A PESAR DE LA CONDENA, ROSSI PODRÁ CONTINUAR EN EL CARGO

La Sala II de la Cámara del Crimen resolvió ayer condenar a Domingo Daniel Rossi a tres años de prisión condicional y a ocho de “inhabilitación absoluta” para ejercer cargos públicos, por encontrarlo “autor material y responsable del delito de Enriquecimiento Ilícito en el Ejercicio de la Función Pública”. De todos modos, el intendente de Santa Elena consideró que puede “seguir en el cargo”, porque el fallo aún no está firme, ya que se anunció la apelación.

Además, Rossi deberá pagar una multa de 90.000 pesos, las costas del proceso, y observar reglas de conducta por un período de tres años. Esto último, comprende que deberá desarrollar tareas comunitarias no remuneradas en Santa Elena, en una institución a determinar, durante dos horas semanales también por el plazo tres años.

El tribunal integrado por Jorge García, Raúl Herzovich y Silvia Nazar hizo pública a las 9.50 la parte resolutiva de la sentencia, y el martes 20 a las 20 leerá los fundamentos.

Este fallo constituye una instancia más de un proceso que comenzó hace nueve años y tiene final abierto, puesto que –como adelantó el propio condenado y su abogado defensor– recurrirán la sentencia, primero en Casación y posteriormente, de considerarlo necesario, presentarán un recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En el punto primero de la resolución, el tribunal rechazó los pedidos que interpuso la defensa cuando planteó la nulidad de todo lo actuado respecto de la requisitoria fiscal de elevación a juicio y de la inconstitucionalidad de la figura bajo la que se procesó a Rossi, dos puntos en los que la defensa hizo hincapié durante todo el proceso oral y público.

En otra decisión, el fallo ordenó remitir al fiscal en turno las declaraciones testimoniales que oportunamente brindaran en la etapa de Instrucción de la causa, Gerardo Ormaechea y el diputado nacional del Partido Justicialista Carlos Daud. Las testimoniales serán evaluadas por el ministerio fiscal para determinar si se incurrió en el delito de falso testimonio. En el caso de Ormaechea, que se desdijo de su declaración inicial, lo que seguramente deberá determinar el fiscal será en cuál de las dos instancias –la instrucción en el juzgado de La Paz o el testimonio en la instancia oral en Paraná– el testigo faltó a la verdad. Mientras que en el caso de Daud se deberá comprobar si es verdad que aportó 1.500 pesos mensuales durante 10 meses cuando Rossi recaudaba fondos para las distintas campañas políticas que encabezó.

ASÍ LO VIO ROSSI

Inmediatamente después de conocer la sentencia, el intendente de Santa Elena expresó ante la prensa su visión del proceso y del fallo que lo encontró culpable: “Se demostró durante el juicio mi absoluta inocencia; pero de todos modos el tribunal interpretó en contra”. No obstante la sentencia, Rossi sostuvo: “Vamos a ver los considerandos. Hablar ahora es prematuro”.

En relación a los próximos pasos a seguir, adelantó que va a preparar la apelación; y expresó respecto a su continuidad al frente de la intendencia de Santa Elena, que “no estando firme la sentencia uno puede seguir estando a cargo”, aunque agregó: “De todos modos voy a evaluar si posiblemente presento la renuncia. Es tema de evaluación”.

Consultado acerca de si se sintió abandonado por el poder político respondió: “No sé si me abandonaron, eso es tema de evaluación. Es muy prematuro hablar en este momento”. En ese sentido sostuvo que no recibió ningún llamado de sus pares políticos porque “he tenido cerrado mi celular”.

Después de esas breves declaraciones, Rossi salió y encabezó una nueva marcha junto a sus simpatizantes por las calles de Paraná, como lo hizo durante todas las jornadas del juicio oral y público.

LA VISIÓN DE LA DEFENSA

El abogado defensor, Julio Federik, que se mostró visiblemente contrariado por el fallo, disparó: “En primer lugar esto es parte de una batalla. De una batalla judicial en una causa política”. En segundo lugar se dirigió a los simpatizantes de Rossi, a quienes tranquilizó diciendo: “Sepan que vamos a recurrir esto, que no está dicha la última palabra, que la gente tiene que mantener la tranquilidad”, y les explicó que “ha sido la posición de este tribunal y ésta no es definitiva. Quedan dos instancias: el Superior Tribunal y si fuese necesario la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Federik no adelantó opiniones de la sentencia, en virtud de que aún no se conocen sus fundamentos. En ese sentido sostuvo: “Para saber si tienen peso (los rechazos del tribunal a sus planteos de nulidad) tengo que escuchar los fundamentos. Mientras tanto tengo plena confianza en la entidad y la fuerza de mis planteos. Este tribunal no les hizo lugar, veremos qué opinan otros”.

Con relación a las sospechas que deslizó Rossi en la última jornada de los alegatos, respecto a alguna influencia del poder político respecto del pedido de sentencia de los representantes de la Oficina Anticorrupción y de Ética Pública, Federik expresó: “Yo discuto exclusivamente con los tribunales”.

ACUSACIONES CRUZADAS TRAS FALLO A ROSSI

Conocida la sentencia a Rossi, el ex senador radical Juan Ghiano sostuvo que esa condena “que se suma a las otras de (Mario) Yedro y (Oscar) Mori por actos de corrupción muestra cómo estos ex funcionario del corazón del poder, todos amigos y hombres de confianza de (Jorge) Busti, usufructuaban los dineros públicos en beneficio propio, lo que significa todo un síntoma”, explicó.

Y agregó: “Este fallo da derecho a pensar sobre la posible veracidad de la denuncia hecha pública hace algunos meses por el escritor Mario Benedetti contra Busti por el supuesto pedido de coimas, en referencia a la instalación de las papeleras, toda vez que el gobernador no ha cumplido con la obligación constitucional de iniciar la querella, acción que los entrerrianos estamos esperando como corresponde para garantizar la confianza en nuestro gobernantes”, agregó.

Al cruce de Ghiano salió el diputado justicialista Adrián Fuertes, quien sostuvo que el dirigente radical es “un fiel exponente de la vieja política”, que siempre “trata de destruir y nunca propone nada en beneficio de la comunidad entrerriana”.

Acerca de la afirmación de Ghiano sobre que “los amigos de Busti usufructuaban dineros públicos en beneficio propio”, señaló que “con el mismo criterio, tendríamos que pedir que también se lo investigue a él, ya que tiempo atrás el juez de Instrucción Jorge Barbagelatta procesó al ex gobernador Sergio Montiel y los ex ministros, de Gobierno, Fermín Garay, y de Economía, Oscar Verón y Osvaldo Cepeda. Todos ellos fueron dirigentes de un gobierno del cual Juan Ghiano participó con un silencio cómplice”.

El ex senador radical debería “estar siendo investigado por los mismos delitos por los cuales son investigadas estas personas”, aseveró Fuertes. “Cada vez que veo un comunicado de Ghiano en un medio periodístico es siempre con una crítica, una denuncia infundada, nunca con una propuesta constructiva”, concluyó.