ACTO CONTRA EL AGOBIO Y LA MEMORIA.
Los familiares de las víctimas de la represión a los saqueos de diciembre de 2001 demostraron que el paso del tiempo no calma el dolor. Al cumplirse ayer 18 meses de los incidentes que precedieron la caída del gobierno de la Alianza, realizaron un conmovedor acto en las escalinatas de los Tribunales provinciales para oponerse al cierre definitivo de las causas sobre las siete muertes que dejaron los disturbios en Rosario. La manifestación sucedió al respaldo que obtuvo el martes en Buenos Aires la comisión no gubernamental que investiga los incidentes por parte de diputados nacionales y del secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde.
Del acto participaron miembros de la comisión, del movimiento Aníbal Verón y de organizaciones sindicales, pero los protagonistas fueron los familiares que se alinearon sobre un escalón sosteniendo las fotos de las víctimas. Uno a uno pasaron al frente, recordaron emocionados a sus seres queridos y resumieron el resultado de las investigaciones.
El reclamo común apuntó a que las causas no se paralicen tras el sobreseimiento dictado en seis de ellas a los policías imputados por su participación en los operativos, sin que hasta el momento se haya individualizado a los autores materiales de esas muertes. Al respecto, miembros de la comisión anunciaron que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en caso de que la Justicia argentina no de respuesta.
Quien abrió la rueda de exposiciones fue Gladys Gauna, la madre del chico asesinado por un policía el 9 de agosto de 2002 en un baldío de barrio Ludueña. “Voy a estar al lado de todas las causas injustas”, dijo quebrada por la emoción.
Catalina Delgado expuso luego como fue ultimado a balazos su hermano Juan en un reclamo de alimentos, seguida por la madre de Yanina García, la chica de 18 años asesinada por una bala perdida frente a su casa barrio Azcuénaga. “Algún día quiero decirle a mi nieta de 3 años, que todo el tiempo pregunta por su mamá, que se hizo Justicia por ella”, dijo conmovida Lila Mansilla. Por último María Martínez recordó a su marido Rubén Pereyra y cerró el acto Orlando Lepratti, el padre del militante social Claudio Pocho Lepratti.
El martes pasado la comisión, integrada por legisladores y organismos de derechos humanos, presentó en Buenos Aires el preinforme final de lo ocurrido en la provincia de Santa Fe durante los saqueos. En primer término, lo hicieron ante la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Los legisladores se comprometieron a impulsar una investigación propia junto a organizaciones sociales “para poder alcanzar los resultados a la Justicia”, indicó la diputada Alicia Gutiérrez. El informe también recibió el apoyo del secretario Duhalde, quien ofreció el soporte informático necesario para digitalizar la información. “Incluso propuso crear una lista nacional de los policías involucrados en la represión para luego evaluar su pase a disponibilidad”, informó Lilian Echegoy, miembro de la comisión no oficial.
Duhalde también se comprometió a pedirle al gobernador Carlos Reutemann que informe cómo se organizó el operativo policial y a investigar si el ex secretario de Seguridad Enrique Alvarez y el ex jefe de policía José Storani ocupan cargos en la Side y en el ministerio del Interior, respectivamente.
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