A 18 MESES DE IMPUNIDAD LAS DENUNCIAS VAN AL CONGRESO NACIONAL

La Comisión Investigadora no gubernamental que investiga las nueve muertes que se produjeron en la provincia de Santa Fe el 19, 20 y 21 de diciembre de 2001 presentará hoy en el Congreso de la Nación un informe en el que se detallan “las irregularidades cometidas por la policía y la Justicia” que obstruyeron el desarrollo de la investigación en las causas abiertas en los tribunales provinciales.

Los integrantes de la comisión se reunirán con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y posteriormente darán una conferencia de prensa en la que expondrán el resultado de la investigación que la comisión llevó adelante en forma independiente a la Justicia.

Entre las denuncias que se escucharán en el Congreso, la Comisión adelantó que se mencionará que “muchos de los testimonios obtenidos no están siendo incorporados a las causas judiciales” y que “los responsables políticos de la represión, el gobernador, Carlos Reutemann, el ex secretario de Seguridad, Enrique Álvarez y el ex jefe de la policía, José Storani, no fueron hasta ahora citados a declarar como sí lo fue el ex presidente De la Rúa”.

El presente informe resume las principales irregularidades y omisiones cometidas por los tres poderes santafesinos y aspira a lograr el apoyo de los legisladores nacionales para avanzar en la investigación. El texto también llegará a manos del secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, que ya se comprometió a recibirlo y a arbitrar medios para colaborar con la comisión.

El informe señala, además, su preocupación ante la falta de mérito dictada en varias causas en las que hay graves irregularidades. Y destaca que, por el contrario, los funcionarios que tuvieron responsabilidad en los hechos como Álvarez y Storani, fueron ascendidos a cargos en el gobierno nacional.

“Álvarez ocupa un puesto la Side nacional y Storani tiene un cargo relacionado con la seguridad provincial en el Ministerio del Interior”, denunciaron. Los miembros de la Comisión denunciarán que “en Santa Fe están comprometidos los tres poderes del Estado”. En cuanto a las fuerzas de seguridad, el informe señala que “tuvieron una política de encubrimiento directo de las acciones ilegales y una falta de colaboración y de inducción a errores hacia el Poder Judicial”.

A su vez, los integrantes de la comisión denunciarán que “el Poder Judicial cometió serias irregularidades e ineficiencias en las investigaciones llevadas adelante por parte de los juzgados penales intervinientes –Instrucción 13 y Correccional 2da–, y por parte de las sala 4ta de la Cámara de Apelaciones”.

“Hubo investigaciones que quedaron meses en las manos de la policía, sin que se advirtiera en los expedientes un control jurisdiccional directo, lo cual ha impedido recolectar las pruebas necesarias para conocer la verdad de los hechos sucedidos”, señala el informe . En cuanto al poder político, advierten que “no hay una voluntad política del Ejecutivo provincial –que impidió la conformación de una comisión investigadora legislativa– y que se evidencia en la «neutralidad» con la que tolera la forma en la que la policía obstaculiza las investigaciones judiciales”.

Una lista de graves irregularidades

La Comisión Investigadora no gubernamental denunciará irregularidades cometidas por la Justicia y la policía, según surge de su propia tarea de investigación. Entre las acusaciones contra la policía se cuentan, entre otras, la alteración y/o modificación del escenario de los hechos; la recepción de testimonios por parte de personal de las propias comisarías involucradas; testigos aportados y/o individualizados por personal de las propias seccionales comprometidas en los homicidios investigados, y producción de otras medidas probatorias por parte de las mismas jurisdicciones de la fuerza implicadas. También se menciona la desobediencia a las instrucciones prevencionales dictadas por el propio juez de instrucción; aparente falsificación de pruebas, como testimonios o actas policiales; amenazas e intimidación a familiares de las víctimas y a testigos; fabricación de causa penal a la víctima y la falta de información al juez de instrucción de la totalidad de las seccionales policiales que intervinieron en los hechos. Se señala la ausencia de conducción judicial de la totalidad de las investigaciones, las que en algunos casos quedaron por meses en manos de la policía y sin un control jurisdiccional directo; la falta de investigación de presuntos delitos o faltas administrativas, cometidas por el personal policial; la demora u omisión de realizar medidas probatorias como pericias sobre armas, reconstrucciones, declaración de testigos, careos, etc; resoluciones casi exclusivamente fundadas sobre la base de las investigaciones realizadas por la policía y los dichos de los propios imputados.