AGUAS DEBE RESARCIR A UN USUARIO POR DAÑO MORAL
En un fallo inédito en la provincia, la Justicia condenó a Aguas Provinciales de Santa Fe a pagarle 9.500 pesos a un usuario en concepto de daño moral. “La verdad es que el monto no repara el tiempo perdido, pero por lo menos hace que la gente sea tratada de otra manera y sea respetada como corresponde”, confesó a La Capital Daniel Bottino, el denunciante que se sintió indignado por “el manoseo y maltrato” de la ex concesionaria y que ahora será resarcido.
La resolución del juez Civil y Comercial Nº12, Rodolfo Bruch, es apelable, pero sin duda constituye un fuerte antecedente en la defensa de los derechos del consumidor.
El comerciante de 55 años vive junto a su familia en la planta baja de un complejo habitacional ubicado en Colombia 911. El edificio gozaba de la exención en el pago del servicio de desagüe cloacal por el término de 48 meses.
Ante ello, se presentó el origen del conflicto. Bottino pretendió que los plazos de este beneficio comenzaran a partir de 1999 pero, según el fallo, Aguas Provinciales le empezó a facturar las cloacas. Allí se inició el periplo del usuario. Primero con la presentación de un recurso administrativo ante el Ente Regulador del Servicio Sanitario (Enréss), que se demoró un año en expedirse y encima en forma desfavorable. Mientras tanto, el comerciante se abstuvo de abonar los servicios que estaban exentos de pago.
Ya en 2004, la Fiscalía de Estado hizo lugar a un recurso promovido por el actor, estableciendo que el inicio del término de la exención tarifaria debía comenzar a fines de 1998. En igual sentido se expidió a través del decreto 3.500 el propio gobernador santafesino.
No obstante, a Bottino se le cortó el servicio de agua potable a partir de agosto de 2001. Desesperado, y tras los pedidos de reconexión, el hombre optó por abonar lo reclamado “bajo protesta”. Sin embargo, la concesionaria le volvió a cortar el suministro en abril de 2003.
Ya ante la Justicia, y patrocinado por el abogado Pablo Barceló, el usuario damnificado reclamó la reconexión del servicio, la refacturación (conforme a lo establecido por el decreto), y exigió una compensación por daño moral.
En su fallo, Bruch aclara que la empresa reintegró una suma de dinero a la actora en ese concepto, “lo que equivale a que la cuestión queda zanjada, deviniendo por ende abstracta”.
Así, sólo restaba analizar la demanda por daño moral. “En el caso bajo examen, la actora (por Bottino) ha tenido que afrontar una serie de contingencias, las que se traducen en diversas diligencias, a fin de efectuar reclamos y denuncias para mantener u obtener el servicio de aguas en su domicilio”, analiza en sus considerandos Bruch para agregar: “Vemos que efectivamente toda esa serie de hechos han causado trastornos en la persona que indican que realmente han dañado su fuero íntimo, como así sus relaciones sociales, todo lo cual merece ser resarcido”.
Una pericia psicológica, en tanto, señala que la actitud de Bottino en las entrevistas se manifiesta disociada, generada por el gran estado de ansiedad. Que su discurso se encontraba enquistado en el hecho traumático, repitiendo sus problemas con la empresa demandada.
Además, la perito indica que el comerciante vivió meses sin servicio de agua, debía higienizarse en casa de un pariente, y que al recuperar el servicio pudo reordenar parte de su vida.
De todo ello, y según se desprende del informe judicial, surgieron como síntomas de esa situación: desánimo, desmotivación y desvalorización personal, y que en las inhibiciones que generó esa situación, el usuario demandante dejó de tener actividades que a nivel individual disfrutaba.
Consta en el expediente que Bottino sufrió dificultades en la concentración en su trabajo. Por todo ello, el daño moral debe ser reparado con 9.500 pesos a su favor.
Para poder buscar una situación analógica, Barceló revisó los antecedentes judiciales que se produjeron en Capital Federal y provincia de Buenos Aires “luego de los grandes cortes que afectaron a los clientes de Edenor y Edesur, entendiendo que existe una similitud entre dos cosas tan vitales como la luz eléctrica y el agua”.
Ya en el caso de su defendido, la situación fue orientada en tres frentes: pedir la reconexión del servicio, solicitar la refacturación (durante algunos períodos a Bottino se le cobraron 50 pesos en vez de unos 20 pesos) y el daño moral. Si bien la situación de este usuario era idéntica a muchos clientes y en especial a los habitantes de Colombia al 900, el resarcimiento opera exclusivamente sobre su persona.
Y lo que todavía resta conocer en detalle es si finalmente a Bottino le terminará pagando Aguas Provinciales de Santa fe (ahora en liquidación), o si de lo contrario el gobierno provincial (en este caso el poder concedente) terminará sumando este tema dentro de las cuestiones pendientes con la ex concesionaria de agua y cloacas.
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