AGUAS: EL CONCEJO MUNICIPAL DE ESPERANZA RECHAZÓ LA PARTICIPACIÓN EN ASSA

El próximo 15 de marzo las localidades concesionadas por Aguas Provinciales de Santa Fe deberán aportar los montos requeridos por el gobierno provincial para confirmar su participación en la nueva sociedad anónima que se hará cargo de las prestaciones sanitarias. En este sentido, Rosario -la mayor ciudad con usuarios- no parece interesada en formar parte de la propuesta efectuada por el gobernador Jorge Obeid.

El próximo 15 de marzo las localidades concesionadas por Aguas Provinciales de Santa Fe deberán aportar los montos requeridos por el gobierno provincial para confirmar su participación en la nueva sociedad anónima que se hará cargo de las prestaciones sanitarias. A pesar de que algunos municipios confirmaron ya la integración a Aguas Santafesinas S.A. las dificultades para la Provincia se presentan en aquellos territorios conducidos por funcionarios que no responden al justicialismo. En este sentido, Rosario -la mayor ciudad con usuarios- no parece interesada en formar parte de la propuesta efectuada por el gobernador Jorge Obeid.

En la misma línea se ubica Esperanza dirigida por el intendente radical, Rafael De Pace, ya que ayer el Concejo Municipal aprobó un proyecto de declaración mediante el cual “rechazan enérgicamente” la integración a ASSA, por entender que la crisis en los servicios sanitarios se debe a “una falta total de política de Estado, lo cual derivó en un fracaso de las sucesivas administraciones justicialistas en Santa Fe”.

En rigor, la declaración aprobada por el Cuerpo Legislativo contiene 3 artículos. El primero de éstos, declara el “enérgico rechazo a la conformación por el Gobierno de la provincia de la Sociedad Aguas Santafesinas S.A. como medio de solución al fracaso de la privatización del servicio de provisión de agua potable y cloacas por medio de la empresa Aguas Provinciales de Santa Fe S.A.”.

En tanto, el segundo reafirma “el poder concedente del cual es titular el Municipio de la ciudad de Esperanza”; y el último ratifica “la conveniencia de la municipalización del servicio, a los efectos de asegurar la administración de la provisión de agua potable y cloacas”.

Esta medida conjunta responde a la “notoria ausencia del control estatal sobre el poder concedido durante el lapso que duró la concesión del servicio y la consecuente pérdida del poder concedente por parte de la Provincia”.

Los fundamentos

Las autoridades esperancinas entienden que el poder concedente pertenece originariamente a los municipios y comunas, facultad que fue “oportunamente delegada” a gobiernos superiores pero reservándose competencia en su carácter de «delegante».

Asimismo, aseguran que la Reforma Constitucional de 1994, se consagró “la más amplia autonomía para los municipios, en el artículo 123 de la misma”; y que a su vez, el artículo 107 inciso 3 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, garantiza a los municipios “las atribuciones necesarias para una eficaz gestión de los intereses locales”.

De este modo, recuerdan que al sancionarse la Ley 11.220, de privatización de los servicios sanitarios, la Provincia “ignoró inconstitucionalmente a los municipios como titulares del poder concedente originario y no sólo no se los consultó debidamente, sino que tampoco se les dio ninguna potestad en el proceso de licitación”.

Por otro lado, destacan la “profunda asimetría” en la infraestructura existente en las distintas ciudades a partir del pasivo de inversiones que deja Aguas Provinciales de Santa Fe SA (aproximadamente 700 millones de pesos) como consecuencia “del error en la concesión del servicio otorgada por el gobierno provincial y a las sucesivas renegociaciones a las que se accediera complacientemente en el marco de serias irregularidades”.

Es por esto que entienden que estas diferencias “ponen en desventaja a los municipios afectados en términos de condiciones necesarias para un íntegro y efectivo ejercicio del poder concedente”.

Además, en los considerandos de la declaración, alertan sobre la pretensión del gobierno provincial de “que las comunidades locales se hagan cargo de dicho pasivo de inversiones”. Por lo tanto, expresan que las autoridades de Esperanza presentaron un recurso de inconstitucionalidad para lograr “la nulidad del proceso privatizador que concluyó con la adjudicación a la empresa Aguas Provinciales S.A.”

Finalmente, confirman que desde dicha ciudad “reclamaron para sí, junto a otras localidades de la provincia de Santa Fe, la administración de la provisión de agua potable y de cloacas”.