AGUAS: LAS FUNDACIONES LE APUNTAN AL ENRESS

La Red de Entidades de Políticas Públicas (Repp) analizó la problemática del servicio de agua potable y saneamiento en la provincia y concluyó que el punto neurálgico del conflicto tiene que ver con el fracaso en la gestión del ente de contralor, en este caso el Enress. Asimismo, propone que la prestación debería volver a manos de los gobiernos locales y que las obras de infraestructura pendientes en Santa Fe deberían ser financiadas por el gobierno provincial o nacional y no mediante un aumento de tarifas.

La Repp -conformada por el Foro Regional Rosario, las fundaciones Ejercicio Ciudadano, Apertura, Libertad, Mediterránea, Grupo Trascender, Instituto de Desarrollo Regional y Asociación Conciencia- se reunió para debatir sobre la salida de Aguas y consensuó un documento que presentaron ayer en la Fundación Libertad. Esteban Hernández, de la Fundación Apertura, explicó los alcances de la propuesta. En primer lugar mencionó que los servicios públicos, privatizados o no, deben contar con un sistema de contralor que funcione en pos de los usuarios. Es que “el Enress fracasó y no permitió que la sociedad siguiera el proceso de la prestadora”. En suma, “no se sabe si la calidad del servicio mejoró o no, o si la cantidad de beneficiarios aumentó”, temas claves que debería haber analizado el ente.

Por otra parte, Hernández consideró que es fundamental “la elección de los técnicos que integran el Enress”. Según la Repp, los entes deben ser públicos, independientes, transparentes y un ámbito donde la sociedad pueda discutir sus reclamos. Sin embargo, en el caso del ente que debía controlar a Aguas Provinciales, su integración “fue sesgada por la política partidaria”.

“Un ente de aguas tiene que estar formado por profesionales elegidos por concurso, es como la discusión de los jueces de la Corte Suprema, por aptitudes, capacidades y antecedentes”, precisó.

La realidad del servicio de agua en la provincia es muy compleja ya que hay 270 prestadores, básicamente cooperativas, mientras que Aguas atiende 15 ciudades.

La Repp reiteró, además, un viejo reclamo: el de la ley de información pública provincial. Hernández se refirió al cruce de informaciones sobre la salida de la provincia de Aguas. “La información es confusa, contradictoria y escasa, el gobierno tendría que hacer una presentación clara sobre dónde estamos parados, no se sabe si es posible que se transfieran las acciones, qué pasa con las demandas en el Ciadi”, dijo.

En tanto, Miguel Lagrutta, del Trascender, advirtió que el foco de la discusión se pone en si el prestador tiene que ser privado, público o cooperativa cuando “el punto principal es el verdadero fracaso de la gestión tiene que ver con que el órgano de control no es independiente”. Consideró que cualquier gestión, pública o privada, puede fracasar si el operador está a su libre albedrío. “De hecho ya fracasó”, enfatizó.

En cuanto a las obras sostuvo que la provincia o la Nación deberían hacerse cargo ya que no es apropiado que las realicen los usuarios. Además, “sería interesante que el poder concedente quede en mano de los municipios y no de la provincia”.