AGUAS PROVINCIALES DEMANDÓ AL ESTADO SANTAFESINO POR 169,1 MILLONES DE DÓLARES

La empresa concesionaria, que reclama al país una indemnización de mil millones de dólares, sostiene en la demanda presentada en Washington que los gobiernos santafesinos de Carlos Reutemann y Jorge Obeid incurrieron en acciones y omisiones que son “la nacionalización, la expropiación o medidas con un efecto equivalente prohibidas por el derecho internacional”.

La presentación sobre el contrato santafesino exige una indemnización de 169,1 millones de dólares, cifra que la empresa concesionaria describe como “nacionalización” y “expropiación”, por parte de Santa Fe, según los cálculos que realizó Aguas Provinciales a fines de 2002.

En realidad la demanda presentada en el Ciadi suman mil millones de dólares, contando las tres concesiones que posee el grupo internacional, pero la suma principal, reclamada por Aguas Argentinas, deberá esperar hasta el año próximo, en cambio podrán continuar los planteos de la empresa sobre los contratos santafesinos y cordobeses, según dan cuenta algunos medios escritos, entre ellos La Nación y El Litoral en sus ediciones de ayer.

La demanda de la empresa se debatió en Washington, por lo que una delegación argentina acompañó a los abogados de la Procuraduría General de la Nación, que encabeza Horacio Rosatti, quien no viajó a esa ciudad estadounidense. Sí en cambio lo hicieron el subsecretario legal del Palacio de Hacienda Osvaldo Siseles, y un equipo de la Procuración del Tesoro.

Los santafesinos José Kerz, presidente del directorio del Ente Regulador de Servicios Sanitarios y el secretario de Servicios Públicos Pedro Giardino, fueron junto a sus pares de Buenos Aires y Córdoba a Washington, para “tener más presencia”, según se indicó desde esferas oficiales.

El gobierno nacional logró un trato mejor ya que sobre el contrato con Aguas Argentinas existe un acta transitoria, que fue firmada durante el mes de mayo último, que los organismos internacionales de créditos consideran un buen avance para obtener la renegociación definitiva de los contratos.

En cambio el Ciadi consideró que pueden continuar los litigios sobre los contratos con Santa Fe y Córdoba (aunque la demanda siempre es contra el país), ya que en las mencionadas provinciales no se firmó ningún convenio provisional.

La situación de Santa Fe es distinta, porque aún no se ha llegado a la firma de ningún acta de preacuerdo, aunque existen muestras de que puede acordarse una grilla de obras para completar lo que las partes llaman “período de transición”.

En ese lapso, se podría culminar con la renegociación que comenzó hace casi dos años suspendiendo obligaciones de la empresa y evitando aumentos tarifarios, pero sin llegarse a un resultado final.
Mientras tanto, Alberto Hamerly, en su carácter de ministro de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, manifestó que espera que al cabo de alrededor de 6 meses (período estimado de la transición), pueda volverse al contrato que estaba vigente, pero la empresa no ha dicho nada al respecto y mantiene su demanda internacional.

Voceros oficiales consultados por el vespertino santafesino dijeron que los funcionarios santafesinos que viajaron a Washington, añadieron una importante documentación al litigio iniciado por Aguas Provinciales.

ARGUMENTOS

Aguas Provinciales sostiene en la demanda presentada en Washington que los gobiernos santafesinos de Carlos Reutemann y Jorge Obeid incurrieron en acciones y omisiones que son “la nacionalización, la expropiación o medidas con un efecto equivalente prohibidas por el derecho internacional, incluidos los tratados de inversión bilaterales firmados entre Argentina por una parte y Francia y España por otra”.

TARIFAS

Claro que la ley de emergencia, la devaluación y su impacto en el endeudamiento de la empresa en dólares en el exterior, es la parte más sustancial de la demanda.

Esta destaca que Santa Fe ha aplazado los ajustes y revisiones tarifarias a que tiene derecho Aguas Provinciales por contrato, y que el proceso de renegociación no cumplió su misión de reparar los problemas causados por la ley de emergencia.