AGUAS PROVINCIALES DISCUTIRÁ LA TRANSFERENCIA O SU DISOLUCIÓN

La empresa Aguas Provinciales de Santa Fe convocó a asambleas generales ordinaria y extraordinaria de socios para el 15 de diciembre, fecha en la que analizará la transferencia de acciones a otra compañía o su propia disolución. La convocatoria fue publicada ayer en el Boletín Oficial de la provincia, provocando así una situación que probablemente aporte zozobra a las dificultosas negociaciones que la firma mantiene con el gobierno santafesino.

No obstante, también importó la confirmación de que hoy la empresa no se retirará del servicio de manera unilateral como lo había anunciado. Esa amenaza había sido rechazada por el gobierno santafesino que, el martes último, formuló una nueva propuesta para la readecuación del contrato. De esta manera, intentó salir al cruce de las pretensiones que originalmente habría tenido Aguas Provinciales y por las que se desataron las fricciones con el gobierno de Obeid.

Si bien el Ejecutivo rechazó en varias oportunidades la posibilidad de que la empresa concesionaria del servicio de agua potable y cloacas en 15 ciudades de la provincia se retire por decisión unilateral, existen otras causales de rescisión del contrato establecidas en el artículo 13.

Entre esas causales de extinción contractual figura la disolución o liquidación de la sociedad concesionaria. Una salida en la que las autoridades santafesinas no quieren ni pensar, porque también el artículo 13 establece que en ese caso, la concedente, es decir la provincia, se debe hacer cargo automáticamente de la prestación del servicio.

Esa salida, que hasta ahora no figuró en las negociaciones ni en los discursos de las partes, fue ayer plasmadas por la publicación de la convocatoria a las asambleas general ordinaria y extraordinaria de Aguas Provinciales en el Boletín Oficial. En efecto, en la publicación se llama a la “consideración de la disolución anticipada de la sociedad conforme a lo dispuesto en el artículo94 inciso 5º, de la ley Nº 19.550, de acuerdo a lo resuelto en el punto anterior. En su caso nombramiento de los liquidadores”.

El “punto anterior” al que hace mención es “la consideración de la situación del capital social. En su caso aumento o reducción del mismo y reforma de los artículos 4º y 5º del estatuto social”. Instancia ésta que parece abrir la puerta a la posibilidad de un traspaso de acciones para lo cual entonces la empresa estará legalmente habilitada dado que ya se habrán cumplido los diez años de la concesión el próximo 5 de diciembre.

La oferta que le realizó el gobierno a la firma hace dos días fue la más clara y contundente señal de que desea que Aguas Provinciales siga prestando el servicio. Ayer la publicación de la empresa instaló otras dos opciones: el traspaso de acciones y la disolución. El traspaso siempre debe ser autorizado por el gobierno y solicitado por la firma. Ya lo hizo cuando Emgasud formuló una oferta y la provincia rechazó considerarla. Para el caso queda la disolución y liquidación de la empresa con lo que la provincia debería hacerse cargo de manera automática de la prestación del servicio.

No hay forma de saber si la publicación de la convocatoria o la oferta del gobierno están temporalmente relacionadas. De hecho, la empresa resolvió la fecha de su reunión y contrató la publicación con el Boletín Oficial mucho antes del día de ayer y, también esta claro que el gobierno no elaboró su propuesta de readecuación contractual de la noche a la mañana.

Pero hasta dónde el momento en que se hicieron conocer una y otra es pura casualidad o designio de las respectivas estrategias de las partes en la dura negociación, es todavía un dato insondable. De ese modo, no se puede decir que Aguas respondiera a la oferta del gobierno con la publicación ni que éste buscara anticiparse al formular la difusión de la asamblea empresarial en un órgano que depende de su administración como es el Boletín Oficial.

Por lo pronto, la empresa aún no ha respondido de manera formal y oficial a la propuesta de readecuación contractual y el gobierno sigue a la espera aunque con el tema otra vez instalado en la agenda pública tanto como el verano en la escala mercurial.

LA ÚLTIMA CARTA DEL GOBIERNO

El miércoles, el gobierno santafesino formalizó un ofrecimiento de readecuación contractual a la empresa Aguas Provinciales. Le propuso 6 aspectos fundamentales que pasan por un incremento de recursos del orden de 25 por ciento a partir de enero y de 5 por ciento más para 2007 y 2008 respectivamente, el mantenimiento del cargo compensatorio del 13,85 por ciento, la reprogramación de los plazos de ejecución de obras hasta 2008, la financiación con recursos externos a la concesión de las obras de expansión, y la revisión de éstas cada tres años. Sin embargo, el plan de trabajo no seduciría a la empresa.

La oferta fue remitida por escrito desde la Secretaría de Servicios Públicos al gerente general de Aguas, Alberto Gregorini. Conforme esa misiva se trata de “conclusiones” para una readecuación contractual que parten de analizar la situación producida por la crisis de fines de 2001 y principios de 2002, que impactó en los servicios públicos y diera origen al dictado de la ley 25.561 de emergencia pública y reforma del régimen cambiario.

A dicha ley -se recuerda- adhirió la provincia con la ley 12.036. “Claro es el espíritu de las citadas normas que privilegia la opción de la renegociación contractual por encima de la extintiva de los contratos administrativos”, le señala el gobierno santafesino a su concesionaria de agua potable y cloacas, resaltando que “el legislador provincial mantiene el criterio que tuvo al sancionar la ley 11.665, que otorgaba al Ejecutivo facultades tendientes a la preservación de la relación contractual”.

Explica que “el trabajo desarrollado intenta superar el actual estadio de relación contractual tomando los criterios establecidos en el decreto 2.362 que remiten a lo dispuesto por la ley 25.561”, y propone:

-La reprogramación de los plazos para la ejecución de las obras contempladas, reprogramados como consecuencia del acuerdo de renegociación del 28 de abril de 1999, la cual se ha enmarcado conforme los criterios previstos en la ley 25.561 para alcanzar las metas de calidad de servicio, especificando las obras mínimas e indispensables que deberán realizarse durante el trienio 2006-2008.

-Financiación con recursos externos a la concesión de las obras de expansión de los servicios de agua y cloacas, previstas en el acuerdo de fecha 28/04/99, manteniéndose las demás obligaciones que corresponden a la concesionaria. Se acordará el porcentaje de lo recaudado como consecuencia del servicio producto de estas obras, que será destinado al repago necesario de las mismas, debiéndose recordar en este punto que los usuarios se encontraban obligados al pago de ellas a través de los respectivos “cargos contractuales”.

-Revisión cada tres años del programa de obras, según criterios a definir.

-Implementación de un incremento de recursos de la concesión en el orden del 25% a partir del mes de enero de 2006, con sustento en la variación de costos producidos y dos incrementos más del 5% cada uno en los años 2007 y 2008, supeditados estos últimos al cumplimiento de las metas propuestas.

-Mantener el concepto del cargo compensatorio, derivado del acuerdo de renegociación del 28/04/99, equivalente a un 13,85 por ciento de incremento.

-Las obras licitadas y/o a licitar en la órbita de la administración, que tengan que ver con la concesión, se considerarán parte de los elementos a valorar en la relación contractual.

El gobierno espera ahora que Aguas Provinciales responda a su oferta, pero trascendió que la misma no le convence.