HISTORIA OCULTA DEL ESPÍA
Quique, el extorsionador
El año pasado, Barcos fue condenado por la justicia bonaerense a cinco años de prisión efectiva por el delito de extorsión. Lo denunció un empresario de la construcción de Tres Arroyos en 1996 y tras varias dilaciones judiciales, la Corte Suprema le confirmó la condena. Era delegado normalizador de la Uocra cuando ocurrieron los hechos por los que terminó sentenciado.
05.03.2010 | 02:24 hs. · Autor: Héctor M. Galiano · Fuente: Notife

Horacio “Quique” Barcos tenía como destino la cárcel. La denuncia de la bibliotecóloga santafesina Amalia Ricotti en 2006 aceleró los tiempos. De una u otra forma, las rejas iban a formar partes del paisaje cotidiano del ex PCI a sueldo del Ejército.


Barcos fue condenado por la justicia bonaerense a 5 años de prisión efectiva por el delito de extorsión en perjuicio de un empresario de la construcción que lo denunció en noviembre de 1996, harto de las exigencias y aprietes del hombre que hoy comenzará a ser juzgado en el Tribunal Oral de Santa Fe, en esta oportunidad, por acontecimientos más aberrantes: el secuestro, la privación ilegal de la libertad y los tormentos que tuvieron como víctimas a Ricotti y su ex esposo, Alberto Tur, en 1978. (Ver nota central).


La denuncia contra “Quique” la formalizó el empresario de la construcción Luis Mario Arrupe, en abril de 1996. Dedicado a la construcción de silos, Arrupe se instaló en Tres Arroyos para construir las estructuras de depósito. Ese mes, se presentó en su oficina comercial quien fuera designado delegado normalizador de la Uocra de Tres Arroyos, Horacio Barcos. “Quique” lo citó en el gremio y de arranque le pidió $ 2.000. El empresario pagó. Desconocía que el calvario se iba a prolongar.


Cuando no iba a pedir personalmente dinero, el ex PCI del Ejército, mandaba a un integrante del sindicato. En noviembre de 1996, el mismo Barcos se llegó hasta la oficina comercial de Arrupe, en la calle Dean Funes 1230, y exigió una colaboración de $ 600 para pagar el teléfono del gremio. Algunos días después, el entonces delegado de la Uocra reclamó más plata. La empleada de la firma constructora se negó y Barcos no se quedó quieto. Lo encontró a Arrupe en los primeros días de enero en una estación de servicio y volvió a pedirle plata. El empresario volvió a negarse y entonces recibió la visita en su oficina de un hombre que se presentó como Mario Rodolfo Muñoz, “Inspector de Uocra, Capital Federal”. Sin credencial y sin revisar ninguno de los documentos de la empresa informó que la constructora debía pagar por supuestas irregularidades la suma de $ 48.000. El inspector trucho el sugirió a Arrupe que hable con Barcos, para consensuar una salida. “Quique” informó que “no podía hacer nada, que venía de arriba” (la exigencia) y que “haría todo lo posible para solucionarlo”. Bastaron un par de horas para que Barcos hago su oferta: pidió $ 12.000 para terminar con la persecución del gremio aclaró: “pagálo, pero no hay recibo”.


Desbordado por la situación, Arrupe se comunicó con los inspectores de la Uocra en Capital Federal y con los del ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. En ambos lugares le negaron que el supuesto inspector Muñoz sea integrante del gremio. Es más, el 12 de agosto de 1996 fue despedido de la Uocra, donde revistaba como colaborador, “por problemas internos”.


En su declaración testimonial ante la justicia, Arrupe señaló que “Barcos me pedía plata o amenazaba con pararme la obra, yo desconocía de qué manera, si me infraccionaban a través del ministerio o si me mandaba un matón”.


La justicia, tuvo como prueba un cheque que Arrupe extendió de supropia cuenta del Banco Comercial de Tres Arroyos y que fue cobrado por Barcos. En la causa, abundan los testimonios contra “Quique”. Algunos, directamente, lo definen como “un coimero”.


La condena contra el ex PCI fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires en noviembre de 2008. Barcos debía ir a la cárcel, lugar donde ya residía desde el 2007. Actualmente está preso en la Unidad Penal de Las Flores en Santa Fe, en el anexo del pabellón 3, donde duermen todos los imputados en causas vinculadas a la represión ilegal.