AGUAS: NEGOCIAN LA RETIRADA DE SUEZ DEL PAÍS

El acuerdo que alcanzaron las autoridades del ministerio de Planificación Federal y los directivos de la compañía establece, en principio, un período de transición de 90 días durante el cual la operación del servicio seguirá a cargo de la sociedad concesionaria.

En los próximos días, el Gobierno designará un veedor oficial en la empresa que se encargará de controlar los movimientos operativos durante la transición y avanzar con la realización de los inventarios para la recepción provisoria de los activos que forman parte de la concesión.

Para reducir los problemas de suministro que se esperan para el verano y encarar las tareas de mantenimiento más atrasadas, el Gobierno autorizaría la utilización de los recursos disponibles en el fondo fiduciario para obras. El fideicomiso que se alimenta con una porción de la recaudación mensual de Aguas Argentinas cuenta con casi $ 27 millones que hasta ahora no han tenido una asignación específica por la falta de acuerdo entre los funcionarios y empresa.

El encargado de dar a conocer los términos de la transición fue el titular del gremio de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri, quien sostuvo que “se terminó la negociación con Suez y ahora el Gobierno debe planificar la nueva etapa que se abre para la prestación del servicio”.

Al disertar en el seminario internacional sobre “Gestión del Agua en Areas Metropolitanas”que organizó el Instituto Argentino de Servicios Públicos (IASP), el dirigente sindical alertó que “en el verano se van a registrar inconvenientes con el agua por la falta de inversiones de los últimos años”.

Lingeri —que también integra la conducción directiva de la CGT— indicó que los partidos bonaerenses que podrían sufrir los mayores problemas de suministro son Lomas de Zamora, Berazategui, San Martín y Almirante Brown.

Para Lingeri uno de los aspectos esenciales que se debe resolver es el tema tarifario. “Los usuarios deben entender que el servicio no es gratis y que se necesita la colaboración de todos para encarar las obras de expansión que permitan mejorar la calidad de vida”, destacó Lingeri.

Por su parte, el especialista francés de l’Ecole Nationale des Travaux Publics, Sylvain Petitet señaló que “la privatización en Francia no aportó las soluciones esperadas y ahora se marcha a un nuevo modelo basado en inversiones públicas y el aporte solidario de los usuarios que ya cuentan con los servicios de aguas y cloacas”.

En tanto, el titular de la Unión de Usuarios y Consumidores, Américo García consideró que “la discusión actual no puede ceñirse a si la operación es estatal o privada. Lo que debemos definir son las condiciones básicas para garantizar el servicio con un régimen tarifario razonable”.

A su vez, el ministro bonaerense de Infraestructura, Eduardo Sicaro, remarcó tres puntos clave que debería tomar en cuenta la Nación para resolver el caso de Aguas Argentinas: la planificación de las obras a cargo del Estado, la separación de los ingresos tarifarios para el mantenimiento y la expansión del servicio y el establecimiento de una tarifa social para atender la situación de los usuarios de menores recursos.