AGUAS PROVINCIALES MANTIENE SU DEMANDA INTERNACIONAL

La demanda de Aguas Provinciales de Santa Fe contra nuestro país ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), fue presentada hace más de un año, en abril de 2003.

El Litoral pudo, ahora, acceder a los detalles de aquella presentación: entre otros, se pide un laudo internacional a favor de la empresa por una cifra no menor a 106,7 millones de dólares, según lo calculado a fines de 2002 en concepto de “indemnización” por “todos los daños sufridos a resultas de los actos y omisiones de Argentina a la fecha del laudo”.

También en concepto de mantener el equilibrio económico de la concesión y extender un trato justo y equitativo, incluyendo “un adecuado rendimiento de la inversión y, en particular, a restaurar el valor de los activos medidos en dólares”, el demandante -Aguas Provinciales- estimó una indemnización a fines de 2002 en no menos de 62,4 millones de la moneda norteamericana.

En total son entonces, 169,1 millones de dólares.

CONCEPTOS

Aguas sostiene en la demanda que los gobiernos santafesinos incurrieron en acciones y omisiones que son “la nacionalización, la expropiación o medidas con un efecto equivalente prohibidas por el derecho internacional, incluidos los tratados de inversión bilaterales firmados entre Argentina por una parte y Francia y España, por otra. Argentina no ha concedido a los demandantes la protección y el tratamiento justo y equitativo exigido por el derecho internacional”, dice la empresa.

La demanda no se dirige contra la provincia, sino contra el país, porque es la Argentina quien firma los tratados internacionales.

Por otra parte, se deja constancia que en caso de un eventual cese de la concesión, sea por los demandantes (la empresa) o por los demandados (la Argentina), se pide un laudo de no menos de 323,3 millones de dólares estadounidenses, también como indemnización.

ARGUMENTOS

Según la demanda, el país “ha provocado y continúa provocando daños y perjuicios” a la empresa mediante “medidas legislativas, actos regulatorios y omisiones contrarias al marco regulatorio y a acuerdos contractuales y, últimamente, la promulgación por Argentina de la Ley de Emergencia en enero de 2002 y las leyes relacionadas y omisiones durante 2002 ú 2003”.

Las quejas -nacionalización y expropiación- apuntan a la norma que impidió aumentos tarifarios tras la devaluación y otras medidas anteriores, tomadas por los gobiernos de Carlos Reutemann y Jorge Obeid durante los ’90, como ciertas regulaciones y actos legislativos.

Uno de los tópicos es que la provincia no entregó terminadas algunas obras de saneamiento que debían estar listas antes del inicio del contrato de concesión (como las cloacas en Santa Fe y Rosario).

Otro argumento: las sucesivas denegatorias del Ente Regulador de Servicios Sanitarios a implementar las revisiones tarifarias (aumentos del 4% anual sobre el m3 de agua).

Cabe recordar que el Enress no aprobó en esas oportunidades el desempeño de la empresa, y únicamente evaluó como ajustado al contrato lo hecho en el llamado año 1 PR (el primero pos renegociación, entre mayo de 1999 y abril de 2000).

En el mismo sentido, imputa al Enress apartarse del contrato al reducir los recargos e intereses a los morosos, y dictar la imposibilidad de cortar el agua potable a quienes no paguen (se fijó una provisión mínima de 100 litros por día).

También se considera injusto un decreto (el 726 de 1997) que suspendió el cobro de los cargos de infraestructura, justamente para iniciar la primera renegociación del contrato.

DEVALUACIÓN

Obviamente la Ley de Emergencia, la devaluación y su impacto en el endeudamiento de la empresa en dólares en el exterior, es la parte más sustancial de la demanda y sobre estos temas son conocidas las posiciones de Aguas Provinciales.

Destaca que Santa Fe ha aplazado los ajustes y revisiones tarifarias a que tiene derecho por contrato, y que el proceso de renegociación no cumplió su misión de reparar los problemas causados por la Ley de Emergencia.

Hammerly espera que se logre un entendimiento

El ministro de Obras y Servicios Públicos Alberto Hammerly confirmó que la empresa Aguas Provinciales no ha dejado “en suspenso” su demanda ante el Ciadi, tal como ocurrió con Aguas Argentinas.

Es que en la concesión porteña, el gobierno nacional y el grupo internacional francés han llegado a un acuerdo que no aumenta tarifas y crea inversiones, que la administración Kirchner ha mostrado como un ejemplo a seguir.

Aguas Provinciales y Aguas Argentinas tienen una composición accionaria muy similar, pero sus contratos son distintos.

En Santa Fe, el ministro Hammerly apuesta a un esquema por el que -al cabo de un período de transición- se retome el contrato de metas y objetivos (tal como quedó tras su primera renegociación de 1999).

El funcionario fue consultado por El Litoral sobre la demanda de Aguas ante el Ciadi, y manifestó que el ítem “es parte de las conversaciones que tenemos que poner en el debe y el haber de la concesión”.

PANORAMA FAVORABLE

El acuerdo entre el gobierno nacional y Aguas Argentinas, ha sido recibido como un alivio, tanto entre las autoridades santafesinas como en la compañía que actúa en Santa Fe.

Aquí, la concesión pasó dos años de renegociación sin ningún resultado concreto, salvo un duro intercambio de acusaciones y argumentaciones jurídicas entre el gobierno y la empresa.

Ambos saben que ni el Estado santafesino ni Aguas Provinciales son responsables de la devaluación que disparó la renegociación, por la que se suspendieron las pautas contractuales acordadas -tras la primera renegociación- en 1999.

¿CAERÁ LA RESOLUCION QUE ORDENÓ INVERTIR?

Hammerly comentó que no se han producido novedades importantes sobre la renegociación con Aguas, que el ministro espera cerrar mediante un acuerdo que restablezca la transición al contrato.

Señaló que en el Ministerio, “estamos viendo la posibilidad de hacer en este período de transición un relevamiento sobre las obras necesarias en las distintas localidades de la concesión, para poder después retomar el contrato original que es nuestro objetivo”.

Sobre el acta N°313, una resolución de su antecesor Edgardo Berli, que ordenaba a Aguas realizar inversiones por unos 20 millones de pesos en 2004, el ministro Hammerly expresó: “fue cuestionada por la empresa y nosotros en el ministerio evaluamos la posibilidad de dejarla sin efecto: es unilateral y no fue consensuada y si nos queremos poner de acuerdo debemos tener en consideración la posibilidad de anular el acta”.

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