ABOGADOS EN CONTRA DE LAS PRESCRIPCIONES

El Colegio de Abogados de Rosario se expresó a favor de la decisión de la Corte Suprema provincial de investigar administrativamente siete sonados casos de corrupción que tras años de trámite prescribieron o están a punto de hacerlo. “Debería extenderse también a otras causas de trascendencia política y jurídica que han prescripto, porque no es posible que un juicio dure 10 o 15 años sin que finalmente se sepa si el imputado es culpable o inocente. Procesos más complicados como el de Nuremberg no demandaron tanto tiempo”, dijo Arturo Araujo, el presidente del directorio. A todo esto hoy la entidad definirá en una asamblea extraordinaria si participa del Plan Estratégico del Poder Judicial, lanzado a principios de mayo por los tres poderes públicos santafesinos para la reforma de la Justicia.

El 17 de mayo pasado el máximo tribunal abrió una instancia administrativa que constituye un paso previo a un eventual sumario interno para jueces y fiscales que hubieran cometido negligencias en la tramitación de emblemáticas causas. Por ejemplo, la estafa IBM-banco de Santa Fe, el cohecho de Fibraca, el fraude a la Caja de Jubilaciones y las operaciones ilícitas atribuidas al ex vicegobernador Antonio Vanrell. Los encargados de la pesquisa son los presidentes de las Cámaras Penales de Rosario, Santa Fe y Rafaela. “Apoyamos la decisión de la Corte porque hay un fastidio de la comunidad ante las prescripciones de casos que tuvieron gran impacto social. Queremos que la investigación administrativa sea profunda y determine si las prescripciones pudieron y pueden evitarse”, aseguró el presidente del Colegio de Abogados. “Revisando los expedientes se puede detectar rápidamente si se cometieron errores y de qué tipo”, advirtió.

Araujo reconoció que una de las características de la Justicia actual, al menos en el fuero penal, es la morosidad. Desde ámbitos oficiales creen que este fenómeno es también responsabilidad de los letrados, que presentan excesivos recursos de apelación y nulidad retrasando la marcha de los procesos. “Los abogados deben ejercer la defensa interponiendo todos los recursos que sean necesarios, eso no debe impedir que se llegue a determinar la responsabilidad penal correspondiente. No es posible que un juicio dure 10 o 15 años”, expresó el dirigente.

“La morosidad puede obedecer a que los procesos no se instan o a la existencia de normas procesales antiguas. Por eso la reforma del Código de Procedimientos Penales (que actualmente se debate en la Legislatura) es un camino pero no el único: estamos hablando de un problema integral, muy complejo, que no sé si la oralidad hubiera resuelto”, consignó Araujo, a la espera de que las investigaciones administrativas puedan establecer responsabilidades. En ese sentido señaló que cuando a un abogado le prescribe una causa “debe responder por los daños y perjuicios”.

En cuanto a la reforma que se anunció oficialmente con bombos y platillos hace un mes y medio en Santa Fe, los abogados decidirán esta mañana en asamblea si integrarán las comisiones de trabajo (junto a representantes del ámbito académico, de otros colegios profesionales vinculados al mundo del derecho y de los poderes del Estado). “Dentro del Plan Estratégico o fuera de él seguiremos trabajando desde el Colegio en propuestas para mejorar el funcionamiento de la Justicia”, aclaró Araujo, aunque la tendencia parece ser que la entidad participe de las comisiones.

La asamblea se realizará desde las 10.30 en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, de Maipú 1344.