A LA CAZA DEL EMPLEO EN NEGRO
Antes que sancionar a los empresarios, Ércoli prefiere que registren a los trabajadores.
Al cabo de más de un centenar de inspecciones realizadas en los últimos veinte días en distintas zonas de Rosario, la Secretaría de Trabajo de la provincia de Santa Fe constató que aproximadamente un 15 por ciento de los trabajadores de las empresas inspeccionadas no está debidamente registrado. Desde la dependencia que conduce Oscar Ércoli se informó también que son numerosas y permanentes las denuncias telefónicas que dan cuenta de la existencia de empleados en negro o en situaciones irregulares disfrazadas a través de pasantías, facturación como autónomos o registros a través de cooperativas de trabajo.
Además, Trabajo adelantó que las inspecciones, impulsadas en todo el país por el gobierno nacional, continuarán en los próximos días, a pesar de que el personal es escaso. Y Ércoli remarcó que el objetivo es apelar, más que a las sanciones, a la “buena predisposición” de los empleadores para que los trabajadores en negro sean debidamente registrados.
“Una vez concretadas las inspecciones y labradas las actas correspondientes nosotros convocamos a los empleadores para constatar la situación de los trabajadores entrevistados por los inspectores. Si el empleador no presenta la documentación que establezca que no hay irregularidades se instruye un sumario y después se aplican las multas que corresponden. Pero el objetivo principal es que los trabajadores no registrados se registren, y se tiene en cuenta si hay buena predisposición de las empresas en ese sentido”, señaló Ércoli para explicar el espíritu de las inspecciones.
El titular de Trabajo comentó también que, de acuerdo con lo que le informaron desde el Ministerio de Trabajo de la Nación, las inspecciones de la cartera nacional detectan un nivel de trabajo en negro del 30 por ciento del personal de las empresas, es decir el doble de lo que se detecta en Rosario. Pero señaló que uno de los motivos de esa diferencia es que los inspectores nacionales actúan sobre empresas sospechadas de altos niveles de trabajo en negro a partir del cruce de información con bases de datos de la Administración Federal de Impuestos. En Rosario, en cambio, los inspectores van tomando distintas zonas de la ciudad y recorriendo las empresas que encuentran.
Silvia Traverso, titular de Trabajo de la provincia a nivel local, destacó la cantidad de inspecciones realizadas a pesar de que el personal dedicado a esa tarea no se incrementó: “En Rosario tenemos seis inspectores que no sólo se dedican a esto sino también a todas las actividades de siempre, como las inspecciones por cuestiones de horarios, de higiene y seguridad del trabajo o por denuncias de los sindicatos; y están trabajando mañana, tarde y noche”, destacó, a la vez que explicó que, después de las inspecciones, los agentes que realizan esa tarea se ocupan también de la verificación de la documentación que presentan las empresas.
Respecto de las denuncias que reciben por vía telefónica, López indicó que se intenta responderlas “de acuerdo con las posibilidades” operativas de la Secretaría. Y señaló que muchas de las denuncias llegan de localidades del interior, por lo que no se descarta que los inspectores de Rosario comiencen a viajar para reforzar la labor de sus pares de las delegaciones más pequeñas.
Seguro para los beneficiarios de planes sociales
El gobernador Carlos Reutemann promulgó la ley N° 12.129, que autoriza al Estado provincial a contratar seguros de responsabilidad civil a favor de los beneficiarios del programa Jefas y Jefes de Hogar. La norma aprueba un decreto anterior, que permitió que el gobierno ya contratara los seguros desde el año pasado en forma directa, a la espera de la ley que encuadre la situación y permita llamar a licitación pública. Es que quién se hacía cargo del seguro para los beneficiarios del Jefas y Jefes de Hogar fue un tema de discusión cuando el programa de asistencia laboral se lanzó a comienzos del año pasado. La flamante ley también autoriza al Estado a contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de siniestros que pudieran darse sobre los beneficiarios en el desarrollo de sus tareas.
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