A LA ESPERA DE LA DECISIÓN MÉDICA, LA MADRE DE LA JOVEN DISCAPACITADA REITERA EL PEDIDO DE ABORTO

La madre de una joven de 25 años discapacitada y embarazada por violación ratificó hoy su decisión de solicitar que se someta a su hija a un aborto para interrumpir la gestación del feto, que ya lleva 12 semanas, según informó en Mendoza el abogado Dante Vega.

Esa misma fuente indicó a su vez que el Comité de Bioética del Hospital Militar, el lugar donde la madre de la joven solicitó que se realizara la intervención, “no ha resuelto hasta el momento si acepta o no realizar la operación”.

En tanto, el ministro de Salud mendocino, Armando Calletti, encabezó hoy una reunión de funcionarios del área “a la espera del informe del Comité de Bioética del hospital público ‘Luis Lagomaggiore’ para poder concretar, en el marco legal, la intervención abortiva lo antes posible”, informaron voceros del gobierno mendocino.

Vega aclaró a su vez que la madre de la discapacitada embarazada “no es abortista, pero en este caso pide el aborto para su hija porque de seguir su embarazo puede perder la vida”. “Por eso gestiona que se le practique la intervención”, indicó.

En tanto, la justicia mendocina recibió hoy una presentación de representantes de dos ONG locales que buscan impedir el aborto de la joven con el ofrecimiento de hacerse cargo del futuro bebé.

La joven embarazada padece un severo retraso mental asociado al síndrome de Lennox-Gastaut y recibe medicación desde los cuatro años como parte de un tratamiento que no puede interrumpir.

El 7 de agosto la joven fue trasladada por su madre hasta el Hospital Militar debido a su retraso menstrual y allí se comprobó que tenía en ese momento un embarazo de diez semanas.

La madre de la chica presentó una denuncia de violación ante la oficinal Fiscal de las comisarías Luján de Cuyo y Maipú, que investiga el caso.

Luego sus abogados patrocinantes hicieron una presentación ante el titular del Juzgado de Familia Gerardo Ferrer, para practicarle un aborto a la mujer.

Los profesionales fundamentaron la petición en el artículo 86 del código penal, que contempla la interrupción del embarazo en el caso de que provenga “de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”.