16 MIL POLICÍAS DEBEN ELEVAR SU DECLARACIÓN JURADA

A ritmo acelerado la Subsecretaría de Seguridad Pública santafesina está recogiendo por primera vez las declaraciones juradas de todo el personal policial de la provincia, unos 16 mil efectivos. El decreto Nº 18, que el gobernador Jorge Obeid firmó a horas de asumir, el 11 de diciembre de 2003, obliga en forma inédita a cada uno de los miembros de la planta a entregar un detalle de su patrimonio y el de su cónyuge (antes la obligación quedaba reservada para funcionarios de jerarquía). En consecuencia, se allanará el trabajo de Asuntos Internos en materia de investigación de enriquecimientos ilícitos. Además los datos serán publicados en la página web del gobierno provincial.+

Ayer en el ámbito de la Unidad Regional II se trabajaba contra reloj para completar los formularios, distribuidos a todos los uniformados santafesinos, por triplicado, veinte días atrás. Un comisario aseguró que el plazo tope para la entrega vence pasado mañana.

Según explicó el subsecretario de Seguridad, Alejandro Rossi, la característica más sobresaliente de la nueva metodología es que comprende a “toda la tropa y no sólo a los jefes (quienes ocupan cargos de conducción, con responsabilidad de mando) y que se exigen los bienes en efectivo (cuentas bancarias)”. Otra novedad es que la información arribará a la Escribanía de Gobierno en una carpeta anillada y no en un sobre lacrado, como hasta aquí se hizo. Una alta fuente de Asuntos Internos explicó que así los investigadores ahorrarán trámites burocráticos a la hora de los controles, porque ya no tendrán que aguardar la existencia de una denuncia o de una autorización para conocer el contenido de los documentos: éstos estarán a disposición de todos los ciudadanos en Internet, en la dirección www.santafe.gov.ar a partir de marzo.

Rossi, encargado de recoger los datos en toda la provincia, ponderó las declaraciones juradas masivas aunque no hizo eje en los beneficios que acarreará para Asuntos Internos, “que ya tiene instrumentos legales para hacer investigaciones autónomas”, sino en el hecho de que “representa un mecanismo de control popular de la vida policial”.

El decreto del Poder Ejecutivo modifica la reglamentación del artículo 28º inciso i) de la norma ley 6769/72, conocida como del Personal Policial. Allí se establecía la presentación de las declaraciones, aunque, comentó un comisario principal, la obligatoriedad se interpretaba sólo para los jefes. En cambio, el nuevo instrumento legal no deja lugar a dudas. El artículo 1º expresa que “el personal policial deberá prestar declaración jurada de sus bienes patrimoniales y los gananciales de su cónyuge dentro de los diez días de haber asumido sus funciones, individualizando cada uno de ellos con estimación de sus respectivos valores. Quedan expresamente incluidos el jefe y subjefe de la Policía de la provincia, miembros de la plana mayor policial, director de Drogas Peligrosas, jefes de las Unidades Regionales de la fuerza, miembros de la Guardia Rural Los Pumas, de la Escuela de Policía de la provincia, de la Escuela Superior de Policía y de la Dirección General de Institutos”.

En Asuntos Internos calificaron a la medida como “excelente” y –al igual que Rossi– admitieron que si bien será dificultosa la confección de la primera megabase de datos y luego más sencilla la actualización, el principal efecto es que podrán despejarse “dudas” respecto de la situación de algunos funcionarios.

“Partimos de la versión del personal, suponiendo que dice la verdad. Si no lo hace, por otra parte, incurre en un delito”, abundó el vocero consultado.

“Hay muchos suboficiales cuyo nivel de vida nos genera curiosidad”, continuó. “Como no tenían la obligación de dar cuenta de su patrimonio se hacía más difícil el control. Cuando queríamos investigar debíamos hacer pedidos de informes a oficinas públicas, que a veces no tenían la respuesta aceitada y pronta que la pesquisa requiere”, concluyó, con la expectativa de “cotejar esta documentación con mucha información que ya tenemos”.

La medida provocó cierta inquietud en las filas policiales, al menos en Rosario, donde deben entregarse más de cuatro mil formularios. Según contó un jefe, hubo dudas y consultas sobre los datos a volcar y también temor por la difusión de detalles que se consideran de la esfera privada.

En Asuntos Internos, por el contrario, fueron taxativos: “Somos funcionarios y por tanto estamos sometidos al control de la población, que nos delega la función de la seguridad pública”, declaró una alta fuente con contundencia, justificando los resquemores de los últimos días en “la falta de costumbre”. Por lo pronto, el artículo 5º del decreto de Obeid es un estímulo para concretar el trámite. Allí dice que “si vencido el plazo para la presentación de las declaraciones juradas o sus actualizaciones anuales el personal policial obligado a ello no las hubiere presentado o actualizado, se suspenderá el pago de sus retribuciones hasta el cumplimiento de tal requisito”.

En conjunto, se esperan 16 mil declaraciones juradas, incluso de aquéllos que temporariamente no están en ejercicio de funciones, por licencias especiales, por ejemplo. Los formularios se entregaron por triplicado para que el interesado se quede con un ejemplar, otro vaya a su legajo y el tercero se eleve a la Jefatura de Policía provincial.

La recolección, dijo Rossi, se hará de arriba hacia abajo. Es decir, primero los jefes, que por estas horas están entregando sus materiales, hasta completar con “todos y cada uno”.

Bienes policiales a la luz por decreto

En octubre pasado, a dos meses de dejar sus cargos, el ex gobernador Carlos Reutemann y su ministro de Gobierno Carlos Carranza enviaron a la Legislatura un proyecto de ley para ampliar las facultades de Asuntos Internos en materia de investigación de casos de enriquecimiento ilícito de policías. La iniciativa contemplaba como complemento un decreto reglamentario de la declaración jurada patrimonial del personal. La propuesta se conoció en un contexto de sospechas de enriquecimiento irregular de los jefes de la Federal y la Bonaerense. En lo referido a declaraciones juradas, pretendía que fueran anuales y extensivas a todos los oficiales al frente de dependencias policiales. En ese sentido, el decreto de Obeid es superador porque abarca a toda la planta, independientemente de la jerarquía de sus integrantes.