ACCIDENTES LABORALES: SUBIRÍAN LOS MONTOS PARA EVITAR JUICIOS

Después del fallo de la Corte que puso en tela de juicio las indemnizaciones fijadas en el polémico sistema de Riesgos del Trabajo, en el Gobierno comenzaron a estudiar una modificación de la ley para evitar que se propague una ola de juicios contra las empresas. Los funcionarios evalúan fijar que las indemnizaciones sean similares al promedio de lo que determina la Justicia.

Lo que está en juego son las indemnizaciones que se toman como referencia para el pago de lo que el trabajador con una incapacidad permanente va a cobrar mes a mes. Con este cambio, por cada punto de incapacidad laboral permanente, parcial o total, el trabajador cobraría una suma mensual que se determinaría como un porcentaje de esa indemnización judicial promedio, que oscila entre los 200.000 y 300.000 pesos.

Así se lo anticiparon a Clarín varios funcionarios que están trabajando en los cambios a la ley.
Aún no hay acuerdo en dos puntos: si el trabajador con incapacidad permanente que acepte los nuevos valores podrá igualmente recurrir a la Justicia. Y si los nuevos valores se podrán tomar o no a cuenta de lo que fijen los Tribunales.

Para cubrir el resarcimiento económico que fijen los jueces, se autorizaría a los empleadores a contratar un seguro de responsabilidad civil, tal como lo determina el fallo de la Corte.
El régimen de ART tiene casi 5 millones de afiliados. “El problema no es tanto el techo de las indemnizaciones, sino que no tienen un piso. Las rentas que surgen de esas indemnizaciones son muy bajas y eso incentiva a los trabajadores a hacer juicio. Recuerde el caso de Aerolíneas Argentinas en que el piloto cobraba 4.500 pesos mensuales y su mujer terminó con una pensión de 150 pesos. La gente recurre a la Justicia para obtener el resarcimiento económico integral, como el que le corresponde a cualquier ciudadano con un daño similar”, dicen los funcionarios.
En 1996, cuando arrancó este sistema, se determinó que el trabajador que sufría una incapacidad laboral permanente recibía una renta mensual que se calculaba sobre la base de una fórmula que combinaba el salario, la edad del trabajador y el grado de incapacidad, y que tenía un tope de 55.000 pesos. La resultante era que el accidentado, o sus familiares en el caso de fallecimiento, cobraban rentas mensuales muy bajas, del orden de los 200/400 pesos por mes. Luego el tope se elevó a 110.000 pesos, pero no alteró el valor de rentas porque por la fórmula empleada casi nadie llegaba a esos 110.000 pesos.

En el 2000, y para disuadir a los trabajadores de recurrir a la Justicia, con un decreto de necesidad y urgencia se cambió el cálculo de la fórmula: se elevó a$ 180.000 el tope del capital que determina la renta. Y se agregó un pago al contado de 30.000 pesos para las incapacidades parciales, de 40.000 pesos para las incapacidades totales y de 50.000 pesos para las muertes.

Aun así, estas mejoras no tuvieron un mayor impacto porque por la fórmula, muy pocos trabajadores alcanzaban el nuevo tope. “El máximo es de 180.000 pesos. Pero el capital del que realmente se dispone para la renta no supera los 80.000 pesos. Nadie llega a ese tope, y esto se debe a la fórmula y a los bajos salarios de los trabajadores”, agregaron las fuentes. Además, “como resultado de esos cambios, la cuota mensual promedio que pagan los empleadores pasó de 1,5% al 2% del salario, lo que muestra que el impacto fue mínimo. Se preveía inicialmente que ese costo se ubicaría por encima del 3% de los salarios.”

Por eso los funcionarios creen que hay margen para subir las indemnizaciones sin alterar el costo que originalmente se previó cuando se puso en marcha el nuevo sistema. La cuota mensual que pagan los empleadores depende del riesgo de cada actividad y también de los índices de accidentes de cada empresa. A mayor cumplimiento de las normas de seguridad laboral, menor es la cuota mensual.