ACONSEJAN SACAR DE CORONDA A LOS PRESOS MÁS PELIGROSOS

Dos recomendaciones esenciales -entre otras- dejó la delegación de funcionarios nacionales que la semana pasada recorrió el penal de Coronda, y que por estas horas prepara un informe para el ministro de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, sobre la masacre del 11 de abril que terminó con catorce muertos.

La primera de ellas aconseja a la provincia instrumentar un sistema mucho más riguroso y efectivo de requisas; la segunda, neutralizar los principales focos de conflicto mediante el traslado de los denominados presos peligrosos.

El primer aspecto resulta de lo evidente: la tenencia de elementos por parte de los internos, que van desde las sustancias que ingieren hasta las chuzas y hierros que terminan convirtiéndose en armas.

Los visitantes relataron la experiencia de otras cárceles del país que, prácticamente en su totalidad, poseen equipos especiales para requisar. Esto es indispensable, sostuvieron, para garantizar el éxito de las verificaciones.

Hoy por hoy, las requisas en Coronda son realizadas por los propios guardiacárceles que, horas más tarde, deben cuidar al mismo recluso que revisaron. Los riesgos son dos: que ante lo antipático del trámite se genere tensión entre los actores; o que en virtud de ello y en pos de la convivencia, el agente relaje el control y la requisa pierda rigurosidad. De allí la necesidad de que sea un grupo ajeno a los guardiacárceles que vigilan a los internos, e instruidos particularmente para que no rocen otros extremos que no garantizan el respeto de los derechos humanos.

PROFESIONALES

El flamante interventor del penal, Jorge Bortolozzi, había adelantado el viernes último la decisión de comenzar trabajar en la preparación de estos agentes. Hoy, consultado nuevamente, aseguró que la idea ya había sido contemplada por el Servicio Penitenciario Provincial, aunque nunca fue llevada a la práctica por limitaciones con el personal.

Bortolozzi compartió que los requizantes “no pueden ni deben” ser los mismos guardiacárceles encargados de la vigilancia. “No sólo por una cuestión de convivencia, sino también por una cuestión de eficacia. En la actualidad, las requisas las realiza en Coronda el personal que está dejando la guardia, después de haber estado apostada durante 24 horas. Tienen un cansancio fenomenal y no están en condiciones de hacerlas”, precisó.

El funcionario adhirió a la idea de que debe ser una “unidad profesional, sin contacto con el interno”. Incluso, que deben instrumentarse de manera “sorpresiva y no rutinaria”. Según contó, el Cuerpo Especial de Requisas -así se llamaría- estaría integrado por entre 20 y 25 agentes, y por estas horas ya se realizan las primeras reuniones para seleccionar al personal.

“Lo que pasó en Coronda es evidencia de que algo está fallando”, resumió.

LOS TRASLADOS

La segunda sugerencia -trasladar los internos de mayor peligrosidad a otros penales- fue abonada por los funcionarios nacionales con la experiencia. Contaron, por ejemplo, que cárceles de dimensiones aún mayores, como Devoto -aloja a más de 2.300 internos-, logran cierto control entre los internos porque procuran aislar a esos principales focos de conflicto.

A largo plazo, una de las alternativas que la provincia evalúa en este sentido es reservar para tal fin el penal que se construirá en San Cristóbal. Allí se proyecta una “cárcel chica”, cuyos terrenos ya fueron autorizados por el municipio local.

“Podría ser entendido como un pulmón, como un lugar de escape para este tipo de situaciones donde hay conflictos con internos con serios problemas de convivencia”, dijo a El Litoral el subsecretario de Justicia, José Benaglia.

Sólo que la unidad, que tendría capacidad para unos 150 internos, está recién en la etapa de diseño, y la aspiración de máxima es que se la pueda construir a lo largo de 2006.

“Coronda cuenta con algo más de 300 presos considerados de alta peligrosidad, y los traslados deben ser urgentes”, advirtió Bortolozzi. Por eso, se evalúa permanentemente con qué plazas disponibles cuenta la provincia tanto en sus cárceles como en otras del país, para poder descomprimir lo antes posible la situación. Los consejos nacionales parecen no haber caído en saco roto.

MAÑANA

Se reanudarán las visitas para los internos del pabellón 7, que hasta ahora tenían vedado el derecho como castigo por haber iniciado la revuelta mortal del 11 de abril. Según explicó Bortolozzi, comenzarán a las 8 y se realizarán con grupos de a seis internos. Serán los familiares directos los que ingresen a uno de los patios del penal, con guardia de seguridad a cargo del personal penitenciario. Las visitas tendrán una extensión de media hora.

PASO AL COSTADO DE DERECHOS HUMANOS

Ayer, durante una reunión en la Casa Gris, el actual secretario de Derechos Humanos, Domingo Pochettino, le planteó al gobernador Jorge Obeid la necesidad de evitar que su jurisdicción vuelva a intervenir de manera directa y como mediadora en los conflictos carcelarios. Cabe recordar que durante la última masacre en Coronda, fue un abogado de esa secretaría, Renzo Estrada, quien actuó como interlocutor entre los internos y las autoridades.

“Creemos que tuvimos en el caso una intervención fortuita porque así se dieron los acontecimientos y nunca somos de escaparle al bulto. Tuvimos a nuestro abogado como mediador, pero pensamos que estos temas deben ser manejados desde las propias estructuras, por ejemplo, del Servicio Penitenciario. Se dio así porque fundamentalmente los presos lo pidieron. Pero creo que éste es un tema que hay que desarrollarlo”, dijo Pochettino.

La decisión tiene que ver con el reclamo que esta misma semana realizaron familiares de los guardiacárceles por una mayor seguridad laboral en el penal.

“Nuestra función es asistir a toda la población carcelaria, a los presos, a los guardiacárceles. Nosotros queremos seguir haciendo eso. Cumplimos este rol (el de haber mediado en Coronda) porque asumimos nuestra responsabilidad, nos pareció correcto y de alguna manera, dentro del drama que vivimos, hubo algunas satisfacciones por haber salvado la vida de los guardiacárceles… Pero entendemos que no es nuestra función”.

Precisó que su intención es evitar nuevas intervenciones directas. “Nos parece que no son convenientes para mediar en este tipo de conflictos. Es algo que lo vamos a tener que charlar; es lo que estamos evaluando desde la Secretaría de Derechos Humanos”.