ACTO CONTRA LA IMPUNIDAD

A tres años y medio de la represión de diciembre de 2001, que dejó siete muertos en Rosario y uno en la ciudad de Santa Fe, familiares de las víctimas e integrantes de la comisión investigadora no gubernamental de aquellos hechos volvieron a manifestarse frente a los Tribunales ya que sienten que tuvieron una única cosecha en este tiempo: la impunidad. A 24 horas de haberse reunido fugazmente con el presidente Néstor Kirchner, al que le entregaron una carta con sus peticiones, parientes y militantes criticaron al Poder Judicial por el nulo avance de las investigaciones, incluida la reciente desvinculación del ex ministro de Gobierno y el ex subsecretario de Seguridad en la causa por las responsabilidades políticas de la represión.

Celeste Lepratti, hermana de Claudio o Pocho, el militante comunitario asesinado en barrio Las Flores, anunció que no cejarán con sus reclamos. “Como no pasa nada, insistimos”, explicó la joven, que vino desde Entre Ríos a vivir a Rosario. Los manifestantes distribuyeron la misiva que anteayer dieron en mano a Kirchner en el aeropuerto de Rosario, donde el mandatario tuvo un breve encuentro con organismos de derechos humanos. La carta relata que el 13 de febrero de 2004, a partir de una convocatoria de Presidencia, los familiares expusieron una serie de solicitudes y consiguieron el compromiso de que se realizarían. Pero nada de eso se cumplió.

“Kirchner, en forma personal ante los familiares, dijo que no aparecería en actos públicos con Carlos Reutemann, al que consideramos el mayor responsable político de la masacre, pero los hemos visto juntos en viajes, actos y campañas”, siguió Lepratti. “Tampoco (el ex subsecretario de Seguridad, Enrique) Álvarez fue desvinculado de la Side, donde trabaja desde 1976, ni quien fuera su segundo, Eduardo Piaggio”, agregó la joven. Otro pedido aún irresuelto es la apertura de los archivos de la Secretaría de Inteligencia del Estado sobre la represión de 2001 en Santa Fe.

“El año pasado teníamos expectativas, ya que nos habían llamado a partir de un proyecto de ley de reparación económica para los familiares de las víctimas. Ya en ese momento expresamos que la mejor reparación es la justicia”, consignó Lepratti. “Pero las causas no avanzan y hace pocos días nos enteramos del sobreseimiento definitivo de Álvarez y del ex ministro de Gobierno, Lorenzo Domínguez”, completó.

Un sobreseimiento polémico

En efecto, quienes estuvieron a cargo de la seguridad de la provincia en diciembre de 2001 estaban imputados del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en el juzgado correccional Nº 8 de Santa Fe, a cargo de Roberto Reyes. El 3 de junio el magistrado dictó el sobreseimiento de Álvarez y Domínguez en la causa denominada “de las responsabilidades políticas”, que investigaba si la policía había estado dotada de las suficientes balas de goma o pertrechos para hacer frente al desborde que se vivió en la región durante la salida de Fernando De la Rúa.

Los familiares se constituyeron como actores civiles para ser parte en el proceso pero esta figura no les permite apelar la resolución. La única opción que les queda es presentar una disconformidad, de la que el fiscal de Cámaras se puede hacer eco para elevar la apelación. Esta situación se dio en Rosario con el caso Walter Campos, un adolescente abatido por un francotirador de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) de la policía: el fiscal José María Peña tuvo en cuenta la manifestación de disconformidad del actor civil y recurrió el sobreseimiento.

El viernes pasado los abogados Carlos Garat, Carmen Maidagan y Ana Oberlin efectuaron una presentación y ahora esperan la decisión del fiscal Miguel Ángel Molinari. Sus argumentos son que la pesquisa fue escasa y limitada a una hipótesis exculpatoria, que la prueba se valoró incorrectamente y que no hubo voluntad de investigar, según el escrito. “La base probatoria es la policial cuando los acusados de cometer delitos son integrantes de la fuerza de seguridad”, sintetizó Oberlin.

OJOS CLAROS

Celeste Lepratti tiene 27 años y los mismos ojos claros y profundos de su padre, Orlando, quien falleció en diciembre pasado. Fue después de los actos por el tercer aniversario de la represión de 2001, cuando Claudio o Pocho fue asesinado por un policía provincial en la escuela de barrio Las Flores en cuyo comedor trabajaba. Celeste vivía con su familia en Colonia Los Ceibos, una pequeña localidad entrerriana cercana a Concepción del Uruguay. Desde hace poco se radicó en Rosario, al igual que su hermano había hecho para estudiar como seminarista. Pocho se quedó en un rancho de Ludueña, trabajando junto al padre Edgardo Montaldo. Hoy Celeste enseña en la escuela Nazareth, de ese barrio.“Sí, de alguna manera tomé la posta”, sonríe con un trasfondo de tristeza en la mirada. “Mi papá era el que viajaba siempre, el que ponía la cara y participaba de los actos, pero desde diciembre ya no está. Entonces seguimos nosotros”, explica Celeste con naturalidad. Aunque esporádicamente la acompañan su madre Dalis y su hermana Laura, ella es la que representa a la familia en forma activa en las movilizaciones que reclaman el esclarecimiento de las muertes por la represión.