¿A LOS RESPONSABLES POLÍTICOS QUIÉN LOS INVESTIGA?

Los familiares de las víctimas del 19 y 20 de diciembre de 2001 están al borde de la denegación de justicia en la provincia. Lo denunció la Comisión Investigadora No Gubernamental de diciembre trágico, a tres años de la sangrienta represión policial que dejó siete muertos y un tendal de heridos en Rosario.

“Lo que pasa en Santa Fe es muy grave”, dijo Lilian Echegoy, convencida de que ya está abierto el camino para llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Un ping pong judicial que ya lleva dos años y medio en el que intervinieron cuatro jueces -dos de Rosario y otros tantos de Santa Fe‑, varios fiscales, las cámara penales y hasta la Corte Suprema de Justicia de la provincia con un fallo paradigmático: los policías de la represión se investigan en Rosario pero los funcionarios políticos en Santa Fe.

* 24 de abril de 2002. El juez Osvaldo Barbero (Instrucción 13ª, Rosario) inicia una investigación de oficio sobre la responsabilidad de los funcionarios en la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001. (causa Nº 413/02 Personal policial s/omisión de deberes de funcionario público”).

* 25 de abril. La Comisión Investigadora No Gubernamental presenta otra denuncia con el mismo objetivo: que investigue a los funcionarios políticos y policiales por las órdenes que impartieron y sus consecuencias: siete muertos y un tendal de heridos en Rosario.

* 12 de junio. Barbero indaga a tres comisarios: los jefes del Comando Radioelétrico, Orden Público y Logística de la Unidad Regional II por “no haber transmitido órdenes en forma adecuada” y “no haber dado pautas claras de acción sobre el uso de armas y municiones”.

* 3 de julio. Un cuarto comisario queda en el banquillo. Barbero indaga al jefe de Operaciones Policiales por las fallas en “los operativos destinados al mantener el orden público y el control de los disturbios del 19 y 20 de diciembre de 2001”.

* 5 de julio. La fiscal Elida Rivoira dictamina la “incompetencia” de Barbero para tramitar la causa que -a su criterio‑ debe pasar al juez Correccional en turno (Juan José Alarcón).

* 29 de julio. Rivoira pide que se investigue una denuncia pública de Apropol sobre la falta de pertrechos para controlar la crisis y se remita copia al juez Correccional de Santa Fe (Roberto Reyes).

* 2 de agosto. Barbero se declara incompetente y envía la causa el juez Alarcón (Correccional 2ª, Rosario).

* 3 de diciembre. Alarcón dicta la “falta de mérito” de los cuatro comisarios indagados por Barbero. “No es posible hacerlos responsables por la falta de pertrechos” o “la incorrecta transmisión de órdenes”. “El Ministerio de Gobierno no emitió directivas de ninguna índole, ante los acontecimientos, así que mal puede atribuirse (a los policías) un incumplimiento de órdenes que jamás existieron”, dijo Alarcón. Y desdobló la causa: se quedó con el expediente de los comisarios y remitió copias al juez Roberto Reyes (Correccional 8ª, Santa Fe) para que investigue a los funcionarios del gobierno de Carlos Reutemann.

* 9 de diciembre. La fiscal Rivoira apela la falta de mérito de los cuatro comisarios, pero el expediente se diluye. El 31 de diciembre, el fiscal de Cámara Nº 2, José María Peña, desiste de la apelación. El 5 de febrero de 2003, la Cámara Penal de Rosario confirma la falta de mérito y el 14 de marzo, Alarcón dicta el sobreseimiento definitivo. Una causa que se cierra.

* 31 de diciembre. Sigue el ping pong entre Rosario y Santa Fe. Reyes rechaza la competencia para investigar a los funcionarios políticos y devuelve el expediente al juez Alarcón.

* 8 de julio de 2003. La Corte Suprema de la provincia dirime el conflicto, pero divide la competencia territorial: a partir de ahora, los policías se investigarán en Rosario y los políticos en Santa Fe. Reyes queda a cargo entonces de la causa que involucra a los amigos de Reutemann.

* 21 y 24 de octubre. Reyes indaga al ex ministro de Gobierno, Lorenzo Domínguez y al ex subsecretario de Seguridad Pública, Enrique Alvarez por la supuesta falta de pertrechos para reprimir en los días de furia en Rosario.

* 4 de noviembre. Reyes dicta la falta de mérito de Domínguez y Alvarez. Y retruca al juez Alarcón aquello de que “mal puede atribuirse a los jefes policiales el incumplimiento de órdenes que jamás existieron”. “Entiendo -dice Reyes‑ que los comisarios deben tener la suficiente preparación y entrenamiento para no necesitar instrucciones especiales ante los eventos que se producían de un médico como el entonces ministro de Gobierno, Domínguez o de un licenciado en Ciencias Políticas como el subsecretario Alvarez”.

* 18 de diciembre. Familiares de las víctimas recusan a Reyes y piden participar en el proceso como actores civiles.

* 9 de febrero de 2004. Reyes rechaza la recusación. Pero considera el escrito de los familiares y su insistencia para que investigue las órdenes como una denuncia de un “hecho distinto e independiente” del que se ventiló en la causa de los pertrechos. El fiscal Ricardo Favaretto formula el requerimiento de instrucción y el expediente vuelve a Rosario, pero el juez Alarcón lo manda al archivo (expediente 675/04). Otra causa que se cierra.

* 23 de marzo. La Sala IV de la Cámara Penal de Santa Fe rechaza la recusación al juez Reyes. Sin embargo, considera el ping pong judicial como “una situación preocupante” y ordena investigar a los responsables políticos de la represión de diciembre trágico. El fallo lleva la firma de los camaristas Julio de Olazábal, Daniel Amadío y Elvio Franchini.

* 7 de abril. Reyes se excusa con el argumento de que ya adelantó opinión. Pero vuelve a desdoblar la causa: conserva la parte de los pertrechos y remite copias a su colega Alicia Doldán (Correccional 1ª, Santa Fe) para que se ocupe de la pesquisa sobre las órdenes.

* 24 de abril. Doldán no acepta la excusación de Reyes, pero la Sala IV aparta al magistrado por considerar que adelantó opinión sobre lo que será materia de la causa: investigar sobre las órdenes y el plan operativo.

* 23 y 26 de julio. Doldán indaga a Domínguez y Alvarez. Y toma declaración informativa al ex jefe de Policía de la provincia, José Storani y al ex jefe de Policía de Rosario, Jorge Pupulín.

* 3 de diciembre. Familiares de las víctimas apelan ante la Sala IV una resolución de Reyes que rechazó la posibilidad constituirse como actores civiles y ser parte en el proceso contra Domínguez y Alvarez.

Ordenes. Reyes conserva la parte de los pertrechos y remite copias a su colega Alicia Doldán (Correccional 1ª, Santa Fe) para que se ocupe de las órdenes.