AGUAS DICE QUE ESTÁ EN UNA SITUACIÓN LÍMITE

El documento de Aguas dirigido al gobernador Jorge Obeid lleva la firma del director general de la empresa Alberto Gregorini e informa que se procede a la intimación ante “el rechazo de la presentación de la concesionaria del 1° de diciembre de 2004 con nulo debate y carente de explicaciones”.

Se basa en el numeral 13.4 del contrato de concesión, que tipifica los motivos por los que el poder concedente (el Estado) puede caer en incumplimientos contractuales.

La intimación sostiene que la posición oficial sobre la propuesta de Aguas de diciembre del año pasado -expresada en una nota del Ministerio de Obras y Servicios Públicos del 7 de febrero-, “no hace sino ratificar la conducta permanente de la concedente de omitir remediar la situación de quiebre de la ecuación económico-financiera de la concesión, causada por actos y omisiones del concedente, en clara violación del contrato y de su marco regulatorio, según fuera denunciado por APSF en reiteradas oportunidades”.

La empresa dice que transcurrieron tres años desde que se dictó el decreto N° 221 en 2002 que abrió un proceso de renegociación y desde entonces no hubo “ninguna medida tendiente a recomponer en forma definitiva” los números de la concesión.

QUÉ DICE HAMMERLY

El texto dice que Aguas “dio fiel cumplimiento a sus obligaciones contractuales” después de señalar que el Estado ha incumplido “sistemáticamente” sus compromisos.

Respecto del cumplimiento de la firma, la afirmación se apoya en “recientes declaraciones públicas del ministro de Obras y Servicios Públicos y Vivienda (Alberto Hammerly) y el presidente del CEARINSA”, la comisión de análisis de la concesión encabezada por el Dr. Adalberto Damianovich, “al decir que Aguas no ha incurrido en incumplimientos al marco regulatorio y sus modificaciones”, en declaraciones a los diarios La Capital y Rosario 12 y “ante el Poder Legislativo” (cita la versión taquigráfica de la reunión del 23 de febrero en la Cámara de Diputados).

Como los funcionarios en aquella reunión en la Legislatura, la concesionaria dice que desde 2002 “Aguas ha cumplido con los compromisos asumidos en el acuerdo transitorio firmado en octubre de 2002”, que suspendió la realización de inversiones.

NÚMEROS Y CONCEPTOS

El grupo Suez decidió para la concesión santafesina una posición diferente a la de capital federal y Córdoba, donde -con contratos similares, pero no iguales- hubo “distintos tipos de avances”, según interpreta la compañía a nivel local.

Aquí la empresa sostiene que está “en una situación límite” en cuanto a sus ingresos y egresos. Y afirma que “no vamos a permitir llegar al extremo de no poder prestar con calidad y eficiencia el servicio”, dijo la fuente consultada en la empresa.

Agregó que la intención no es rescindir el contrato, pero insistió con que “no podemos permitir llegar a tener problemas para dar un servicio de calidad”.

El escrito que tiene en su despacho Jorge Obeid dice que entre 1995 y 2001 Aguas invirtió en el servicio “una suma superior a los 250 millones de dólares” y que contribuyó al fisco provincial y municipal por “un monto cercano a los 50 millones de dólares”.

Al enumerar la “violación de los derechos de Aguas”, la empresa comienza por la salida de la Convertibilidad, con “drásticos efectos” sobre costos operativos y costos financieros. Más adelante estima los primeros en un 70% al comparar los actuales con 2001.

Dice que fue del 115% el aumento del costo de la energía eléctrica brindada por el Estado, y que las deudas del sector público por el servicio a oficinas y viviendas Fonavi es de 8 y 33,5 millones, en sendos casos.

Luego afirma que la provincia desconoció los derechos de Aguas al no poner en práctica los mecanismos de revisión extraordinaria y modificación de costos, que están puntualmente previstos por el contrato.

En síntesis, en la visión de la empresa “la provincia no aplicó las instituciones del contrato” y es “la única responsable de la situación que impide la razonable ejecución del contrato”.