ABREN CUENTAS DE LA SIDE EN UNA CAUSA POR LA AMIA

El presidente Néstor Kirchner ordenó levantar el secreto de movimientos financieros realizados por la SIDE entre 1996 y 1997. Lo hizo a pedido del juez federal Claudio Bonadio, quien pretende determinar si ese organismo le pagó al principal detenido en la causa AMIA, Carlos Telleldín, por haber acusado a un grupo de ex policías bonaerenses por el atentado de 1994. Telleldín y los ex policías, encabezados por el ex comisario Juan José Ribelli, son juzgados actualmente como partícipes necesarios del atentado.

La decisión de Kirchner quedó reflejada en un decreto firmado poco antes de reunirse ayer con dirigentes de la comunidad judía y familiares de las víctimas del atentado. El Presidente también respondió afirmativamente a otro pedido de la Justicia con otro decreto. Autorizó la comparecencia en Tribunales de 14 agentes y ex agentes de inteligencia requeridos por el tribunal oral que juzga a la presunta conexión local del atentado.

No son éstas las primeras señales que por este tema da Kirchner, quien pretende mostrar mayor transparencia por parte del Estado en el compromiso de colaborar con el esclarecimiento del mayor atentado terrorista ocurrido en el país. El Presidente ya había mantenido un encuentro con las autoridades de la AMIA y la DAIA y otro con los familiares de las víctimas del atentado, hace pocos días.

El Gobierno decidió mostrar que es prioridad el esclarecimiento del atentado de 1994, del que el próximo 18 de julio se cumplirán nueve años. Kirchner trata de acomodar su agenda para poder estar presente en ese acto al regreso de su primera gira por tierras europeas, cuyo inicio está previsto para el viernes 11.

Bonadio lleva adelante una causa abierta tras la denuncia formulada ante la comisión bicameral de seguimiento de la investigación del atentado por el ex prosecretario judicial Claudio Lifschitz, quien trabajó en el juzgado federal de Juan José Galeano, donde se instruyó la causa por el atentado que provocó 86 muertos. En ella se analizan unas quince posibles irregularidades, entre las que se cuenta el posible pago de dinero a Telleldín.

El magistrado habría llegado a determinar que Telleldín y su esposa, Ana María Boragni, habrían adquirido un quiosco de revistas en la zona de Martínez con 236 mil dólares cuyo origen, al parecer, no pudieron probar. Ellos dijeron que lo hicieron con el cobro del seguro por el asalto de un videoclub que tenían en Paraná, pero este pago se habría hecho posteriormente a la adquisición del quiosco, según la pesquisa del juez. Lifschitz habló de un pago de 400 mil dólares supuestamente hecho en dos cuotas.

Por esta razón es que Bonadio solicitó al Poder Ejecutivo el levantamiento del secreto sobre los movimientos de dinero de la central de los espías. Y ayer Kirchner dispuso que la SIDE ponga a disposición del juez “todas las rendiciones de cuentas y movimientos de fondos (por mecanismos bancarios o en efectivo) que impliquen manejos de divisas mayores o iguales a 50 mil pesos y/o dólares” en operaciones llevadas a cabo por dos áreas del organismo que trabajaron en el caso, la Sala Patria y el Grupo 85, en 1996 y 1997.

El levantamiento del secreto del manejo de dinero de la SIDE fue dispuesto a través del decreto 292, firmado ayer por el Presidente. En el mismo decreto se autoriza a declarar ante el juez Bonadio a quien fuera el secretario de Inteligencia durante el gobierno menemista, Hugo Anzorreguy, quien también deberá declarar como testigo en el juicio oral por la AMIA.

En el otro decreto, el 291, Kirchner resolvió autorizar a declarar en el juicio oral a otros 14 integrantes o ex integrantes de la SIDE cuya presencia había sido resistida por el titular de ese organismo durante el gobierno duhaldista, Miguel Angel Toma. La comparecencia de Anzorreguy en esta causa no había sido objetada, pero sí la del resto de los citados.

De este modo, cuando el Gobierno desista de una apelación que había presentado la gestión duhaldista ante la Cámara de Casación para evitar llevar a los espías al juicio por la AMIA, el Tribunal Oral Federal 3 estará en condiciones de poner fecha y hora para la declaración de los hombres de inteligencia.

La declaración será limitada, sólo ante los jueces y las partes, sin público ni prensa. Y los espías no podrán hablar de sus métodos de investigación ni de las pistas que se siguen por el atentado o cuestiones que puedan comprometer a servicios de inteligencia extranjeros o la seguridad nacional. Sí, en cambio, podrán hablar de “ciudadanos extranjeros”, una modificación sustancial respecto del decreto firmado por Duhalde y que anuló la Justicia.