AGUAS PROVINCIALES DECIDIÓ IRSE DE SANTA FE

Finalmente, tras meses de tironeos, acusaciones y declaraciones cruzadas con el gobierno, Aguas Provinciales de Santa Fe dejará de prestar el servicio de agua potable y cloacas en 15 municipios santafesinos.

Anoche el directorio de la concesionaria resolvió iniciar gestiones en lo inmediato con los funcionarios de Jorge Obeid para terminar la relación contractual de manera “ordenada en el corto plazo”. Según pudo saber Rosario/12, la intención de los accionistas de la empresa es rescindir el contrato vigente desde diciembre de 1995 dentro de los próximos 30 días, tras acordar los términos de la salida.

Para el ministro de Obras Públicas, Alberto Hammerly ese plazo “podría acordarse pero parece un poco acotado”. El funcionario adelantó a este diario que “una vez concluidas las negociaciones la provincia se hará cargo del servicio. Por lo pronto el gobernador no tiene pensado llamar a una nueva licitación ni transferir su control a los municipios”.

“El directorio de Aguas Provinciales de Santa Fe instruyó al Comité Ejecutivo de la empresa para procurar tratativas con la provincia de Santa Fe que, en el marco de la terminación de la relación contractual, permitan una salida ordenada en el corto plazo”. Con este escueto comunicado, APSF informó anoche sobre su decisión de abandonar la concesión iniciada el 5 de diciembre de 1995, tras la licitación efectuada durante el gobierno de Carlos Reutemann.

Lejos de sorprender, la determinación de la firma cuya mayoría del paquete accionario está en manos del grupo francés Suez Lyonnaise des Eaux (51,69 por ciento del total de Aguas), se venía madurando desde hacía tiempo. El propio Hammerly había dicho a Rosario/12 el viernes pasado que existía un 80 por ciento de posibilidades de que la empresa abandonara la concesión. El ministro de Obras y Servicios Públicos había efectuado esa proyección horas después de conocerse la respuesta formal del gobierno a las exigencias de la empresa.

A través de una nota remitida a la Casa Gris el pasado 16 de marzo, Aguas Provinciales había fijado como fecha tope el 29 de abril para que el gobierno modificara la ecuación económica. Aguas reclamó tener mayores ingresos, que se podían conseguir vía aumento de tarifa, subsidios o bien beneficios impositivos.

El viernes pasado el Ministerio de Obras y Servicios Públicos rechazó el planteo apoyándose en informes de Fiscalía de Estado y del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress). “Ahora le toca mover las fichas a Aguas”, había señalado Hammerly tras confirmar la respuesta del gobierno a los reclamos de la concesionaria.

Anoche se reunieron en Buenos Aires los integrantes del directorio de Aguas, que conforman además de Suez, Interagua Servicios Integrales del Agua (14,92 por ciento), Banco Galicia (12,50 por ciento), Aguas de Barcelona (10,89 por ciento) y los empleados a través del Programa de Propiedad Participada (10 por ciento). Allí se terminó de cerrar la decisión de rescindir el contrato, definición que, según trascendió, ya se había tomado la semana pasada.

“La decisión de Aguas no nos sorprende, la veníamos manejando como hipótesis cierta e incluso era el pálpito que teníamos”, señaló Hammerly a Rosario/12 tras conversar ayer con el gobernador Obeid.

La empresa pretende dejar de prestar el servicio en el menor tiempo posible. De todas formas, lo hará una vez concluida la negociación con el gobierno donde se definirán los alcances de la ruptura de la relación contractual. Desde la firma harán saber a la opinión pública que no hay “abandono”, sino más bien una decisión analizada con detenimiento. En ese sentido garantizarán la normal prestación del servicio hasta tanto se haya firmado el acta de rescisión del contrato.

Además de los plazos, que Aguas pretende no se extienda más allá de mediados de junio, desde hoy las partes discutirán sobre los aspectos jurídicos del escenario instalado. Tanto Aguas como el gobierno podrían reservarse el derecho de presentar ante la Justicia una demanda reclamando ser indemnizados por el daño económico generado, opción que poco agrada en los pasillos de la Casa Gris.

“Hay una serie de cuestiones técnicas por resolver que se definirán en inspecciones e inventarios pero por lo demás la provincia está en condiciones de hacerse cargo del servicio y del personal”, anunció Hammerly. Según el ministro, la intención del gobernador es “por lo menos inicialmente que la provincia brinde el servicio. No hay en los planes llamar a una nueva licitación ni municipalizar el sistema. Además el gobernador envió a la Legislatura un proyecto para crear la Empresa Santafesina del Agua, para darle sustentabilidad técnica y jurídica a esta opción”.