A CINCO MESES DE LA MASACRE DE CORONDA

A cinco meses de la masacre en la Unidad I de Coronda que dejó el saldo de 14 reclusos asesinados, todavía sobrevuela allí el recuerdo de la tragedia, a pesar de que penitenciarios e internos intentan retomar el ritmo habitual que precedió al último 11 de abril.

El miércoles de la semana pasada se llevaron a cabo dos reuniones con delegados de las alas sur y norte del penal, con el fin de retomar mecanismos que canalicen las demandas de los detenidos, el primer paso para recomponer el espacio de diálogo que se estaba construyendo antes de la matanza.

En ambos encuentros estuvieron representantes del Servicio Penitenciario (SP), además de integrantes de la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC), organización que desde hace tiempo impulsa transformaciones en las condiciones de la vida intramuros. “Si bien alentamos los cambios y asumimos que existen intenciones claras para detener cualquier nueva situación de violencia, remarcamos que se deben modificar las condiciones de encierro y levantar la disciplina estricta que todavía rige en algunos pabellones”, afirmó Antonio Tesolini, quien además se refirió a cierto estancamiento de la investigación que impide identificar a los verdaderos responsables de la matanza. “La Justicia aún no citó a varios detenidos que fueron testigos de los hechos”, remarcó.

En cuanto al sumario administrativo que se inició a nivel interno con el fin de determinar lo que verdaderamente ocurrió y así deslindar responsabilidades entre los guardiacárceles, el director del SP, Fernando Rosúa, indicó que la etapa sumaria ya finalizó y se espera el informe de Asuntos Jurídicos de ese servicio para luego elaborar el dictamen final que estará a su cargo y que sigue un curso independiente de la investigación judicial. “No queremos ni interferir con la Justicia ni adelantar opiniones”, dijo el funcionario y luego agregó: “Pero tenemos que destacar que por primera vez en la historia del penal se permitió la declaración de detenidos y no sólo de empleados penitenciarios, como habitualmente ocurre en este tipo de sumarios”. En esa línea, declararon 23 miembros del SP y tres internos que lo hicieron en forma voluntaria, además de las inspecciones oculares, registros fotográficos e informes médicos que se aportaron en el expediente administrativo.

Por otra parte, la causa penal se tramita ante el Juzgado de Instrucción Nº 7 de Santa Fe, a cargo de Jorge Patrizi. Hasta el momento, el magistrado procesó a 14 detenidos por los delitos de homicidio y privación ilegítima de la libertad –resoluciones luego apeladas y que actualmente se encuentran en la Cámara Penal–, aunque no se apuntó culpabilidad sobre ninguno de los integrantes del SP que sí fueron señalados como responsables, ya sea por acción u omisión, tanto en informes elaborados por la CTC como a través de denuncias efectuadas por los propios testigos alojados en los pabellones. En ese sentido, no trascendió si la Justicia se expidió sobre los dos guardiacárceles que fueron tomados como rehenes ya que, un mes después de la masacre, uno de ellos culpabilizó a su compañero por haber permitido que “todo continúe”; tampoco de la responsabilidad de un alcaide apuntado como “facilitador” de la matanza. La versión oficial, desde un principio, insistió con que se trató de una venganza por la muerte de un detenido santafesino –ocurrida horas antes de la masacre–, como corolario de una vieja rencilla entre internos oriundos de Rosario y de la capital provincial.

“Nos preocupa que el ex director de la cárcel Oscar Mansilla siga ocupando un cargo, dentro de la plana mayor, y que no se haya avanzado en las responsabilidades institucionales de los funcionarios”, afirmó Tesolini, quien cuestiona el “estancamiento” de la investigación. “Es imprescindible que se den garantías para que finalmente no se instale la impunidad”, afirmó el integrante de la CTC.

SEGUIR ADELANTE A PESAR DE TODO

La toma de dos guardias como rehenes y la irrupción de presos en los pabellones impares de la Unidad I que derivó en la matanza de catorce internos rosarinos –doce murieron en el acto quemados o degollados y otros dos, días más tarde, como consecuencia de las heridas sufridas– es una pesadilla difícil de olvidar para la mayoría de los hombres que presenciaron la masacre. “Todos están pensando en la idea de seguir adelante, a través de las actividades, el trabajo y los proyectos que se ponen en marcha”, es la observación que hacen tanto miembros de la CTC como autoridades del penal.

Con el objetivo de que paulatinamente todo vuelva al ritmo previo al 11 de abril, también se acordó reabrir algunos espacios de diálogo para que los internos puedan canalizar sus demandas, algunas similares a las existentes en el momento previo a la matanza, y otras provocadas por el recrudecimiento de las condiciones de encierro que se impusieron luego; los traslados de los testigos a otras unidades penitenciarias o pabellones también formaron parte del cimbronazo, lo que afectó aún más la vida intramuros.

Para el director interventor de la cárcel, Jorge Bortolozzi, el reinicio de las reuniones entre delegados que comenzó el primer miércoles de este mes constituye un paso importante en la construcción de una mejor convivencia entre los 1.231 hombres que se alojan en la unidad. “Hicimos dos reuniones con delegados de las alas norte y sur, con la inclusión de los pabellones Nº 1, 3, 5, 7, 9, 2, 6, 8, 10 y 12. En el marco de esos encuentros en los que estuvieron integrantes de la CTC, los internos manifestaron sus carencias y necesidades, algunas de fácil solución y otras que demorarán más tiempo”, informó el funcionario. Se estima que a principios de octubre se efectuarán plenarios similares, aunque desde la organización de derechos humanos se redobla la apuesta: reanudar la Mesa de Diálogo con la inclusión de todos los delegados, y garantizar las reunión previa con representantes por ala, tal como se venía realizando antes de la masacre. Tesolini también rescató el esfuerzo que en los últimos meses “hicieron voceros y delegados ante cualquier provocación o intento de generar algún hecho violento”. En esos casos se efectuaron intervenciones directas que fueron propiciadas por los presos “más antiguos” y delegados que estuvieron atentos y supieron comunicar cualquier situación imprevista para desactivarla. “Si bien hay avances consideramos que hay que profundizar esa política”, remató.

Desde el 11 de abril, las autoridades del penal modificaron los horarios de visita, impusieron una disciplina mucho más estricta en los pabellones y aumentaron la cantidad de horas de encierro, entre otras medidas ordenadas para garantizar la seguridad interna. “Cuando nos reunimos todos cayeron con los reclamos de siempre y, además, pidieron que se activen los viejos mecanismos que hay dentro de la cárcel. Porque tampoco se cumplen la apertura y cierre de pabellones y algunos tienen dificultades para el acceso al trabajo, la escuela y otras actividades”, dijo Tesolini, quien luego recordó que “tanto el pabellón 12 como el 7 siguen teniendo una disciplina muy estricta”. Por otra parte, el militante resaltó como positivas algunas experiencias piloto que se llevan adelante, como el incremento de las plazas laborales, las celebraciones del Día del Niño y otros festejos, o la futura incorporación de un pabellón para estudiantes.

“INOPERANCIA DEL ESTADO DONDE TIENE PLENO PODER”

El responsable de la Comisión de Estudios Carcelarios del Colegio de Abogados de Rosario, Daniel Cuenca, afirmó que la matanza ocurrida el 11 de abril en la Unidad I de Coronda dejó al descubierto “la inoperancia del Estado en un lugar donde tiene pleno poder, donde debe cuidar de las personas y, sin embargo, esa inoperancia provocó que perdieran la vida”. El profesional está trabajando en un pedido de informes que la semana próxima el colegio profesional elevará al interventor del penal, Jorge Bortolozzi, con la intención de “conocer los avances de la investigación administrativa” que se inició para analizar la actuación de los miembros del Servicio Penitenciario en la masacre. “La cárcel no puede ser un reemplazo de la pena de muerte”, afirmó el abogado penalista quien, además, es docente de la Facultad de Derecho de la UNR, la UCA e investigador de problemáticas carcelarias.

En junio, Cuenca e integrantes de la comisión directiva del Colegio de Abogados se presentaron en la Unidad I para interiorizarse sobre la situación del penal luego de la masacre y pedir explicaciones a las autoridades sobre el avance del sumario administrativo. “En esos momentos ya se habían realizado traslados e intercambios de presos entre los distintos pabellones y se habían puesto en marcha medidas de seguridad”, señaló el letrado, para luego aclarar que durante la entrevista que mantuvieron con Bortolozzi se les advirtió que la investigación recién estaba en su etapa inicial. Al no obtener ninguna respuesta posterior, los profesionales determinaron requerir informes por escrito.

“En los hechos ocurridos el 11 de abril quedó clara la irresponsabilidad del Estado, porque es mucha gente que mataron ante los ojos del Servicio Penitenciario”, expresó Cuenca. Para el letrado, “el Estado no puede tener un status de desprecio por la vida del ser humano equivalente al que mató, al que delinquió”, y también criticó al gobierno provincial por “la quietud de más de 20 años en materia carcelaria”, a pesar de que rescató la gestión de Fernando Rosúa a cargo del SP.

CÁRCEL FEDERAL A FOJA CERO

El Ministerio de Planificación Federal de la Nación anuló la preadjudicación de proyectos por más de 300 millones de pesos para la construcción y equipamiento de tres cárceles federales en el país, entre las que se encontraba una para la provincia de Santa Fe, a radicarse en Coronda. El proceso licitatorio había comenzado en 2003 y continuó bajo el paso de Gustavo Béliz y Horacio Rosatti por el Ministerio de Justicia de la Nación. La cancelación dispuesta, según informaron fuentes oficiales, no fue por irregularidades sino por la mala ejecución del proceso evaluatorio por el que se preadjudicaron los contratos. “La licitación fue pobre”, dijeron las fuentes al matutino porteño Clarín, que publicó ayer la noticia y que advirtió sobre “sospechas” despertadas a lo largo de todo el proceso. La cárcel federal de Coronda estaba valuada en 50 millones de pesos y había sido preadjudicada a Eleprint SA y Emaco SA.