60 CASAS USURPADAS FUERON DESALOJADAS

Desde ese fatídico 29 de abril, cuando la crecida del río Salado arrasó con fuerza los barrios del oeste, la ciudad “seca” debió cobijar de un día para el otro a decenas de miles de damnificados. La desesperación de quienes lo perdieron todo los llevó hasta ocupar viviendas ajenas.

Muchos propietarios dieron su consentimiento, considerando la magnitud de la catástrofe, y otros no. El 13 de mayo la Policía realizó el primer desalojo, y a partir de entonces suman alrededor de 60 los operativos realizados por la fuerza policial, por orden expresa de la Justicia.
Teniendo en cuenta ese número, se puede arriesgar que al menos hubo el triple de casas y locales vacíos usurpados por autoevacuados en distintos puntos de la ciudad.

Los procedimientos se dieron con mayor frecuencia en las jurisdicciones de las Seccionales I y II, es decir, en el centro y sur de Santa Fe. Pero en general se repitieron por todo el ejido urbano y en las inmediaciones, así como en Santo Tomé.

El problema tiene dos caras. Por un lado, el temor de los propietarios de que algunos echen mano al recurso de la necesidad para quedarse indefinidamente en sus inmuebles, lo que los llevó a pedir el desalojo. Del otro lado, están las familias cuyas viviendas o ranchos quedaron destrozados, no tienen empleo ni posibilidad alguna de reparar su hogar o procurarse otro techo.

Uno de los tantos casos es el de Nora Delia Velázquez, quien el jueves fue desalojada de una casa deshabitada que ocupaba en Villa California. Es una de las tantas evacuadas que buscó refugio en una propiedad ajena. En un principio, el dueño no puso resistencia, pero a dos meses y medio de la emergencia quiso recuperar su propiedad para la venta.
Ese día, Nora no estaba en la casa. Debió llevar de urgencia a uno de sus 7 hijos al hospital. El resto de los chicos daba vueltas por el lugar al cuidado del padre y un familiar de la mujer, mientras la Policía concretaba el procedimiento.

Los pocos bártulos que tenían _colchones, ropa, un sillón viejo y una mesa con dos sillas_ quedaron en la vereda. “Ella no tiene dónde ir. El agua le llevó el rancho que tenía en Santa Rosa de Lima, y todavía ni siquiera cobró los $ 1.200. A un centro de evacuados no quiere, porque con tantos chicos la convivencia es difícil”, dijo el familiar de la mujer.
Por qué se quedan

Si bien es cierto que un gran número de ocupantes ilegales regresó por voluntad propia a sus hogares cuando bajó el agua, algunas familias continúan aún hoy usurpando las propiedades.

En una vieja casona ubicada en la esquina de Lisandro de la Torre y Saavedra viven unas 5 familias del barrio 12 de Octubre. Hasta hace 15 días eran menos, pero el grupo se amplió porque algunos fueron emplazados a salir de los locales que ocupaban a una cuadra de allí.
De todas formas, “ya vino el dueño de esta casa y nos dijo que en diez días nos tenemos que ir”, contó Elba Campos, madre de 6 chicos.
Las familias dijeron a El Litoral que todavía permanecen alojados en ese inmueble porque algunos de sus hijos son alérgicos, y no pueden regresar a sus casas por la gran humedad que persiste. Otra de las habitantes comentó que a su vivienda se le cayó una pared y que está a la espera del subsidio del gobierno para poder repararla.

Todos los que allí se alojan tienen problemas para cobrar los $ 1.200 porque los censistas “se equivocaron el número de la casa”, o porque “somos dos familias viviendo en un mismo terreno y nos quieren pagar como una”, contó la gente. Ante el pedido del dueño no les quedará otra que regresar como sea a su barrio.

A pocos metros de allí, en un supermercado abandonado de Juan de Garay al 3300, todavía viven dos familias de las nueve que había. Son del barrio Alfonso y las que pudieron volver, lo hicieron. Las demás justificaron su larga ocupación del local porque sus hogares están destruidos. Recién cobraron el subsidio y aseguraron que, en cuanto terminen los arreglos de sus viviendas, dejarán el inmueble. El propietario también los emplazó a salir, a través de la inmobiliaria.

Historias de dolor

La empleada doméstica Gladys Aquino es una mujer de aspecto frágil. Tiene tres hijos y su casa, en el barrio Villa del Parque, quedó destrozada. “Vivo en Padre Catena al 4100 y de tanto que pasaban las lanchas por el lugar, quedaron todas las paredes rajadas”, contó.

Si bien sus vecinos, que junto a ella usurparon unos salones de Junín al 3500, regresaron al barrio, Gladys le pidió al dueño un poco más de tiempo. “No quiero volver a vivir ahí hasta que arregle la casa y esté seca y limpia”, dijo.

Uno de sus hijos, de 11 años, sufrió efectos traumáticos con la inundación. “Está todo el día acostado, triste, y a veces dice que quiere regresar al barrio y otras veces me pide por favor que no volvamos”, relató, con el ánimo devastado. Igual saca fuerzas de donde sea para que sus hijos salgan adelante.