DERECHOS HUMANOS
Eran PCI del Ejército y fueron diputados por el PJ
El director de Investigaciones de la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe asegura que ex agentes del Batallón 601 se reciclaron en la política local. “La lista nos acerca a la verdad”, dice.
05.03.2010 | 15:42 hs. · Fuente: Revista Veintitrés
Pasaron 27 años de vida democrática hasta que Veintitrés reveló la lista de los integrantes civiles del Batallón 601. Y al salir a la luz, iluminó rincones que hasta ahora gozaban de las penumbras. Eso ocurrió en Santa Fe, donde diferentes nombres que figuran en el documento difundido por esta revista fueron identificados por funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos provincial como conspicuos personajes de la política local. Jorge Pedraza, director de Investigación y Reconstrucción de la Memoria Histórica, organismo dependiente de la secretaría, fue contundente: “Para la provincia de Santa Fe este listado es muy importante. Quedó descubierto que tres ex legisladores del PJ durante el período democrático cumplieron tareas en el Batallón 601: Enrique Vallejos, Oscar Roque Martínez y Julio Adelaido Ramos”.

Pedraza –abogado, militó en la JP-Montoneros y estuvo preso desde el año ’75 hasta noviembre del ’82– agregó: “Ramos fue diputado provincial y tiene una denuncia penal en su contra desde el año ’86. La causa está archivada. Nosotros sabíamos que estuvo relacionado a los servicios de inteligencia pero no teníamos la prueba, el dato puntual, de que estaba en los listados del Ejército. Ahora lo tenemos, sabemos quiénes son y qué hicieron. La lista nos acerca a la verdad. Por eso, a raíz de la publicación pedimos al Ministerio de Defensa y al Archivo General de la Memoria el listado completo para certificar lo que aparece en el documento e incluirlo como una prueba de cargo muy importante en esa denuncia”.

–¿Por qué cree que recién después de 27 años de democracia se pudo revelar la lista del personal de inteligencia del Batallón 601?

–Porque es un tema tabú, como lo fue siempre todo el tema del terrorismo de Estado, que se intentó mantener en secreto para que no hubiera pruebas. Se instrumentó el amedrentamiento colectivo, la paz de los cementerios. La palabra “desaparecido” no sólo hace referencia a los militantes que fueron secuestrados, torturados y asesinados. También tiene una connotación más amplia: que no quede registrado nada de lo que se hacía en aquellos años terribles. La revelación de los agentes de inteligencia del 601 es importantísima, pero por ahora solamente son los PCI militares y civiles del Ejército. Si bien esa fue la fuerza más importante del terrorismo de Estado en términos generales a nivel nacional, aún faltan los listados de la Fuerza Aérea y la Marina. Y en Santa Fe se avanzó poco también en el tema de la Policía Federal.

–¿Cómo repercutió este documento en Santa Fe?

–Me llama la atención que a una semana de publicado el documento de la revista ningún político importante de la provincia hiciera declaraciones sobre el tema. ¿Qué pasa? ¿Tienen miedo de decir algo porque pueden verse comprometidos con el compañero de trabajo?

–¿A quién se refiere?

–Los agentes de la dictadura se reciclaron en la administración pública, como sucedió en el primer gobierno de (Jorge) Obeid. El jefe de policía de su primera gestión fue el fallecido Nicolás Correa, el cerebro del Ejército que reunía información de la militancia en la zona centro-norte de la provincia. Era el actor más importante de la fuerza en la provincia. Se lo conocía como “Tío Nicola”, era la voz gruesa que se escuchaba en las torturas. Estaba procesado por decenas de asesinatos. Y en su segundo mandato, Obeid ubicó al teniente coronel José Bernhardt en el área de Defensa Civil. Bernhardt, a quien el entonces gobernador conocía de su ciudad natal, Diamante, ya había sido asesor en la secretaría de la gobernación de Carlos Reutemann (1999/2003). Este militar ingresó en el ’82 en la Central de Inteligencia del Batallón 601, en Callao y Viamonte. No tiene una imputación penal concreta. La acusación es política hacia Obeid por haberlo elegido a él, conociendo su rol durante la dictadura. Para llegar al edificio de Callao y Viamonte en el ’82 había que tener bastantes méritos. Él había actuado en una zona de frontera. A estos hombres que figuran en la lista publicada se suma el teniente coronel Rodolfo Riegé, que tiene imputaciones por varios homicidios y fue secretario de Seguridad Pública de Reutemann.

–¿Considera que el silencio tuvo complicidades durante el período democrático?

–Sí. Además de los tres ex legisladores de Santa Fe, yo quería destacar el fuerte compromiso de los dirigentes de aquella época con los militares, que la primera lista de diputados nacionales del PJ en el año ’83 –que encabezó Sobrino Aranda– se hizo en el Comando del Segundo Cuerpo del Ejército, en Rosario, en presencia del general de división Juan Carlos Trimarco. Esta impunidad en la provincia se vio reflejada en el robo de expedientes de la Conadep en el ’84, hecho que nunca se esclareció. Otro acontecimiento que muestra esta complicidad política es la designación del juez federal Víctor Brusa, en el año ’91. Brusa acaba de ser condenado a 21 años, en la primera condena que hay en Santa Fe por terrorismo de Estado.

–¿La transición democrática sirvió de excusa para que personal de las Fuerzas Armadas se reciclara?

–La transición democrática se hizo con la condición de que no se revisara el pasado. Costó tanto, que recién hoy, después de 27 años de democracia, un gobierno tuvo el coraje de revelar públicamente estos nombres. Los medios de comunicación por lo general no lo quieren difundir porque cuando empezaron a hacerlo hace algunos años, hubo algunas denuncias penales invocando la ley de Inteligencia y los amedrentaron. Desde la secretaría hicimos una investigación profunda y constatamos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no puede constituir delito el hecho de revelar este tipo de secretos militares porque no atentan contra la seguridad de la Nación sino que, por el contrario, ayudan a correr el velo de la impunidad. Es indispensable que esta información tome estado público para que jueces y fiscales realicen una investigación integral de aquellos años.

–¿Qué otros miembros del Batallón 601 están acusados por crímenes durante la dictadura en Santa Fe?

–Tulio Ramón Pradolini. Era gremialista de Vialidad provincial. Integraba la dirección general de informaciones de Santa Fe y era de los que procesaba la información en el ’73. Formaba parte de los grupos de tareas. Tuvo un problema con el Ejército en el ’78 y se fue a Buenos Aires. Después descubrimos que pasó por la Policía Federal. Y ahora nos enteramos que era personal civil del Ejército. Ya lo hemos nombrado en los expedientes por delitos de lesa humanidad en Santa Fe. Y esperamos que sea llamado por la Justicia. Está acusado de formar parte de todo el andamiaje de los grupos de tareas en la ciudad de Santa Fe. Otro de los nombres que aparece –de quien ya teníamos la referencia de su paso por el Batallón– es Horacio Américo Barcos. Era un gremialista de la UOCRA y está acusado de torturar a un matrimonio en el ’78. El viernes 5 de marzo empieza el juicio en su contra. Su caso muestra la complicidad de algunos sectores gremiales con el terrorismo de Estado.

–¿Cree que ahora, a pesar de los obstáculos que marcó, estamos más cerca de revelar toda la verdad de lo sucedido en aquellos años?

–Sí. En el 2003 hubo una decisión política de dejar de lado las amenazas de cerrar todos los juicios y se desbarató una maniobra del ex presidente Eduardo Duhalde en ese sentido. Esta estrategia involucraba a la Corte menemista, a un sector del PJ y a uno de la Iglesia que buscaban a través de un fallo de la máxima autoridad judicial ratificar la validez de las leyes de la impunidad para “hacer la reconciliación”. Kirchner abortó esta maniobra y lanzó su política de derechos humanos. El secreto de los operadores de inteligencia era una rémora del terrorismo de Estado que algún día había que concluir. Felizmente se está terminando con esto haciéndolo público