Desde lugares distintos y por motivaciones diferentes, Daniel Carubia, presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia (STJ) y el director del Servicio Penitenciario provincial (SP) Horacio Pascual, se refirieron a las declaraciones de la psicóloga que denunció en el juicio que se realiza a José Luis Cote Freccero, que en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná es grave el consumo de drogas, psicofármacos y alcohol. En tal sentido, ambos funcionarios coincidieron en que se debe investigar la situación.

En principio, Pascual negó enfáticamente que “se esté suministrando medicación en exceso o por medios que no corresponden a los reclusos de la Unidad Penal Nº 1 de Paraná” y agregó: “Creo que habla desde un desconocimiento total, simplemente busca distraer la atención con relación a la causa”.

Pascual informó que Freccero recibe medicación que le fue recetada “en el hospital Roballos, y por una orden judicial no se le puede dejar de proveer; está siendo atendido por un psiquiatra y por una psicóloga privada, que debe ser esta profesional”.

Además sostuvo, tal vez sin tener en cuenta que el defensor oficial adelantó que con los alegatos pediría que se ordene una investigación, que “si ella hace la denuncia como corresponde ante la Justicia, pondremos a disposición todos los elementos de prueba que tenemos con relación a la prestación del servicio”.

Por su parte Carubia expresó: “La denuncia que se ha formulado en este proceso me sorprende por la claridad de la misma y la especialización de la profesional que la hace. Seguramente será un tema que merecerá una investigación”.

Evaluó además que “el Ministerio Fiscal estará al tanto del tema y ejerciendo la acción pertinente para investigar si esto realmente sucede en la forma en que se dijo”.

Carubia explicó que “cada unidad penal cuenta con su equipo médico que hace las recetas de la mediación que consume cada interno y que le proporciona el Penal” y añadió: “Si hay consumo de otro tipo de droga seguramente habrá que investigarlo y ver cómo llega para consumo de los internos”.

“Es posible que suceda”

El vocal recordó, consultado acerca de antecedentes que se pueden hallar en Tribunales, que “aquí, en alguna oportunidad, en alguna defensa el defensor habría hecho mención de una circunstancia similar pero en una expresión genérica que no apuntaba a casos concretos, puntuales, que no pudieron deslindar responsabilidades porque no pudo precisar que se tratara de un caso concreto de consumo de drogas o psicofármacos”, aunque dejó abierta la posibilidad: “De todos modos es posible que esto esté sucediendo y la expresión de esta profesional es muy fuerte y merece una profunda investigación para ver de qué se trata”.

Por su parte Pascual expresó: “Nos extraña sobremanera que emita esta opinión (la psicóloga) sin conocer los medios y los métodos con los que se trabaja en la UP, donde se desempeñan numerosos profesionales que tienen que ver con la Psicología, la Psiquiatría, junto a médicos clínicos en general quienes monitorean y llevan adelante el control y la asistencia médica de la salud de toda la población de la UP de Paraná”.

Con respecto a la administración de psicofármacos, señaló que “el Servicio Penitenciario ha contratado a profesionales farmacéuticos que tienen control estricto, y como en cualquier farmacia, si es para la provisión de un psicofármaco tiene que ser con receta archivada firmada por el facultativo que receta el medicamento y el nombre del paciente”.

Por último Pascual volvió a negar “terminantemente la posibilidad de que se dé lo que manifiesta la psicóloga, está la prueba de que somos una institución que lucha permanentemente contra la posibilidad de que se pueda ingresar psicofármacos o bebidas alcohólicas, las pruebas las tiene la Policía y los medios de la Justicia a donde concurrimos habitualmente con denuncias por las requisas en las que se detectan estos elementos prohibidos”.