A PESAR DEL MIEDO, SAN PABLO VUELVE LENTAMENTE A LA NORMALIDAD
San Pablo parece querer retomar poco a poco su ritmo habitual. Después de cuatro días de ataques atribuidos a la organización criminal Primer Comando de la Capital (PCC) –que dejó unos 155 muertos- las fuerzas de seguridad mantienen la atención tras haber lanzado anoche una serie de operaciones que dejó un nuevo saldo de al menos 30 muertos. Por su parte, funcionarios paulistas admitieron que hubo conversaciones, pero negaron haber concretado un acuerdo con el líder de la organización para poner fin a la ola de violencia.
Asimismo, los medios brasileños informaron esta tarde que una conferencia secreta del director del Departamento Investigación del Crimen Organizado (Deic) de San Pablo, Godofredo Bittencourt, fue vendida por un empleado legislativo a dos abogados presuntamente vinculados a los miembros del PCC. En dicha audiencia se mencionó el traslado de los narcos a otras cárceles, motivo que habría detonado la ola de violencia en el estado brasileño.
Bittencourt y el jefe de la policía civil, Rui Ferraz Fontes, dieron una charla secreta en el Parlamento sobre el crimen organizado. En esa reunión, estaban presentes dos abogados que representan a integrantes del PCC, según se informó. Los jefes policiales pidieron que los letrados fueran sacados de la sala para disertar en secreto. De todas formas, las conversaciones fueron grabadas y vendidas a Maria Cristina de Souza y Sérgio Wesley da Cunha, quienes habrían elevado la información a Marcos Camacho, líder del PCC.
Al ser advertido de los traslados, Marcola habría dado la orden de iniciar una ofensiva. En solo cuatro días, más de 200 puestos policiales y soldados fueron atacado, y una 155 personas murieron en el estado paulista. Los abogados del líder del PCC obtuvieron la información tras sobornar a un empleado contratado por la Cámara de Diputados, identificado como Arthur Vinicius Silva, quien confesó haber pasado la información secreta tras recibir unos 200 reales. Ahora, las autoridades analizan pedir los arrestos de los letrados.
Si bien la abogada de Souza negó la versión, fuentes legislativas afirmaron que los ataques se desencadenaron después de que fueran difundidas en las cárceles declaraciones secretas prestadas por jerarcas policiales ante una comisión del Congreso. Por su parte, el empleado acusado confesó haber vendido la grabación con las declaraciones de la conferencia después de haber sido contactado por los abogados de Marcola.
Traslados. El jueves último, 765 presos fueron trasladados a la cárcel de Venceslao, 620 kilómetros al oeste de San Pablo. El viernes ocho líderes fueron llevados al Departamento de Investigaciones sobre el Crimen Organizado, al norte de esa ciudad. Entre ellos estaba el líder del PCC, Marcos Willians Herba Camacho, o Marcola, que el sábado fue trasladado a la cárcel de Bernardes, a 600 kilómetros al oeste de la capital paulista, una de las de máxima seguridad del país.
El PCC. El Primer Comando de la Capital fue creado en agosto de 1993, y consiguió superar a los principales carteles de Río. Surgió en la cárcel Casa de Custodia de Taubate, a 130 kilómetros de San Pablo. Su nacimiento se debió, según sus miembros, a la necesidad de “combatir la opresión dentro del sistema presidiario”. Había entonces un hecho que justificaba la declaración: la muerte de 111 presos, el 2 de octubre de 1992, en la cárcel de Carandirú.
La capital paulista, con sus más de 11 millones de habitantes, es el principal mercado de drogas brasileño. Este conflicto es el más grave de la historia del narcotráfico en ese país. Todo se habría desatado por un “desacuerdo” entre la facción y el gobierno del estado de San Pablo. Las autoridades habrían querido desarticular la fuerza del Primer Comando mediante el traslado de sus principales cabecillas a una prisión de máxima seguridad del interior.
El Líder. Marcos Camacho -o Marcola- tiene 38 años y pasó más de la mitad de su vida en la cárcel. Es el líder del PCC desde 2002 y uno de los delincuentes con mayor poder de todo San Pablo. En Brasil muchos conocen su nombre, pero casi nadie su rostro. Marcola no sólo evitó mostrar su cara, sino que también ocultó su voz. Los Policías y fiscales paulistas no pudieron oírlo jamás en más de 1.500 horas de escuchas telefónicas.
Su última condena a 44 años de prisión lo alejó de las calles, pero no del poder. Según las autoridades brasileñas, Marcola sigue al frente del PCC desde prisión. Siempre trabajó en silencio para atraer menos la atención, pero la escalada de violencia y su poder crecieron tanto que su silencio se vio superado. Dicen que tiene el cuerpo marcado de tantas peleas callejeras y de abusos sufridos en los Institutos de Menores donde estuvo alojado.
Cifras parciales:
– 155 muertos: 93 sospechosos, 40 policías, 18 presos y 4 transeúntes. La Secretaría de Seguridad sostiene que desde el viernes y hasta el martes murieron 71 presuntos criminales, 40 agentes policiales y cuatro civiles. Las autoridades penitenciarias daban cuenta de al menos 18 reclusos muertos.
– 281 ataques: 54 contra residencias de policías, 82 contra autobuses, 17 contra agencias bancarias y dos contra otros objetivos civiles.
– 73 motines carcelarios.
– 122 atacantes detenidos.
– 134 armas decomisadas: entre granadas, fusiles y ametralladoras.
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