A 90 DÍAS DEL INCENDIO EN CABALLITO HAY 503 TALLERES CLAUSURADOS

Hace tres meses, un incendio en un taller textil de Caballito mató a seis inmigrantes bolivianos y dejó al descubierto una trama de explotación y mano de obra esclava. Ese día, en una visita al lugar del siniestro, el jefe de Gobierno Jorge Telerman, prometió que iba a desterrar el trabajo esclavo. Y el ministro de Producción, Enrique Rodríguez, dijo que iba a renunciar si en 90 días no terminaba con el trabajo en negro. Hoy, desde el Gobierno porteño admiten que queda mucho por hacer.

El 29 de marzo, una mujer, un adolescente y cuatro chicos murieron en un taller textil en Luis Viale 1269, donde trabajaban y vivían en condiciones infrahumanas. En la Justicia, todavía están tratando de determinar la causa del incendio. “Los dueños cerraron el taller y todavía no se los llamó a declarar —cuenta Gabriel Juricich, abogado de los sobrevivientes—. No hay imputados ni procesados”.

A raíz del incendio, se endurecieron los controles y, según la comunidad boliviana, unos 30.000 trabajadores quedaron en la calle. En estos tres meses, la Dirección General de Protección del Trabajo porteña realizó 1.700 inspecciones y 503 clausuras. Muchos de estos operativos fueron en conjunto con otras dependencias de la Comuna, que recibió 1.831 denuncias de vecinos e inspeccionó 936 talleres. De las 503 clausuras, 313 fueron por no cumplir normas de seguridad o higiene y el resto por trabajo en negro.

“Esto ha sido un golpe duro para la colectividad boliviana —afirma Isaac Laura Pari, presidente de la Asociación Coordinadora Integral de Talleres Textiles (ACITT)—. Las clausuras afectaron más a los talleres familiares. Unos 15.000 talleristas tuvieron que cerrar y unos 30.000 trabajadores se quedaron sin trabajo. La mitad se volvió a Bolivia”.

Las necesidades se contraponen. Por un lado, está la de los inmigrantes que precisan trabajar y lo hacen en talleres familiares que cosen para grandes marcas. Firmas que les pagan muy poco por prenda. Por otro lado, el Estado tiene la obligación de combatir el trabajo en negro.

“Todavía nos falta para terminar con el trabajo esclavo —admite el ministro Enrique Rodríguez, que sin embargo no se propone renunciar—. El balance de estos tres meses es muy satisfactorio, pero la batalla es permanente porque cierra un taller clandestino y abre otro. Se estima que hay 6.000 con no menos de 18.000 trabajadores”.

Pari dice que el Gobierno porteño se equivoca de enemigo. “El sistema de explotación sigue igual porque no se tocó a ni a los grandes talleres ni a los fabricantes que son los que regulan los precios y nos obligan a estar negro”. El presidente de ACITT, que agrupa a 70 talleres de hasta 20 empleados, dice que centenares se mudaron a Provincia para evitar clausuras.

Desde el Gobierno porteño aseguran que están haciendo un seguimiento de la ruta de la mercadería para llegar a las grandes marcas. “Si contratan un taller clandestino, también son responsables —dice Rodríguez—. Mientras, estamos trabajando junto a la embajada de Bolivia para organizar a los trabajadores en cooperativas y que usen las maquinarias que se decomisan”.

Uno de los primeros en denunciar a las grandes marcas, fue el presidente de la Cooperativa de Trabajo La Alameda, Gustavo Vera. “Las clausuras apuntan a cuestiones de higiene y seguridad, pero no se fijan en el hacinamiento y el tráfico de personas. Denunciamos a 50 firmas e investigamos a otras 15. Ninguna fue sancionada”.

En 2005, la defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Pierini, denunció ante la Justicia federal la existencia de una mafia que explotaba a los trabajadores bolivianos en la industria textil. Pero está parada porque ningún juez quiere hacerse cargo.

Por su parte, el Gobierno boliviano sacó un decreto para facilitar los trámites que los bolivianos deben hacer para cumplir con los requisitos del Programa argentino de Regulación Migratoria “Patria Grande”. Fuentes del Ministerio de Derechos Humanos revelaron que, en el último mes, 86.000 extranjeros iniciaron el trámite y 15.000 ya obtuvieron su residencia precaria, con la que pueden trabajar en blanco.