A nueve años de la desaparición de la familia Gil, la Policía realizó nuevas excavaciones

Efectivos policiales realizaron un procedimiento en un establecimiento lindero a donde habitó la familia Gil. El operativo se realizó en las últimas horas, en las cerca de la estancia La Candelaria. La familia de José Rubén Mencho Gil, compuesta también por su esposa Norma Margarita Gallego, de 26, y sus cuatro hijos, María Ofelia de 12, Osvaldo José de 9, Sofía Margarita de 6, y Carlos Daniel de 3. La medida fue dispuesta por el Juzgado de Instrucción de Nogoyá, y obedece a un dato que aportó la parte querellante en la causa. Este miércoles, el procedimiento consistió en la inspección de tres aljibes ubicados en la zona aledaña a la estancia La Candelaria, propiedad de Alfonso Goette, donde trabajaba y vivía el grupo familiar.

El abogado querellante de la familia Gallego, Maximiliano Navarro, dijo a la prensa que la medida dispuesta por el Juzgado de Instrucción de Nogoyá obedece a “un dato que aportamos nosotros a partir de un comentario que le llega a mi clienta con respecto a la posibilidad de que en unos pozos ubicados en una estancia aledaña a La Candelaria hubiera sucedido algo o podría existir algo que sea de interés para la causa”. El abogado de Nogoyá aclaró su intención de no generar falsas expectativas a casi diez años de la desaparición, pero acotó que “tenemos que hacer todos los aportes que sean conducentes a un resultado positivo. Y eso fue lo que hicimos, volcarlo a la causa, y el juez entendió que era útil hacer allí un vaciado y revisar los pozos”.

Policías y bomberos zapadores, requisaron tres aljibes, pero hasta el momento no habría resultados positivos de la búsqueda, publicó El Diario.

Navarro fue crítico con la labor del juez Sebastián Gallino por los magros avances en la investigación de la desaparición de una familia completa: “arranca mal porque se tendrían que haber realizado las diligencias en forma urgente dentro de los primeros meses en todos los lugares cercanos o linderos que tengan conexión con el establecimiento” se quejó el querellante, que calificó a la labor de jueces, fiscales y policías como “un fracaso. Estamos ante uno de los hechos más graves de la historia argentina en el derecho penal común: acá desapareció una familia completa”.