Aborto legal: Entre una política de salud y el derecho a decidir

Tales fueron los argumentos que expuso la diputada santafesina Lucila De Ponti a la hora de dar cuenta de la presentación del proyecto en el Congreso. Es la séptima vez que se ingresa. La legisladora nacional bregó para que se vote este año.

Lucila De Ponti (LT10)

El proyecto de legalización del aborto ingresa este martes al Congreso por séptima vez. En esta ocasión cuenta con las firmas de 71 diputados, entre las que se cuenta la de la santafesina Lucila De Ponti. “Hoy se presenta el proyecto una vez más. Es impulsado por la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Lleva la firma de 71 diputados –ratificó–. Lo que pretendemos a partir de ahora es que en un corto tiempo, en la próxima semana, se pueda convocar a un plenario de las cuatro comisiones a las cuales ha sido girado. Y comience el período de debate para que las distintas voces puedan llegar al Congreso de la Nación”, expresó la legisladora del Movimiento Evita al ser consultada esta mañana por LT10.

La diputada hizo hincapié en la posibilidad de que “este debate nos permita obtener un dictamen de las comisiones para llevarlo al recinto en un corto plazo, al menos en la primera mitad de este año”. Acerca de los plazos, justamente, consideró que “el lapso de dos meses, y si las comisiones funcionan con regularidad, es más suficiente. Muchas veces se trae el argumento de la necesidad de un debate largo también para dilatar los resultados –observó–. No hay que utilizar este argumento como excusa para dilatar el tratamiento del proyecto”. Y consignó que la intención es que este año se vote, “para ganar o para perder, no tenemos asegurados los votos, pero sí tenemos la convicción de que tiene que ser votado”, enfatizó.

Con relación al consenso sobre las semanas en las que se puede interrumpir el embarazo, De Ponti sostuvo que “el proyecto establece que está legalizado hasta la semana 14”. A la hora de argumentar su postura a favor, la diputada apuntó al “desarrollo de una política de salud pública que es necesaria a partir de una realidad que es la de miles de mujeres que cada año realizan abortos y muchas en condiciones clandestinas y terminan en muertes o en secuelas gravísimas. Hay más de 60 mil internaciones anuales por complicaciones en abortos inseguros y el Estado argentino tiene que dar una política para abordar esto”. Asimismo, esgrimió que “el derecho de las mujeres a ser autónomas y tener decisión sobre el proyecto de nuestras vidas. Entiendo que el Estado debe que garantizarnos ese derechos y debe permitirnos la libertad de decidir”, definió.