AGUAS DICE QUE SE ENCUENTRA "EN UNA SITUACIÓN LÍMITE"

Con la ley en la mano, la empresa Aguas Provinciales de Santa Fe salió ayer a defenderse de la ofensiva oficial y legislativa –que estudia derogar la norma que garantiza la rentabilidad de la compañía al mantener inalterable la ecuación económico-financiera del contrato– al asegurar a través de un comunicado que “la empresa ha efectuado infinidad de propuestas en los últimos cuatro años para readecuar el contrato, demostrando su voluntad de seguir a cargo de la concesión, pero las mismas no tuvieron eco en el gobierno” y admitir que se vio obligada “a poner una fecha tope para alcanzar una solución, dado que nos encontramos en una situación límite”.

Por su parte, el ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia, Alberto Hammerly, señaló que, “personalmente”, piensa que “Aguas se va, por lo que la situación es delicada”. Por la dudas, como informó este diario, l ministro encomendó al Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress) que audite a la empresa para conocer en qué estado se encuentra, de manera de prever un traspaso a la órbita estatal.

La compañía con mayoría de capitales franceses, que presta el servicio sanitario en 15 localidades de la provincia desde fines de 1995, presentó una suerte de intimación al gobierno provincial en el que reclama, como lo recordó ayer en el comunicado de prensa, el mantenimiento de la ecuación económico-financiera del contrato de concesión, para lo cual puso como fecha tope a una respuesta el 29 de abril. La respuesta a la presentación de Aguas está en estudio en la Fiscalía de Estado provincial. De no haber una acuerdo, la empresa puede dar por rescindido el contrato en las primeras horas del 2 de mayo próximo aduciendo incumplimientos del Estado.

Como informó este diario en su edición de ayer, la administración de Jorge Obeid está atrapada en su propia trampa. Porque fue el propio mandatario quien firmó la ley 11.665, a fines de su anterior gestión al frente de la Casa Gris, por la cual se renegoció el contrato con la empresa otorgándole un incremento tarifario del 13 por ciento e incluyendo un artículo que obliga al Estado a respetar “la ecuación económico-financiera del contrato”. Es decir, garantizando su rentabilidad y evaporando del vínculo contractual el riesgo empresario. Por esa razón la compañía ahora le reclama eso al gobierno y pide un recomposición de sus ingresos de alrededor de un 60 por ciento.

Sobre su intimación al Estado provincial, Aguas dijo ayer a través de un comunicado: “Nos vimos obligados a poner una fecha tope para alcanzar una solución, dado que nos encontramos en una situación límite”. Y agregó que ahora que ellos movieron su ficha “las decisiones están en manos del concedente, a fin de restablecer el equilibrio de la ecuación económico-financiera tal cual lo determina el propio contrato”. Es decir, salió a dar batalla con la ley en la mano.

Sin embargo, desde el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de Santa Fe se plantea que la empresa incumplió el contrato luego de la sanción de la ley 11.665 (la última renegociación con aval legislativo) y antes de la devaluación del peso, a principios de 2002. La relación del Estado y la empresa, como reconoció el miércoles el ministro Hammerly, transita “un callejón sin salida”.

En declaraciones a una radio local, Hammerly sostuvo ayer que “Aguas tiene una obligación contractual que cumplir con la provincia de Santa Fe, que ha concesionado los servicios de agua y cloacas, y creo que debe meditar esta decisión con muchísima responsabilidad porque la provincia ha hecho innumerables esfuerzos y consideraciones para que este servicio esencial se preste de la mejorar manera, como ellos se habían comprometido”.

De acuerdo a la visión del ministro, los empresarios “juegan a dos puntas, porque por un lado piden la rescisión del contrato y por el otro hacen el reclamo” por incumplimiento estatal ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial.

“Ellos están haciendo un trabajo y un reclamo a nivel internacional –dijo Hammerly– que para nosotros es un incumplimiento más de los tantos que han hecho. En el contrato se comprometieron a no hacer reclamos en organismos internacionales y nacionales, y que se avenían exclusivamente a los provinciales”.

Encima, el reclamo de Aguas ante el Ciadi convierte al tribunal arbitral en juez y parte, atento que depende del Banco Mundial que, a su vez, es socio de Aguas Provinciales a través de la Corporación Financiera Internacional (CFI) que posee un número menor de acciones de la sociedad que controla Aguas Provinciales de Santa Fe.