ACUSAN A DIPLOMÁTICOS ARGENTINOS DE VENDER PASAPORTES EN CUBA

En el primer escándalo diplomático que le estalla al Gobierno de Néstor Kirchner, ayer se informó que dos funcionarios a cargo de la Embajada argentina en Cuba, fueron separados de sus cargos y serán escoltados hasta Buenos Aires por la Policía Aeronáutica acusados de vender pasaportes argentinos para —presumiblemente— ingresar a EE.UU.

En la Cancillería la conmoción fue mayúscula desde que por la mañana se enteraron de que el juez federal de Lomas de Zamora, Carlos Ferreiro Pella, había pedido la captura de los dos funcionarios que tenían a su cargo todo el manejo de la delegación diplomática en La Habana.

El primer dato llegó el martes a la noche con un llamado del embajador cubano en Buenos Aires, Alejandro González, que le consultaba al subsecretario de Asuntos Latinoamericanos, el embajador Eduardo Héctor Sguiglia si estaba de acuerdo con que dos efectivos de la Policía Aeronáutica Argentina detuvieran a los funcionarios en Cuba. En la Cancillería aún no había noticias del pedido judicial y no fue sino hasta ayer al mediodía cuando llegó la orden de captura librada por el juez.

Los diplomáticos imputados —ambos de carrera — son Eduardo Porretti, primer secretario de la embajada y José María Aller, con rango de consejero.

Porretti llegó a La Habana en setiembre de 1997, en tanto Aller —su segundo— ya había sido destinado a la capital cubana un año antes, en julio del 96. Por esos años EE.UU. no requería visa a los argentinos. Ambos fueron ascendidos a sus cargos actuales en el año 99 y —según fuentes de la Cancillería— tienen fojas de servicio normales.

Porretti, de 40 años y casado, ingresó al servicio exterior en 1993. Su primer destino fue en Colombia, luego regresó a la Cancillería, pasó por el Instituto del Servicio Exterior de la Nación y luego fue enviado a Cuba. Aller, de 49, había iniciado su carrera de diplomático en el 91. Primero fue designado en Venezuela y luego pasó por la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales.

No trascendieron detalles acerca de qué datos tiene el juez sobre los presuntos ilícitos. Los rumores sólo hablaban de la posibilidad de que se hayan utilizado pasaportes consulares, que son los que están disponibles en todas las embajadas para reemplazar los de argentinos que los pierden o sufren un robo cuando están en el exterior. Este documento permite seguir viaje por el mundo o regresar al país, pero caduca ni bien se ingresa en la Argentina. En Cuba —señalan viajeros frecuentes— se suele tener más cuidado con los pasaportes que con los dineros ya que hay un mercado negro para quienes buscan abandonar el país.

Pero ayer, la sorpresa en la Cancillería cedió pronto ante la premura por resolver la situación con el menor costo político y diplomático posible.

El encargado de tratar con el juez Ferreiro Pella fue el embajador Sguiglia quien —según una alta fuente diplomática— le transmitió la absoluta disposición del canciller Rafael Bielsa para resolver el tema lo más expeditivamente posible.

Sguiglia también debió emitir un cable a La Habana para comunicar a los funcionarios la orden de “permanecer en la delegación diplomática hasta que se presente la Policía Aeronáutica y todo el tiempo que ellos lo requieran”.

El magistrado, a su vez, habría accedido a que los funcionarios sean “escoltados” y no detenidos por los efectivos de la Policía Aeronáutica (PAN) para trasladarlos a Buenos Aires. Fuentes diplomáticas aseguraron a Clarín que se esperaba que partan esta misma tarde desde La Habana.

Según pudo saber Clarín el juez investiga la maniobra desde hace un año. Sin embargo el silencio de su juzgado fue total ya que rige el secreto de sumario.

El magistrado es uno de los dos jueces federales que tiene bajo su jurisdicción el aeropuerto de Ezeiza y recurrió, así, a la Policía Aeronáutica que en este caso actúa como auxiliar de Justicia. Según la ley, la PAN puede instruir sumarios con intervención de juez competente y practicar las diligencias necesarias para comprobar los hechos ocurridos, descubrir y detener a sus autores y partícipes.

Para cubrir la acefalía de la embajada, la Cancillería hizo “descender” de México a dos funcionarios —un consejero y un primer secretario— aunque no está definido aún quién se hará cargo de la representación diplomática.

La embajada había quedado en el mínimo nivel desde que en el 2000, Fidel Castro llamara “lamebotas yanqui” al ex presidente Fernando de la Rúa por condenar la violación de los derechos humanos de su régimen ante la ONU. Ahora, en cambio, las relaciones están en un inmejorable momento tras la visita de Castro a Buenos Aires para la asunción de Kirchner, quien quiere encontrar un “político” para el cargo. El banquero Carlos Heller rechazó un reciente ofrecimiento .

En la Cancillería siguen frescos dos casos que sacudieron por igual al ministerio pero con resultados muy diferentes. Una denuncia parecida originó hace unos años una investigación en la embajada en Pekín donde se sospechaba que se “vendían” visas argentinas para pasaportes especiales de la nomenclatura. Viajó una delegación de la Gendarmería pero no se hallaron irregularidades. En cambio, el año pasado una sucesión de denuncias contra el encargado de negocios argentino en la embajada en Filipinas acabó con el funcionario desaparecido por varios meses y luego prófugo —hoy residiendo en Australia— y muchas cuentas por saldar.