AGUAS COMUNICÓ SU DISOLUCIÓN AL GOBIERNO PERO NO LA INSCRIBIÓ

El gobierno de Santa Fe espera que hoy Aguas Provinciales notifique al Registro Público de Comercio, la decisión de disolver la empresa tras lo cual, recién quedaría formalmente a cargo de la prestación del servicio de agua potable y cloaca en 15 localidades.

Hoy ingresaron dos escritos a la Gobernación y al Ministerio de Obras y Servicios Públicos mediante las cuales Aguas Provinciales de Santa Fe comunicó la decisión de la asamblea de accionistas, que el viernes resolvió disolver la firma.

Voceros oficiales dijeron que en las notas, que serían distintas entre sí, no se informa la concreción del trámite de inscripción de la disolución de la empresa ante el Registro Público de Comercio.

Por esa razón, las notas fueron derivadas a la Fiscalía de Estado, donde se determinará la validez jurídica de esos escritos.

De esta manera, hasta la fecha los accionistas mayoritarios no cumplieron con la inscripción de la disolución luego de que decidieran el viernes no capitalizar la empresa negándose al pedido del Estado para que retirara sus reclamos ante el Ciadi.

Mientras tanto, y hasta que no se concrete la presentación, no hay cambios concretos en cuanto a la situación de la prestataria, que el viernes pasado durante su asamblea de accionistas, decidió a través de la retirada del grupo francés Suez, alejarse del negocio del agua.

Desde el Gobierno se trabaja en la conformación de la nueva compañía estatal Aguas Santafesinas SA (Assa), que quedará conformada por un paquete accionario donde el Estado provincial poseerá el 51 por ciento de las acciones, mantendrá el 10 por ciento para el programa de propiedad participada, y pondrá a disposición el 39 por ciento restante para los 15 municipios y comunas alcanzadas por el servicio.

En base a los planes del Ejecutivo, el directorio previsto para la nueva empresa estatal estará conformado por cinco miembros: un presidente y dos representantes del estado, uno por los municipios y otro por los trabajadores, teniendo el titular del mismo un fuerte perfil político y técnico, mientras que los otros dos tendrán un neto perfil técnico.

EL BANCO GALICIA PEDIRÁ UNA INDEMNIZACIÓN A LOS OTROS SOCIOS DEL CONSORCIO

Ayer se conoció que el Banco de Galicia ingresó una nota a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires exponiendo su decisión de pedir una indemnización por daño a sus socios Suez, Aguas de Barcelona e Interagua, similar a la compensación demandada públicamente por el Sindicato de Obras Sanitarias de Rosario, pero no a sus socios privados –ligados a través del Programa de Propiedad Participada (PPP) que le da a los trabajadores el 10 por ciento del paquete accionario– sino al Estado santafesino.

Eso no es todo. La Casa Gris también ha hecho trascender su intención de iniciar acciones legales contra Aguas Provinciales por la rescisión del contrato por responsabilidad del concesionario, aunque para eso aguarda el desenlace oficial de la decisión de los accionistas de la empresa. Y, además, está de por medio la demanda iniciada por Aguas y sus socios en forma individual en el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por 310 millones de dólares.

Aunque aún faltan pasos formales, las cartas parecen estar echadas. Aguas se disuelve por decisión de sus socios mayoritarios y el Estado se hará cargo del servicio a través de una empresa con mayoría accionaria estatal, una participación de los trabajadores y tal vez también de los municipios donde Aguas prestaba el servicio.

El gobernador tendría listos dos decretos para darle forma jurídica al entuerto. Uno destinado a dejar clara la responsabilidad del concesionario privado en la rescisión del contrato, lo que abre la puerta a una futura demanda, y otro creando la nueva empresa estatal. Dicho sea de paso, ayer trascendió que la misma tendría un directorio conformado por cinco miembros, un presidente, dos representantes del Estado, uno por los trabajadores y otro por los municipios.

En tanto, si Aguas notifica al Registro Público de Comercio su decisión societaria de disolverse como compañía, el presidente del Ente Regulador del Servicio Sanitario (Enress), el obeidista José Manuel Kerz, quedaría a cargo de la prestación del servicio a través de una intervención judicial vía medida cautelar.

Pero mientras tanto, al gobierno no le queda otra que aguardar la notificación oficial de la disolución de Aguas, esto es su registro en los organismos pertinentes. Las dos notas enviadas ayer al gobernador Jorge Obeid y al Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe por el liquidador de la concesionaria, su antiguo director Alberto Gregorini, no satisfacen el requerimiento normativo, por lo que el Ejecutivo las envió a Fiscalía de Estado a los fines de que establezcan su valor jurídico.

Por otra parte, la tortuosa salida de Aguas comienza a apuntar hacia los Tribunales. El diario El Cronista Comercial dio a conocer ayer una nota que ingresó a la Bolsa de Comercio –donde cotizan sus acciones– el Banco de Galicia, exponiendo su decisión de demandar por daño a sus socios extranjeros en Aguas de Santa Fe. En la misma, señala el diario porteño, la entidad crediticia da cuenta de su votación en la asamblea de accionistas en contra de la disolución de la concesionaria y reclama a Suez, Interagua y Aguas de Barcelona una indemnización por esa determinación.

En tanto, Aguas y sus socios extranjeros continúan su demanda ante el Ciadi contra el Estado nacional por la salida de la convertibilidad y la negativa a aumentar la tarifa, entre otros reclamos. El monto de la presentación es de unos 310 millones de dólares. Y el Estado santafesino, por su parte, dio señales de querer entablar una demanda contra la concesionaria por la rescisión del contrato cuando aún faltaban 20 años para que finalizara.