AGUAS: OBEID Y HAMMERLY ANALIZARON EL "DÍA DESPUÉS"
El gobernador Jorge Obeid y el ministro de Obras Públicas, Alberto Hammerly, analizaron ayer los escenarios posibles para la prestación del servicio de agua potable en las localidades concesionadas a Aguas Provinciales, a sólo diez días de que venza el plazo que puso la empresa para que el Estado le presente una propuesta de operación que le garantice “la ecuación económico-financiera”.
Frente a lo que considera una situación casi sin retorno, el gobierno provincial está por estos días abocado al análisis del “día después”, tanto en materia de prestación del servicio como de la estrategia para evitar que el retiro de la empresa se traduzca en un juicio millonario. Las alternativas, en cuanto a la primera cuestión, no son demasiadas: provincializar, volver a concesionar o municipalizar.
Hasta la semana pasada, la primera opción figuraba al tope de la lista pero no hay total unanimidad en el gobierno provincial al respecto. Las declaraciones del intendente de Rosario, Miguel Lifschitz, poniendo condiciones para una eventual municipalización devolvieron esta otra salida a los primeros planos de la discusión, aunque con entusiasmo dispar ya que las coincidencias en las críticas a la concesionaria se desvanecen a la hora de asumir los costos de la salida.
Lo que pasará el día después “será en definitiva una decisión política del gobernador”, señaló Hammerly al término del encuentro que mantuvieron a media mañana de ayer. El ministro aseguró que “la misión del gobierno es garantizar la continuidad del servicio, independientemente de la alternativa que se tome”. Estas alternativas, dijo, son “provincializar el servicio y seguirlo prestando, volver a concesionar, o bien municipalizarlo y que cada localidad vea la forma de hacerse cargo de la prestación del servicio”.
Pero esta última opción tiene sus complejidades. “Esto funciona como una unidad de negocios y es muy difícil dividirlo en las 15 ciudades donde hoy se presta el servicio. Porque Esperanza y Rafaela son un negocio y Rosario y su conurbano es otra unidad, por eso se hace complejo sectorizarlo por municipio”, dijo Hammerly.
Así como el intendente rosarino puso condiciones para hacerse cargo del servicio, el tema también preocupa en las localidades más pequeñas. Hammerly consideró que “es fácil un planteo de estas características” ya que “por supuesto no es lo mismo el costo del metro cúbico de agua en Santa Fe o Rosario, que están al lado del Río Paraná, que en Firmat, Rufino o Gálvez, que tienen perforaciones y equipos de ósmosis inversa para poder potabilizar el agua”. Pero también advirtió: “Con plata cualquiera presta el servicio y hace las obras”.
En declaraciones radiales, Hammerly sostuvo que “en esas 15 localidades el servicio se está prestando con normalidad. Aguas en ese aspecto tiene una obligación contractual y una responsabilidad empresaria que hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de dificultad. Evidentemente -agregó- ellos hacen el planteo que económicamente el contrato hoy no les conviene y por eso plantearon rescindir por causas del consedente pero por ningún aspecto usted puede hacer una rescinsión unilateral.”
Respecto de la posibilidad de que el Grupo Suez venda Aguas Provinciales a otra empresa, lo cual fue desmentido en su momento por la concesionaria, el ministro aclaró que “después de los diez años puede haber un cambio de operador, en tanto y en cuanto el poder concedente, que lo tiene la provincia, lo apruebe y sea ratificado por la Legislatura”.
Los roces entre el gobierno provincial y Aguas se aceleraron luego de que la empresa presentara en marzo pasado una intimación para que el Ejecutivo presente una propuesta de renegociación del contrato que garantice la ecuación económica-financiera de la concesionaria.
El análisis de esa presentación sigue en manos de la Fiscalía de Estado y la contestación jurídica de la misma se podría conocer el mismo 2 de mayo, cuando se termine el plazo otorgado por Aguas.
Mientras tanto, en Obras Públicas se cuidan de tomar cualquier actitud que los pueda poner como responsables de una ruptura contractual.
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