ACUEDUCTOS: ABORTAN LA PRECALIFICACIÓN
El ministro de Asuntos Hídricos, Alberto Joaquín, decidió dejar sin efecto “el llamado a precalificación de postulantes para la licitación pública nacional e internacional” para la realización del proyecto de los grandes acueductos (norte y sur), una inversión en infraestructura sanitaria que demandará unos 300 millones de dólares.
El funcionario había decidido en junio del corriente adelantarse a la autorización de la Legislatura para endeudar la provincia por esa cifra (la mayor en su historia) con el objetivo de “ganar tiempo”: el proyecto de ley respectivo tuvo un rápido paso por la Cámara de Senadores pero no prosperó en Diputados.
Ahora Joaquín decidió dejar sin efecto el acto anterior y establecer que “el valor del pliego de precalificación abonado por los postulantes, será considerado como parte de pago del pliego de la licitación”, según el texto de la resolución 303 del Ministerio.
El tercer artículo indica: “Notifíquese a las empresas Grupo Isolux Corsan SA; José Cartellone CCSA y Supercemento SAIC”, es decir, las empresas que habían iniciado su participación en el proceso de precalificación con vistas a la licitación que no contaba (ni cuenta) con su correspondiente ley.
En otras palabras, por ahora las empresas que compraron los pliegos (por valor de unos $ 80.000) no contarán con un reintegro, porque el monto será considerado como “parte del pago del pliego de licitación”, un paso que aún no ha decidido la provincia, a través de su Poder Legislativo, que tiene la potestad de autorizar el endeudamiento requerido por el Ejecutivo.
Versiones y hechos
Desde que se conoció la decisión de Joaquín de avanzar con la precalificación (sin adjudicar) antes de que la Legislatura termine su debate sobre el mensaje del Ejecutivo (que requería la autorización de endeudamiento), existen insistentes versiones sobre una objeción del Tribunal de Cuentas.
Más allá de estas especulaciones, los hechos indican que Joaquín postergó la entrega del sobre número uno (con los antecedentes técnicos y el perfil de los postulantes) en dos oportunidades. Si el proceso hubiera continuado debían presentarse estos sobres a mediados de este mes, lo que queda abortado hoy por esta resolución de cuatro artículos y unos extensos considerandos.
Otro hecho es que el expediente con el inicio del proceso de preselección de postulantes para la licitación internacional estaba en el Tribunal de Cuentas, pero fue retirado por Joaquín para realizar modificaciones, solicitadas por los oferentes -según explicó el ministro- para permitir el mayor número posible de postulantes.
La intención expuesta por entonces fue la de cambiar el límite de endeudamiento permitido de las compañías; resta ahora saber si el expediente será otra vez girado al órgano de control, ya que la licitación no ha sido dejada sin efecto (sino su inicio de precalificación) o si quedará en el MAH.
Los considerandos
En los fundamentos de la resolución, se recuerda que -a solicitud de posibles oferentes y con el objeto de permitirles una evaluación más pormenorizada del pliego-, la fecha de apertura del llamado a precalificación de postulantes sufrió sucesivas postergaciones, hasta quedar fijada en el próximo lunes 11 de setiembre.
La norma recuerda también que el objeto de haber establecido la instancia de “precalificación de postulantes” apuntó a “ganar tiempo”, para conocer anticipadamente “la cantidad y calidad de los interesados” en la ejecución de la obra, mientras se aguardaba que la Legislatura tratase el mensaje con el proyecto de ley que habilita el llamado a licitación pública nacional e internacional.
Pero como la Cámara Baja “no ha comenzado aún” el tratamiento del proyecto de ley, que cuenta con media sanción del Senado, la fecha de licitación resulta incierta y, en consecuencia, “el proceso de precalificación pierde eficacia como procedimiento previo de formación o preparación de la voluntad contractual de la Administración”.
Además, la decisión se toma bajo el supuesto de que la licitación no sea inmediata al proceso de precalificación que estaba en marcha, y que el paso del tiempo puede eventualmente hacer que empresas que no reunían los requisitos exigidos en el pliego, luego sí los tengan.
“Si el análisis parlamentario prolonga más de lo esperado el plazo entre la precalificación y la licitación” se tornaría “de cumplimiento imposible o excesivamente onerosa para los postulantes” una exigencia del pliego: mantener sin cambios sus empresas tras la presentación de los sobres.
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