ABRIRÁN UN REGISTRO PARA AQUELLOS QUE NO QUIEREN VOTAR

La propuesta de imponer para los partidos políticos y los ciudadanos la obligatoriedad de votar en las internas (o primarias, de acuerdo a la terminología del proyecto oficial) fue el eje de las negociaciones que atrasaron el debate legislativo. Si bien se trataba ya de la letra fina, una vez que supuestamente estaba acordada la derogación de la ley de lemas y su reemplazo por un sistema de internas abiertas y simultáneas, todo giró en torno a la polémica propuesta (y sus innumerables variantes) de que los ciudadanos estén obligados a votar en las internas partidarias.
Finalmente la obligatoriedad será a medias, por una cláusula negociada a último momento que luego deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo: se abrirá un registro para que los ciudadanos que quieren estar exceptuados de la obligatoriedad se inscriban antes del proceso electoral.
El proyecto del Poder Ejecutivo sostenía que haya elecciones primarias obligatorias tanto para partidos –incluso en el caso de lista única– como para ciudadanos. Y a la vez proponía que cada ciudadano pueda votar en cualquier interna partidaria sin que importe su afiliación. De ahí que el proyecto reemplaza el concepto de “interna abierta” por el de “primaria abierta”, donde todo el mundo concurre a las urnas en dos oportunidades y en la primera elige el candidato que quiere del partido que quiere.
La resistencia a la obligatoriedad la encabezaron socialistas, aristas y el PDP. Esgrimieron diferentes argumentos, pero en el fondo dudaban de la constitucionalidad de obligar a un ciudadano independiente a votar en la interna de un partido.

Hasta ayer también el cavallerismo mantuvo esa posición, aunque luego accedió a discutir el asunto cuando el PJ le ofreció la cláusula que exime al ciudadano de votar en la primaria si previamente se excusa de hacerlo. De esa manera el PPS supone que se sorteó la posible inconstitucionalidad.
Para el PJ, el acompañamiento del PPS era vital en el momento de votar en particular los artículos del nuevo régimen electoral, al punto que el partido del ex intendente de Rosario operó casi como árbitro de la delicada situación interna entre reutemistas y obeidistas durante toda la jornada. En menor medida, algo similar ocurrió con otro aliado oficialista, el ucedeísta Carlos Castellani.

La principal división estaba en el bloque de los 24 diputados justicialistas. Excepto los ultraobeidistas, que estaban abiertos a la negociación, nadie estaba dispuesto a ceder la obligatoriedad de votar para los ciudadanos. “Si no es el proyecto que mandó Obeid, no votamos la derogación”, se escuchó decir.

Los radicales, a su vez, llegaron al día de la sesión con la idea de que las internas debían ser obligatorias sólo para los afiliados de los partidos políticos y optativas para el resto de la sociedad. El otro punto que iba necesariamente atado a esta discusión era el manejo de los padrones electorales. Unos querían que las internas se hagan con padrones generales y otros con los padrones partidarios, pero depurados. La desconfianza sobre futuras manipulaciones daba vueltas todo el tiempo sobre las mesas de negociaciones. Ocurre que los actuales padrones partidarios están inflados con ciudadanos que ni siquiera saben que están en esa condición. Y en una potencial elección interna obligatoria no tendrían más salida que votar entre los candidatos de los dos principales partidos, UCR y PJ, que son los que mayores inscriptos tienen y los que más sospechados están.

A su vez, el PS y el ARI temían otro efecto colateral de la obligatoriedad para los ciudadanos: que los dos principales partidos, que en los papeles juntan mas de 800 mil afiliados, generen una tendencia en la primera vuelta a partir del enorme peso de sus estructuras partidarias. Si bien es cierto que esa apabullante cantidad de afiliados –el PS llega a los 40 mil– no se moviliza cuando hay internas radicales o peronistas, de instalarse la obligatoriedad sería un electorado cautivo capaz de orientar un proceso electoral.

“Hacia un sistema único en la Argentina”

El diputado reutemista Danilo Kilibarda se encargó de descargar una amplia batería de argumentos jurídicos para respaldar el futuro sistema de nominación y elección de candidatos: “Santa Fe marcha hacia un nuevo sistema electoral, único en el país, donde los candidatos son elegidos por todos los ciudadanos en elecciones primarias en las que el Estado se involucra del mismo modo que lo hace en la general. Por eso dejan de ser internas de un partido para transformarse en primarias en la que cualquier ciudadano puede votar al candidato que quiera”. Kilibarda recordó que “en la Constitución de 1994 el Estado le dio el monopolio de las candidaturas a los partidos. Ahora, se involucra y rige también ese proceso haciéndolo extensivo a toda la sociedad”, explicó. Además, opinó que “no es inconstitucional” la obligatoriedad de votar en las primarias.