A LA ESPERA
El jueves se conocerá la sentencia a los represores en la causa Guerrieri
El próximo jueves 15, a las 12, es la hora señalada por el Tribunal Oral Federal Nº1 (TOF-1) de Rosario para dictar sentencia a cinco represores, Pascual Oscar Guerrieri, Jorge Fariña, Daniel Amelong, Walter Pagano y Eduardo Costanzo, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en centros clandestinos de detención (CCD) Quinta de Funes, La Calamita, La Intermedia, Escuela Magnasco, Ex Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu, ubicados en Rosario y sus alrededores.
12.04.2010 | 06:46 hs. · Fuente: La Capital
Recordemos que este juicio, caratulado como causa Guerrieri-Amelong, comenzó el 31 de agosto pasado. Asimismo, el comienzo del juicio por la denominada megacausa Feced se trasladó para el 21 de julio próximo.

Para la querella que representa a los sobrevivientes del CCD que funcionó en la ex Fábrica Militar Domingo Matheu (Juan Rivero y Ramón Verón), junto a María Panelo de Forestello (madre de Ana María Forestello, hasta hoy desaparecida): “La realización de este primer juicio en Rosario ratifica el compromiso del Estado de cumplir su obligación de investigar y sancionar los delitos de lesa humanidad cometidos durante la vigencia del terrorismo de Estado”.

“Celebramos el histórico hecho de ser el primer país que juzga un genocidio cometido dentro de las fronteras nacionales con tribunales nacionales, a diferencia de juicios anteriores donde los tribunales han sido internacionales y constituidos al efecto. Este logro es producto de más de treinta años de lucha del campo popular, de los organismos de DDHH, organizaciones políticas, sociales y gremiales; de desandar en suma, desde lo social y desde lo jurídico, el camino de la impunidad”, señalaron las abogadas querellantes Gabriela Durruty y Daniela Asinari.

Las letradas indicaron que “basta recorrer la historia y el mapa de los instrumentos jurídicos que se han producido en ese trayecto para advertir la puja permanente contra las pretensiones de impunidad y olvido con que el poder dictatorial pretendió perpetuarse, y a su vez mantener vivo el sufrimiento de las víctimas, y las consecuencias de los delitos cometidos contra cada una de ellas y sus familiares”.

Durruty y Asinari aseguraron que: “han sido juzgados y esperan la sentencia cinco de los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar y en el marco de un genocidio. Los cinco acusados ejecutaron —con distintas tareas, funciones y responsabilidades— un plan sistemático de represión ilegal orquestado por quienes usurparon el poder constitucional y enmarcado a su vez en el Plan Cóndor, que incluía a toda América latina”.

“Solicitamos en nuestro alegato que la sentencia declare que los hechos ocurrieron en el marco de un genocidio, porque entendemos que no se trata de una suma de delitos aislados sino que responden a un plan de represión y exterminio ejecutado con el claro objetivo de instaurar el modelo económico, social y político que perseguía cambiar la estructura del país, y cuyas consecuencias aún sufrimos”, agregaron.

Asimismo, las letradas subrayaron: “Esperamos entonces que la sentencia que se dicte el próximo jueves condene a los acusados por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidios calificados, todos crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio, a la pena de prisión perpetua y ordene que la misma sea cumplida en cárceles comunes”.

“Insistimos —agregaron—, se trata de los crímenes mas graves que pudo imaginar la humanidad. Crímenes que fueron cometidos en el marco de un plan siniestro, en el cual vulgares usurpadores del poder estatal se plantearon el asesinato y desaparición de personas como política de Estado, con los lacerantes efectos que esto tiene hasta nuestros días”.

Las abogadas consideraron que “treinta años de impunidad tienen que ver con esto, con delitos cometidos desde el Estado y desde el poder. Por eso esperamos que la sentencia esté a la altura de este hecho histórico, y cumpla ejemplarmente no sólo con su función punitiva sino con su función declarativa de hechos, reconociendo, como se hiciera ya en las causas donde se condeno a Etchecolatz y Von Wernich, que lo ocurrido en nuestro país fue un genocidio”.

Postergación

En ese contexto, la abogada querellante de la megacausa Feced Gabriela Durruty indicó que el viernes último recibió la cédula por la cual se le informó que el inició del juicio, que debía comenzar el 27 de abril, finalmente se trasladó al 21 de julio próximo.

La medida se tomó debido a que los jueces que intervendrán en el caso son los mismos que llevan adelante la causa Guerrieri-Amelong. Durruty dijo que, desde su punto de vista, “no existe ninguna demora intencional, sino que tiene más que ver con una cuestión operativa”.