A UN AÑO DEL HOMICIDIO, EL ASESINO DE SANDRA CABRERA ESTÁ EN LA CALLE
Pasó un año desde que mataron por la espalda a la dirigente local de las meretrices Sandra Cabrera. Desde entonces, la recaudación policial en relación a la prostitución se discutió públicamente como nunca, se disolvió la sección Moralidad Pública y tres fuerzas de seguridad se volcaron a investigar su muerte. Sin embargo, sus compañeras de Ammar la recordarán hoy en la marcha prevista para las 18 con las mismas proclamas que las movilizaron la primera vez: el fin de la extorsión policial, la derogación de los artículos del Código de Faltas que penalizan la prostitución y el esclarecimiento del alevoso homicidio. Como si el tiempo no hubiera pasado, la discusión que abrió su muerte continúa vigente. Y su crimen sigue impune.
Un año atrás la ciudad se sacudía con una noticia estremecedora: a días de denunciar un caso de corrupción policial, Sandra Cabrera, la secretaria general del gremio de las meretrices, había sido asesinada. Fue a dos cuadras de su casa, en un zaguán cercano a la Terminal de Omnibus, su zona de trabajo. Una mujer la encontró antes de las 9 de la mañana sobre las escalinatas de una vivienda de Iriondo 647. Tenía un tiro en la nuca.
Como referente de las meretrices rosarinas, Sandra Cabrera se caracterizó por un perfil combativo y de denuncia permanente que la llevó a acusar a cada policía que extorsionara una compañera. En su vida privada era objeto de las debilidades y contradicciones propias del mundo difícil en el que se movía. Vivía amenazada y con su casa bajo custodia. Pero cuando todas las sospechas apuntaban a la policía provincial la investigación enfocó su atención a otro ámbito: la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía Federal. Uno de sus oficiales, el oficial Diego Parvluczyk, fue hasta ahora el único sospechoso de peso en el expediente.
El uniformado, de quien Sandra era amante e informante, estuvo procesado como autor del crimen pero un tribunal dijo que no había pruebas suficientes en su contra. Con él quedaron en evidencia las relaciones turbias de la dependencia con narcos y el uso indebido del remanente de drogas secuestradas.
Esquema de corrupción
Así, la muerte de Sandra Cabrera cobró el mismo efecto de denuncia que caracterizó a la dirigente. Primero, porque puso definitivamente en discusión el esquema de explotación ilegal de la policía montado sobre prostitutas y prostíbulos a los que cobran canon para permitirles trabajar. Eso cristalizó con la derogación de la sección Moralidad Pública, que debía dedicarse justamente a perseguir esa práctica.
Su asesinato fue, además, el canal que convirtió en público otro negocio policial, el de Drogas de la Federal. Incluso aquello que Sandra callaba por ser un engranaje menor de ese circuito se convirtió, con su muerte, en materia de investigación.
Lo primero que exploró la investigación judicial sobre la muerte de Sandra fueron las denuncias que ella había presentado en sus dos años como secretaria general de Ammar. Sergio Bermejo, a quien había acusado de extorsión pocos días antes de su muerte, terminó preso por orden del juez de Instrucción Carlos Carbone. Lo imputaron de cobrarle 50 pesos por semana a una mujer para permitirle trabajar.
Con esa problemática en el centro de discusión, el gobierno dio entonces un golpe institucional al disolver Moralidad Pública, sección en la que históricamente anidaban focos de corrupción. Un mes más tarde, a Bermejo lo procesaban como recaudador de coimas de esa pulverizada sección. Así se cerraba la última denuncia que presentó Sandra, aunque no el expediente por su muerte.
El tramo decisivo llegó cuando el equipo multifuerzas de investigación -integrado por policías de Homicidios, Gendarmería y Asuntos Internos- centró su mirada en Parvluczyk. El juez Carbone terminó procesándolo al reunir una serie de indicios concordantes en su contra, si bien no halló ninguna prueba directa: el oficial estuvo con Sandra Cabrera esa madrugada, él mismo admitió que tenía una relación sentimental con ella y esa noche tuvieron relaciones sexuales. Fue el último en ser visto con la meretriz esa madrugada.
Doble amenaza
Para Carbone, la dirigente se había convertido en una doble amenaza para el oficial. Le generaba conflictos con su esposa -ella lo presionaba para vivir juntos- y con el jefe de Drogas Peligrosas, Alberto Lomonte. Los investigadores creían que el oficial mató a la líder de Ammar porque el romance entre ellos amenazaba desnudar la trama de corrupción de Drogas Peligrosas en Rosario.
Es que la fuerza, según acreditó la pesquisa, tenía una relación estrecha con narcos locales a quienes extorsionaba con operativos no autorizados. También se quedaban con parte de la droga secuestrada -que no consignaban en el sumario- para luego pagar a sus buchones, hacer sus propios negocios o inventar nuevos procedimientos. Ante este panorama, Lomonte terminó desplazado de la repartición y hoy se ignora su destino.
No obstante, al poco tiempo tres jueces superiores de la Cámara de Apelaciones dejaron libre a Parvluczyk. Los jueces Alberto Bernardini, Ernesto Pangia y Eduardo Sorrentino dijeron en noviembre pasado que el juez había valorado mal los indicios. Para ellos la evidencia fue insuficiente y el procesamiento se basó en conjeturas y especulaciones.
Así, se dio la paradójica situación de que un juez de Instrucción y un fiscal estuvieran convencidos de la responsabilidad de Parvluczyk, mientras un tribunal superior atacaba la investigación.
Ahora el oficial está libre y beneficiado por la falta de mérito, pero sigue ligado a la causa. Como aún no está desvinculado del proceso, el fiscal Ismael Manfrín pidió que lo citen a ampliar su indagatoria y a participar de una rueda de reconocimiento. Aunque será otro juez quien decida si instrumenta esas medidas. Como Carbone fue recusado por sus superiores a raíz de declaraciones que, según ellos, evidenciaban prejuzgamiento; ahora otro juez conducirá el proceso.
Su colega Alfredo Ivaldi Artacho deberá decidir si instrumenta esas medidas, aunque tiene poco tiempo a su favor. El que le concedan los términos legales antes de que Parvluczyk, por vencimiento de los plazos, esté en condiciones de exigir su sobreseimiento definitivo.
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