ADMITEN QUE EZEIZA PODRÍA SER SEGURO RECIÉN DENTRO DE UN AÑO

Si Osama Bin Laden fuera mañana a algún aeropuerto remoto, tomara un avión de línea y viniera a la Argentina, las autoridades de seguridad de Ezeiza recién se enterarían de su llegada al país cuando el terrorista más buscado del mundo pasara por Migraciones. Si alguien fuera al patio de valijas del aeropuerto durante la noche y metiera en la cinta de equipaje una bolsa con explosivos, no quedaría filmado porque las cámaras de seguridad de ese sector no graban en la oscuridad.

Si una organización quisiera traficar mercaderías en un avión de carga podría hacerlo sin problemas, ya que el nivel de seguridad allí es considerado nulo. Si pretendiera hacerlo en uno de pasajeros también tendría chances, ya que aún no están identificados los vuelos de riesgo. Y si uno de sus integrantes buscara entrar a zonas restringidas tampoco vería grandes inconvenientes: hay 28.000 credenciales para acceder a ellas, 16.000 más que las necesarias, y una buena cantidad está en manos desconocidas.

A cuatro meses de que estallara el escándalo de Southern Winds —casi 60 kilos de cocaína enviados a Madrid por esa aerolínea sin acompañante—, la situación de la seguridad en Ezeiza es aún un proyecto. “Si se desarrolla un sistema de identificación de zonas vulnerables y vuelos de riesgo, y un mapa de inteligencia, en un año tendremos un aeropuerto seguro”, dice a Clarín el interventor Marcelo Saín.

¿Y mientras tanto? Saín, quien fuera viceministro de Seguridad bonaerense en 2002, asumió la intervención el 22 de febrero de este año. Se encontró con la definición perfecta de caos. “La Policía Bonaerense es la Policía suiza al lado de la Policía Aeronáutica”, evalúa hoy ante Clarín.

Por el caso de las “valijas voladoras”, cayó el jefe de la Policía Aeronáutica (PAN) y se resolvió la disolución de esa fuerza. Como alguna vez la Gendarmería fue separada del Ejército, lo que se hizo fue sacar a la PAN de la órbita de Fuerza Aérea. Se formó entonces la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PAS), dependiente del Ministerio del Interior, que por ahora mantiene un problema grave en sus entrañas: tiene los mismos integrantes de la PAN.

Estos hombres todavía usan el mismo uniforme. O, mejor dicho, usan cualquiera de los 14 modelos diferentes de uniforme que tenía la PAN, todo un símbolo de su desorganización. Trabajan en insólitos turnos de 24 horas por 72 de franco. Y en Ezeiza son apenas 320, cuando según Saín se necesitan al menos 500.

Algunos parecen mantener viejos vicios. “La PAN no tenía cultura ni trabajo policial, no hacía diagnóstico del delito, no tenía estructura de mando y tenía un fuerte tufillo a corrupción”, señala Saín. Su primera medida fue armar un nuevo organigrama y crear el Centro de Análisis, Comando y Control (CEAC), cuya misión será hacer cosas que —aunque parezca mentira— no se hacían: “Planificar, supervisar, organizar bases de datos y sistematizar los partes policiales”.

Debajo del CEAC, la Intervención creó cinco Unidades Regionales de Seguridad para todo el país. Ahí también hubo problemas: el vicecomodoro designado en la unidad bonaerense tuvo que ser desplazado a los 20 días. Lo mismo pasó con el vicecomodoro a cargo de Ezeiza.

Saín disolvió los 16 Departamentos en los que estaba dividida la PAN y creo cinco subintervenciones. Entró al Centro Operativo de Control (COC), desde donde se monitorean las cámaras de circuito cerrado de Ezeiza, y surgieron más problemas. Un funcionario de la intervención empezó a recibir amenazas hasta que, hace 15 días, su mujer fue secuestrada una hora y media.

En el COC se reciben las imágenes de las 160 cámaras que hay en Ezeiza. En realidad, de 149, que son las que funcionan, según pudo comprobar Clarín. Las del patio de valijas tienen el problema de no filmar de noche y el pabellón de Aerolíneas Argentinas, hasta que se haga su reforma, sólo cuenta con 13.

Para combatir el narcotráfico, falta de todo. “Al momento de hacerse efectiva la Intervención, se advierte que no existen bases de datos que permitan realizar inteligencia alguna, no se posee información anticipada de los pasajeros que arriban en los vuelos, no se posee acceso a las bases de datos de la Dirección de Migraciones, Aduana, Senasa, Líneas Aéreas, Renar, circunstancia que obstaculiza cualquier intento de investigación”, grafica el informe de Gestión de los interventores.

Las empresas de seguridad que trabajaban en los aeropuertos son otra cuestión oscura, explica el subinterventor Julio Postiglioni. Un informe de la Sindicatura General de la Nación de abril dice: “Se encuentran funcionando 14 empresas de vigilancia privada, de las cuales sólo 10 cuentan con habilitación”. Esas empresas eran las que se encargaban de escanear las valijas despachadas. Como las de Southern Winds.

Hoy esos escaneos los hace sólo personal de la PSA, en el patio de valijas donde las cámaras no filman de noche. Los 32 hombres destinados a esta tarea se consiguieron “suspendiendo vacaciones”, indica Carlos Aguilar, del área de Seguridad Preventiva.

Al mismo tiempo, se trabaja en diseñar un mapa del delito y en identificar los vuelos “calientes”. Todo con poca plata: de los 21 millones de presupuesto operativo que le correspondían a la PAN por tasas aeroportuarias cobradas sólo llegaron 6 millones. La Fuerza Aérea usó el resto.

En la Intervención trabajan ahora en una purga de oficiales, que alcanzaría los 35 hombres. Esperan que el Congreso apruebe el proyecto de ley de la nueva PSA y quieren normalizar la te nencia de credenciales para zonas restringidas. “Se detectaron anomalías en su entrega”, dice el informe de Gestión.

“No hay control integral de cargas, en eso estamos en cero. En el control de equipaje, estamos en 7 puntos, tres más que cuando asumimos”, señala Saín. El avance se nota, pero todavía falta. Por ejemplo, lograr que la PSA, la policía de los aeropuertos, tenga al menos un móvil aéreo. Hoy no tiene ni un ultraliviano.