, está detenido desde diciembre del año pasado. “Al momento de cometer los delitos de lesa humanidad se desempeñaba como Capitán del Ejército, Oficial Instructor del Segundo Consejo de Guerra Especial Estable Sub Zona 22, Paraná”, recuerdan desde H.I.J.O.S.
Desde la agrupación anhelan que “en el año del Bicentenario y a poco de cumplirse 34 años de aquel 24 de marzo de 1976, la democracia exige tener a los responsables de regar nuestra tierra de sangre libertaria tras las rejas”.
Al mismo tiempo, en un comunicado expresan sobre Rivas y su rol en el Consejo de Guerra: “Durante la última dictadura cívico-militar se desarrolló una farsa teatral que denominaban Consejos de Guerra, en los cuales, según los testimonios de los ex presos políticos, los abogados designados para su defensa eran los mismos que los torturaban.
Rivas tenía a su cargo la función de organizar y llevar a cabo los interrogatorios para la ratificación y ampliación de las llamadas declaraciones “espontáneas” de los detenidos, efectuadas ante las fuerzas represivas, bajo la imposición de apremios, tormentos, y en el marco de la privación ilegítima de su libertad. Dichas declaraciones servían de fundamento a los Consejos de Guerra a los que fueron sometidos, recibiendo condenas irrisorias”.
A Rivas se le imputa su intervención en treinta y tres hechos que “involucran a compañeros ex detenidos, en calidad de Coautor de los delitos de privación ilegitima de la libertad agravada por la especial calidad de funcionario publico, en abuso de funciones, mediante el uso de violencias y amenazas; aplicación de severidades, vejaciones y apremios ilegales, e imposición de tormentos, conductas agravadas por haber durado más de un mes; que se enmarcan dentro del tipo genérico de delitos de lesa humanidad de desaparición forzada de personas”.
Los abogados querellantes solicitaron el rechazo a los recursos de apelación planteados por las defensas de Moyano y Díaz Bessone.
Los abogados Gamal Taleb, Marcelo Baridon y Álvaro Piérola argumentaron que los hechos probados en la causa “se enmarcan en una investigación de delitos de lesa humanidad, se sustentan en sólidos argumentos jurídicos y en la situación de riesgo procesal que, por elusión y entorpecimiento del accionar de la justicia, podría acarrear la excarcelación de los procesados”.
La querella agregó que “en la situación vivida en Entre Ríos, con posterioridad a los hechos investigados, de público y notorio conocimiento, se han destruido pruebas fundamentales con la finalidad indiscutible de procurar la impunidad de los autores del genocidio. Se destacó la destrucción y ocultamiento en nuestro territorio de los Centros Clandestinos de Detención y Tortura. Y la persistencia en la negativa a informar sobre el destino final de los compañeros desaparecidos”.
Desde la agrupación anhelan que “en el año del Bicentenario y a poco de cumplirse 34 años de aquel 24 de marzo de 1976, la democracia exige tener a los responsables de regar nuestra tierra de sangre libertaria tras las rejas”.
Al mismo tiempo, en un comunicado expresan sobre Rivas y su rol en el Consejo de Guerra: “Durante la última dictadura cívico-militar se desarrolló una farsa teatral que denominaban Consejos de Guerra, en los cuales, según los testimonios de los ex presos políticos, los abogados designados para su defensa eran los mismos que los torturaban.
Rivas tenía a su cargo la función de organizar y llevar a cabo los interrogatorios para la ratificación y ampliación de las llamadas declaraciones “espontáneas” de los detenidos, efectuadas ante las fuerzas represivas, bajo la imposición de apremios, tormentos, y en el marco de la privación ilegítima de su libertad. Dichas declaraciones servían de fundamento a los Consejos de Guerra a los que fueron sometidos, recibiendo condenas irrisorias”.
A Rivas se le imputa su intervención en treinta y tres hechos que “involucran a compañeros ex detenidos, en calidad de Coautor de los delitos de privación ilegitima de la libertad agravada por la especial calidad de funcionario publico, en abuso de funciones, mediante el uso de violencias y amenazas; aplicación de severidades, vejaciones y apremios ilegales, e imposición de tormentos, conductas agravadas por haber durado más de un mes; que se enmarcan dentro del tipo genérico de delitos de lesa humanidad de desaparición forzada de personas”.
Los abogados querellantes solicitaron el rechazo a los recursos de apelación planteados por las defensas de Moyano y Díaz Bessone.
Los abogados Gamal Taleb, Marcelo Baridon y Álvaro Piérola argumentaron que los hechos probados en la causa “se enmarcan en una investigación de delitos de lesa humanidad, se sustentan en sólidos argumentos jurídicos y en la situación de riesgo procesal que, por elusión y entorpecimiento del accionar de la justicia, podría acarrear la excarcelación de los procesados”.
La querella agregó que “en la situación vivida en Entre Ríos, con posterioridad a los hechos investigados, de público y notorio conocimiento, se han destruido pruebas fundamentales con la finalidad indiscutible de procurar la impunidad de los autores del genocidio. Se destacó la destrucción y ocultamiento en nuestro territorio de los Centros Clandestinos de Detención y Tortura. Y la persistencia en la negativa a informar sobre el destino final de los compañeros desaparecidos”.
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