Agustín Bassó presentó hace casi dos meses un Recurso de Inconstitucionalidad contra el nuevo régimen que regula el funcionamiento del Ministerio Público de la provincia, votado por unanimidad por la legislatura santafesina.
El contenido y los argumentos expuestos por el Procurador se desconocen, como también el planteo formal que no se sustenta en ninguna causa judicial preexistente, tal como lo requiere el Recurso establecido en el sistema santafesino.
Sin embargo "la causa avanza”, tal cómo lo confesara la semana pasada el propio presidente del cuerpo, Rafael Gutiérrez, en rueda de prensa, sin que haya mediado ninguna explicación sobre los contenidos de la presentación y sin que haya sido notificado el Estado santafesino, “presunto” contraparte en la exposición.
La confusa situación desnuda una contundente realidad: La vieja guardia judicial ha decidido enfrentar abiertamente las reformas planteadas y votadas -aún por el propio Justicialismo- en la Legislatura y no parece detenerse en detalles.
“Hay que acabar con Superti y eso es posible ya mismo si aceptamos el recurso de Chiche” se habría escuchado decir a un robusto ministro de la Corte Suprema santafesina con su habitual tono grave de voz, mientras intentaba convencer a un colega para que modifique su decisión de rechazar el recurso y confirmar la constitucionalidad, en los pasillos del Tribunal.
Lo cierto es que la situación en la Corte es tensa y el presidente, Rafael Gutiérrez, intenta evitar por todos los medios que su voto doble se convierta en el que defina la contienda, asumiendo de esa forma el mayor costo político en la maniobra por derrumbar la reforma del Sistema Procesal Penal de Santa Fe.
De acuerdo a lo consignado por calificadas fuentes tribunalicias a Notife, tres ministros tendrían resuelto rechazar el Recurso de inconstitucionalidad planteado por el Procurador y a la “Resistencia”, sólo le cabría apelar a la definición a través del voto del presidente para desequilibrar a su favor el asunto, salvo que “quiebren” la voluntad de uno de los tres “díscolos”.
La misma fuente consigna que “a esta altura el problema es estrictamente político: Las relaciones con el Ejecutivo empeoraron seriamente desde que asumió Gutiérrez y las últimas declaraciones públicas del ministro Héctor Superti y del gobernador calentaron mucho más las cosas. Hoy por hoy, el objetivo de algunos miembros de la Familia Judicial está puesto en frenar la Reforma pero, por sobre todas las cosas, en sacárselo de encima a Superti. Si Bassó consigue los votos en la Corte es un naufragio del Gobierno en su intento por consolidar los cambios, y para Superti implica el fin de sus días en el ministerio. Pero “el gordo no quiere comerse el costo solo e intenta dar vuelta un voto y en eso anda”, concluyó.
Los votos son secretos, los lapsus públicos
Muy poca gente reparó la semana pasada en el “lapsus” de Rafael Gutiérrez cuando intentaba explicar que la Corte se aboca al tratamiento de un asunto que ni siquiera Superti conoce.
En la oportunidad, Gutiérrez expresó que al tema “lo estamos estudiando los tres (sic) ministros”, tras lo cual corrigió “perdón, los seis ministros”.
Y es que en los pasillos de la Corte dan por descontado los votos de Roberto Falistocco y Roberto Spuler a favor del planteo de Bassó contra la constitucionalidad de la reforma al ministerio Público.
Ambos ministros no sólo habrían manifestado la decisión al presidente de la Corte, sino que además estarían “trabajando” en la consecución de un tercer “voto puro”, para sacar del apuro a Gutiérrez de tener que definir con su doble voto y asumir públicamente su condición de conductor de la “Antirreforma”.
Del otro lado habría dos votos inamovibles en contra del “planteo Bassó” y un tercero en el que guardan algunas esperanzas de cambio y sobre el que, por estas horas, se descargan todas las presiones para modificar su decisión.
“Hay que sacárselo de encima a Superti y esta es la oportunidad”, dicen que exclamaba el calificado ministro de la Corte, intentando convencer al indeciso. Si es así, las cosas estarían un poco más claras.
En el máximo Tribunal no parece que haya preocupación por la inconstitucionalidad de la reforma al ministerio Público, sino directamente una declaración de guerra contra la reforma al sistema en general y contra la figura de Superti en particular.
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