La elevación de las alícuotas al 44 por ciento de las retenciones móviles a las exportaciones de soja, girasol y trigo vigente desde el 11 de marzo pasado, fue el origen del profundo conflicto que tuvo como protagonista al productor agropecuario en el país. El hombre de campo consideró confiscatoria la contribución exigida por el Estado nacional, la que se le descuenta del precio lleno del grano que recibe cuando comercializa su producción.

115 días transcurrieron desde aquella polémica resolución del ex ministro de Economía, Martín Lousteau, luego promovida a un proyecto de ley por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que fue motivo de hechos nunca vistos en el país, antes ni después del retorno de la democracia.

Tan grave como la arista que refiere a la apropiación de la rentabilidad del productor es la que alude a lo que ocurre con las provincias en particular. Los derechos de exportación son rentas de recaudación nacional que no se coparticipan a los Estados federales.

En el caso de Santa Fe, las retenciones al 35 por ciento, representan una captura de recursos por parte de la Nación del orden de los 1.600 millones de dólares anuales. Este monto será sustancialmente superior si el Congreso convalida el proyecto del Poder Ejecutivo nacional y queda ratificada la resolución Nº 125, por más compensaciones que se otorguen a los productores.

Para provincias como la de Santa Fe, la perspectiva actual y futura es muy grave. El gobernador Hermes Binner viene planteando el federalismo fiscal como el núcleo de las cuestiones que se debe conversar entre la Nación y las provincias. Por ejemplo, ha reclamado que se cumpla con la Constitución de 1994, que en su cláusula transitoria sexta, daba un plazo dos años para la redacción de una nueva ley de Coparticipación Federal de Impuestos.

Pero, desde la puesta en vigencia de la nueva Carta Magna nunca hubo un intento en el Congreso de la Nación referido a la cuestión de marras. Ningún legislador o conjunto de ellos, y menos el Poder Ejecutivo, presentó proyecto alguno para una nueva norma.

La morigeración por ley de la polémica resolución Nº 125 será un paliativo más: vía reintegros, los productores pequeños y medianos recibirán compensaciones. Pero en cuanto a la provincia en sí, las retenciones seguirán siendo de manejo nacional, con el agravante de las facultades que el Congreso ha delegado en el jefe del Gabinete de Ministros.

Como muestra vale un caso: la presidenta Cristina Fernández ha dicho que se enviaron a Santa Fe, en el período comprendido entre 2002 y 2007, 42.000 millones de pesos, en tanto que la provincia tiene contabilizados sólo 18.000 millones de pesos por coparticipación y otras asignaciones específicas. Nadie ha podido explicar todavía adónde fue la diferencia.

Discrecionalidad

Con el actual sistema fiscal, los dineros de las retenciones vuelven a las provincias con la discrecionalidad de los premios y castigos pero sin la organicidad que otorgan las normas. Para que el lector tenga una idea de cuánta plata es la transferida por la provincia a la Nación, además del monto consignado por las retenciones, cabe informar que por los impuestos coparticipables se contribuye con 6.000 millones de pesos más. Entre uno y otro concepto, más de 10.000 millones de pesos salen de la provincia, un monto similar a su presupuesto correspondiente a este año.

Algunos ejemplos pueden graficar las palabras. Si a Santa Fe volviera sólo un 10 % por año de los 1.600 millones de dólares en retenciones, se habría podido hacer ya la autovía a San Francisco sin necesidad de destinar el crédito del Banco Mundial; o se habría podido construir el Nuevo Puerto Regional Santa Fe, o el nexo vial que reclama el norte santafesino con Corrientes, o dar un destino, un futuro diferente y digno para quienes se encuentran actualmente con sus Necesidades Básicas Insatisfechas.

El gobernador habla de "un federalismo invertido", de "una centralidad agobiante"; ha marcado como una debilidad del sistema político al "hiperpresidencialismo" presente en el país y ha dicho mucho más en documentos que se han firmado desde la provincia y en declaraciones a los medios con repercusión nacional. Sin embargo, el cuadro sigue igual.

Paradógicamente, en la Argentina, las provincias exhiben actitudes distintas: aquellas que son receptoras de partidas nacionales no quieren que nada cambie. En tanto, aquéllas como Santa Fe que son altamente aportantes al gobierno nacional, consideran que debe debatirse un nuevo esquema de recursos entre la Nación y las provincias que normatice los retornos.

Los reclamos judiciales de las provincia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben estar muy bien fundados porque es difícil que el máximo tribunal resuelva "en abstracto". Si el Congreso aprueba las retenciones por ley, los Estados federales quedan sin un sólido argumento de defensa.

¿Qué se ha hecho?

En la provincia el tema se estudia muy a fondo pero no hay decisión sobre un planteo ante el máximo tribunal.

En tanto, con respecto a recursos fuera de las retenciones que adeuda la Nación a las provincias, los caminos que se siguen son diferentes. A un conjunto de deudas que suman 843 millones de pesos se lo ha previsto resolver dentro del régimen de mutuas acreencias y compensaciones que, cada tantos años, se dispone entre el Estado nacional y provincial.

Pero además, la administración de Hermes Binner ha detectado otros 700 millones de pesos de una diferencia de coparticipación que originariamente estaba destinada a un Fondo de Autarquía de la Afip. Por un decreto nacional de 2001 se dispuso que se extrajera de la masa de coparticipación una partida para capacitación del personal. Santa Fe ha solicitado a la Comisión Federal de Impuestos que emita una resolución interpretativa y que, si lo cree conveniente, declare ese decreto en pugna con la ley de Coparticipación Federal.

Igualmente, se han detectado diferencias en lo que corresponde al impuesto sobre los créditos y débitos en las cuentas bancarias (impuesto al cheque) del que sólo se coparticipa un 30 por ciento. Esta ley vence en diciembre de 2008 y lo que se plantea es que, de seguir vigente esta contribución, se coparticipe en un 100 por ciento. La diferencia por año en coparticipación para la provincia está en el orden de los 500/600 millones de pesos. Igualmente ocurre con los ATN, donde a Santa Fe se le extrae entre 80 y 90 millones por año y recibe 5 millones.

Asimismo, habría otras materias impositivas que están bajo la lupa, e incluso el aporte que hace Santa Fe al financiamiento del régimen de seguridad social nacional, que es mucho dinero. Las extracciones de la masa coparticipable contempladas en distintas leyes y decretos comenzaron en la década del "90 con los pactos fiscales y se profundizaron en 2002. En el corriente año, por estos aportes a la Anses, la provincia deja de recibir unos 1.600 millones de pesos.

El organismo previsional pasó de ser deficitario a superavitario, lo que significa que no se encuentra en emergencia. Todos estos conceptos están siendo estudiados pormenorizadamente por la Casa Gris y bajo la actuación de la Fiscalía de Estado. Cabe señalar que en algunos reclamos de Santa Fe, la Nación ha presentado recursos de queja ante la Corte nacional que debe expedirse.

Faltó un "Pacto de la Moncloa"

Pero el interrogante va más allá. ¿Cómo abordar desde la política o el reclamo judicial o desde ambos a la vez, la injusticia de esta exacción de fondos tan pronunciada para Santa Fe? Córdoba, aunque con gobierno justicialista, tiene una postura diferenciadora del gobierno nacional y así va a votar una importante mayoría de sus legisladores cuando hoy viernes o la semana próxima, el proyecto llegue al recinto de la Cámara Baja de la Nación.

Santa Fe tiene divididos a sus legisladores nacionales: unos son contrarios a la resolución Nº 125 y no la votarán , en tanto que otros la aprobarían con modificaciones. Algunos justicialistas como Jorge Obeid, Walter Agosto o Ariel Dalla Fontana, entre otros, pelearon por mejores condiciones para los pequeños y medianos productores dentro del bloque. También Alejandro Rossi lo está haciendo desde otra esquina dentro del planteo de la Nación. Pero lo que no se ha visualizado es un entendimiento de todos los legisladores por Santa Fe, unidos detrás de una misma postura.

Políticamente es difícil lograrlo. Tanto Carlos Reutemann como Jorge Obeid tuvieron sensibles diferencias con Hermes Binner: el socialismo que encarnan quienes actualmente ocupan la Casa Gris, ha sido el adversario más riesgoso para el Partido Justicialista o quizás el único dentro de la provincia.

Desde el punto de vista de un enfoque partidario, era como una utopía pensar que estos legisladores pudieran responder a la invitación de Binner cuando reunió al Consejo Económico Social ampliado en pleno paro del campo y del transporte. Tampoco desde el gobierno provincial hubo gestos hacia Obeid cuando, por ejemplo, se inauguraron obras públicas que lo tuvieron como iniciador.

Desde una perspectiva estratégica, lo lógico hubiese sido que pensando en la continuidad del Estado y en el presente y futuro de la provincia, se habría alcanzado un entendimiento entre oposición y oficialismo en el más alto nivel Äesto se visualizó en el Senado y parcialmente en DiputadosÄ pero no hubo "una cumbre" que reuniera a Binner, Obeid y Reutemann para consolidar a partir de ellos y hacia Buenos Aires, un esquema de acción en común. Es muy conocida la posición del actual senador nacional, quien además ha bregado por el reconocimiento de regalías por el uso del suelo, al modo de las que reciben las provincias petroleras.

La política se construye generando puentes y, como le reclama Binner a Cristina Fernández, con grandeza. Aquella que debe caracterizar a los hombres de Estado, que piensan y actúan más allá de sus intereses personales o partidarios.