ACUERDAN UN AUMENTO PARA LAS CUOTAS DE LAS PREPAGAS

Finalmente, el Gobierno acordó con las empresas de medicina prepaga un aumento en las cuotas, que regirá a partir del 1º de marzo. El ajuste, sin embargo, sería ligeramente inferior a las subas que las empresas pretendieron cobrar en febrero, cuando los aumentos rondaron el 10%.

Es decir que, si por ejemplo, el afiliado pagaba una cuota de 100 pesos y en febrero se le facturó (con el aumento) 110 pesos, recibirá en marzo una factura de 109 pesos, lo que suma 9%.

A estos incrementos, también desde marzo, se van a sumar en los bolsillos de los consumidores, los aumentos en las tarifas de los taxis de la Capital Federal. Si bien esta tarifa todavía no está definida, porque faltan reuniones de los empresarios del sector con el Gobierno de la Ciudad, es prácticamente un hecho que el alza sería inferior al 20 por ciento.

En cuanto a la suba de las prepagas, que afecta a unas 800.000 personas, sería anunciada durante los primeros días de la semana que viene. Y sería el punto final a una serie de extensas negociaciones y tironeos que vienen manteniendo desde fines de diciembre los empresarios del sector y distintos sectores del Gobierno.

El “preacuerdo” se habría sellado con los empresarios de las prepagas ayer a la tarde en la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, y debería ser avalado el lunes o martes por el presidente Néstor Kirchner.

Los términos del acuerdo, según trascendió en el máximo nivel del Gobierno, incluirían lo siguiente:

Las empresas deberán devolver (aquellas que no lo hicieron) lo que facturaron de más en febrero.

Podrán facturar las cuotas desde marzo con ajuste. Pero esa alza deberá ser un 10% menor que el aumento que quisieron implementar este mes, que rondó el 10 por ciento promedio.

De esta manera se cierra un capítulo de idas y vueltas entre los empresarios y la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, que intentó — interponiendo medidas cautelares— frenar las subas, tan “sensibles” para la gente.

Esas presentaciones judiciales fueron destinadas a una veintena de empresas que no cumplieron con los requisitos de dos artícu los de la Ley de Defensa del Consumidor. Fueron el número 4, que obliga a brindar a los consumidores “información veraz, detallada, eficaz y suficiente”. Y el 19, que obliga a “respetar los términos, plazos, condiciones” que hayan sido ofrecidos o convenidos.

Las empresas argumentaron siempre que las subas obedecen a incrementos en el “costo médico” y por eso apelaron las medidas cautelares y se llamaron a silencio.

Sin embargo, en un escenario de libertad de precios, en un sector que no está regulado, el Gobierno no pudo frenar del todo las subas.

Ya a principios de mes, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, había asegurado que el Gobierno no tenía “ninguna decisión ni ninguna vocación de controlar los precios”.

No obstante, las asociaciones defensoras de los usuarios insistieron en detener las subas. Llegaron, incluso, la semana pasada a pedirle una audiencia urgente al Presidente porque sabían que las medidas cautelares dispuestas eran “temporarias” y no resolvían la cuestión de fondo.

Además, algunas entidades llegaron a presentar una denuncia en la Dirección Nacional de Defensa de la Competencia para que se investigue y sancione si las empresas actuaron en forma “cartelizada”, al decidir los aumentos.

Las diferencias con las prepagas se agudizaron cuando desde la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, timoneada por Patricia Vaca Narvaja, se intentó poner un freno al aumento programado en una reunión el 21 de enero. En esa oportunidad no se pudo revertir la medida. Entonces, el Gobierno anunció, al día siguiente, la elaboración de un proyecto de ley para regular la actividad del sector. Algo que se resolverá ahora en 180 días.