ABRIRÁN UNA SUPUESTA FOSA COMÚN EN SAN LORENZO
El próximo martes, tres antropólogos de la Universidad Nacional de Rosario designados por el juez federal Omar Digerónimo comenzarán los trabajos de excavación en el cementerio de San Lorenzo, en la zona en la que se presume existiría una fosa común de la época de la dictadura militar.
La decisión del Juzgado Federal Nº 4 deja afuera de la investigación al Equipo de Antropología Forense que había sido designado para llevar adelante la tarea ahora encomendada a peritos locales. Ayer, los abogados que integran el equipo jurídico de derechos humanos que representa a familiares de desaparecidos que reclaman la excavación de todo el terreno se mostraron sorprendidos por la decisión del juez y afirmaron que considerarán la posibilidad de realizar una presentación rechazando la medida.
Amílcar Monti, uno de los integrantes del equipo, señaló que, según los criterios que se manejan en este tipo de casos, “antes de iniciar una excavación es preciso completar una investigación, que es lo que propuso el Equipo de Antropología Forense”.
La posición que desde el primer momento expusieron los integrantes del Equipo de Antropología Forense fue clara sobre la necesidad de plantear un trabajo de investigación previo que, según habían adelantado, llevaría alrededor de un año.
Este plazo no cayó bien entre algunas personas que participan en la causa, tanto en el papel de testigos como interesados directos –familiares de desaparecidos–, que le plantearon su preocupación a las autoridades del juzgado.
Hace más de dos meses, precisamente desde el despacho de Digerónimo, salió un pedido especial para que se aceleraran los tiempos.
Sin embargo, el grupo de Buenos Aires volvió a defender el esquema de trabajo planteado desde el principio.
Por lo pronto, en San Lorenzo se preparan para recibir el martes la llegada del nuevo equipo conformado por tres antropólogos de la UNR que actuarán en calidad de peritos bajo las órdenes del juzgado. Uno de esos profesionales, Juan Carlos Nobile, trabaja en el Equipo del Museo de Historia Regional de San Lorenzo.
El primer trabajo que harán los expertos, de no trabarse la orden de excavación por un pedido de los abogados que la cuestionan, será trazar una cuadrícula sobre el terreno en el que se presume estaría la fosa. Luego, se comenzará a excavar en todas la esquinas de la cuadrícula cada metro veinte centímetros hasta completar el total del perímetro trazado.
En esta tarea está comprometida también la Municipalidad de San Lorenzo, que aportará máquinas y personal de vigilancia para custodiar el cementerio. A su vez, el lugar estará fuertemente custodiado por la Policía Federal y ya se anunció que se evitará el ingreso de personas que quieran observar los trabajos, como también de la prensa.
Mientras en el juzgado se dirimía a cargo de quién estarían los trabajos de excavación la causa siguió su curso y se sumaron nuevos testimonios de personas que estuvieron en San Lorenzo en la época en que se presume que “un grupo identificado como del Ejército –según declaró una mujer de más de setenta años– aseguró haber visto cómo varios hombres de uniforme descargaban grandes bolsas de nailon de un camión y las tiraban a una fosa en el cementerio en los primeros meses de 1976”.
Uno de estos testimonios, ofrecido por una mujer, fue el que permitió abrir la causa judicial, a la que después se volcaron los de varios militantes políticos y sindicales que vivían por aquellos años en la vecina localidad.
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